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Código Político: Despidos y confrontación laboral

Redacción

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Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online
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La avalancha de despidos en algunos municipios del estado que se encuentran todavía en su etapa de transición y acomodo, puso de manifiesto no solamente los excesos de todos conocidos en la contratación indiscriminada de personal administrativo, sino la falta de control y las desaveniencias entre los órganos de impartición de justicia laboral en el estado.

Las presidencias municipales aún no se recuperan de la ola de cuestionamientos por las acciones de despidos que ejecutaron en días pasados algunas administraciones municipales, lo que abolló la corona de algunos alcaldes triunfadores en el pasado proceso electoral, sobre todo del Movimiento de Regeneración Nacional.

La presidencia municipal que cerró la semana en medio del escándalo y la confrontación fue sin duda Guadalupe, en donde el secretario de Gobierno municipal, Carlos Alberto de Ávila Barrios, no pudo contener la serie de reclamos que le hicieran trabajadores despedidos por la presidencia de Julio César Chávez Padilla.

Y es que mientras el funcionario afirmaba a reporteros que habría menos de cien despidos y que se respetarían los derechos laborales, los empleados que ya habían recibido una notificación de separación de su área laboral, puntualizaban que eran alrededor de 300 los que habían sido informados de causar baja.

En Zacatecas la semana pasada sucedió algo similar, debido a las contradicciones que imperaron en el conflicto laboral que, con motivo del cambio de administración municipal se generó.

En otros municipios como sombrerete, Valparaíso y Ojocaliente la situación es parecida, pues enfrentan una transición en la que la permanencia laboral, no está segura.

Pero este escenario solo ejemplifica una sola parte de lo que sucede prácticamente en los 58 ayuntamientos del estado.

En cada cambio de administración el nuevo alcalde llega con su equipo que le acompañó en la campaña electoral para tomar posesión del cargo, sin importar los derechos adquiridos de quienes ahí laboran y menos aún, si hay experiencia o capacidad administrativa.

Los ayuntamientos atraviesan por una situación de quiebra financiera a causa de las nóminas infladas que, cada año es imposible mantener y que por tanto, tienen que pedir el consecuente adelanto presupuestal para poder pagar aguinaldo y prestaciones en el fin de ejercicio anual.

Lo peor del caso es que los despidos se hacen de manera irresponsable, sin cuidar las formas y derechos laborales de los trabajadores y además, sin dar un seguimiento jurídico a cada caso, lo que obliga no solo a las presidencias municipales sino a los gobiernos estatales, pagar enormes cantidades de dinero en laudos laborales.

Esta serie de irregularidades e irresponsabilidades ponen de manifiesto también una gran desatención al interior del gobierno estatal, en donde se ha descuidado el orden y la disciplina institucional.

El viernes pasado la magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Griselda Fabiola Flores Medina, en una entrevista con distintos medios de comunicación, informó que se ha generado una gran crisis laboral y burocrática, al registrarse en la actualidad más de mil
despidos y que a nivel estatal son más de cuatro mil.

La magistrada responsabilizó al secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, recientemente nombrado en el cargo por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, a quien pidió saque las manos y no mueva títeres en el Tribunal.

Flores Medina ejemplificó que desde el 25 de septiembre se pidió nombrar a un nuevo magistrado que sustituyera a Alejandro José González Saldaña, quien había estado solicitando y obteniendo permisos, para poder mantenerse como director jurídico de la Secretaría de Administración del gobierno del estado, en donde fungía como juez y parte. Fue una irregularidad que se toleró.

Finalmente la ex secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez ya no le aprobó un nuevo permiso el pasado 11 de septiembre, por lo que Jehú Eduí Salas Dávila hizo efectiva la negativa y Alejandro José González Saldaña tuvo que renunciar a la magistratura, y solo quedarse como director jurídico de la dependencia mencionada.

Pero el pleito va más allá y es que la magistrada Flores Medina argumentó que se le ha presionado para que no se liquide conforme a la ley, a la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Irene Ruedas Sotelo, quien ganó la demanda en contra del gobierno del estado, pero el anterior director del Issstezac, Víctor Rentería (secretario particular del gobernador en funciones) y el actual, Francisco Javier Martínez Muñoz, no han querido otorgarle la indemnización por el orden de un millón y medio de pesos y pensión superior a los 32 mil pesos.

En entrevista con Pórtico Online el secretario de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila se mostró sorprendido por las acusaciones emitidas por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas. Para el funcionario es importante que esta instancia de justicia laboral obtenga su plena autonomía para que funcione de manera independiente.

Hasta este momento aún no se nombra al relevo de Francisco José González Saldaña en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Algo está pasando en el ámbito de la impartición de justicia laboral en Zacatecas y todavía no termina de aflorar.

Al tiempo.

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Código Político

Código Político: Finanzas educativas en apuros

Redacción

Publicado

en

Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

La transición que vive el país complica aún más el cierre fiscal del año 2018 debido a que la administración del presidente Enrique Peña Nieto le está dejando varios pendientes al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, lo que presiona todavía más las finanzas de los 58 municipios y al sistema educativo estatal, incluida la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Las 58 presidencias municipales zacatecanas solicitarán en los próximos días recursos extraordinarios y adelanto de participaciones a la administración estatal, para poder pagar quincenas, prestaciones y aguinaldos a los trabajadores.

De hecho el mandatario estatal, en previsión de esta situación, ya instruyó al secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, disponer de 300 millones de pesos para apoyar a los alcaldes de las 58 demarcaciones municipales, sin distinción de partidos.

Durante la primera semana de diciembre Miranda Castro entregará los recursos que integran el adelanto de las participaciones federales, el cual será entregado por el gobernador Tello Cristerna a los presidentes municipales en los primeros días del próximo mes, a fin de solventar sus compromisos de fin de año.

Sin embargo el mandatario estatal también deberá prever la situación financiera del sistema educativo estatal, en donde el boquete de 1,200 millones de pesos para el pago de quincenas y 90 días de aguinaldo para los maestros, que pesa como un fardo anual y que es, sin duda, uno de los factores que desestabilizan las finanzas de la administración estatal.

En este contexto la secretaria de Educación del gobierno estatal, Gema Mercado Sánchez, dio a conocer que recibieron 600 millones de pesos de la federación y que espera recibir en próximas fechas otra cantidad similar, a fin de estar en condiciones de poder cerrar sin sobresaltos los compromisos del cierre de año.

La situación del sistema educativo es uno de los temas que más presionan a las finanzas de la administración estatal, debido a que aproximadamente 9 mil maestros zacatecanos no están reconocidos dentro del Fondo de Aportaciones para la Nómina Magisterial y el Gasto Operativo (FONE), por lo que ese gasto es absorbido por las finanzas estatales.

Pero no solamente es el sistema educativo estatal el que tiene prendada la atención del gobierno tellista sino también el subsistema educativo, en donde los Colegios de Bachilleres representan un serio problema para las finanzas estatales.

Aunque el director de este subsistema, Juan Antonio Ruiz García, afirme que solo necesita 15 millones de pesos para finiquitar los compromisos de fin de año, la institución es la que más serios problemas presenta financieramente hablando.

En la reciente comparecencia ante los diputados de la LXIII legislatura el director del Issstezac (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), Francisco Javier Martínez Muñoz, informó que los Cobaez adeudan el 69 por ciento de las cuentas por cobrar del instituto que ascienden a $674.3 millones de pesos y que se traducen aproximadamente en 500 millones de pesos, a lo que habría que actualizar el adeudo con el IMSS y otras deudas pendientes.

La crisis que arrastran los Colegios de Bachilleres del estado de Zacatecas (Cobaez) no es nueva, naturalmente, son años en los que los gobiernos estatales no han cumplido con la aportación completa de su pago al paripaso en el que la federación, aporta el 50% del presupuesto anual.

Esta situación que se colocó en una situación de emergencia financiera el año pasado obligó al gobernador Alejandro Tello a declarar que el Contrato Colectivo signado con el Supdacobaez era insostenible, desde el punto de vista financiero y que por ello “es necesario liquidar al subsistema y generarlo bajo otras condiciones”.

Fue así que las declaraciones emitidas a los medios de comunicación estimuladas por un comentario en su cuenta personal de Twitter sobre la preocupante situación financiera del Cobaez, provocaron el siguiente comentario:

“Hay que revisar la viabilidad del subsistema y no es ninguna amenaza, pero el Cobaez le debe al Issstezac 200 millones de pesos, lo que pone en predicamento al propio instituto y la pensión de todos los trabajadores del estado, mientras que al Seguro Social le debe 70 millones de pesos”.

Hoy día la situación empeoró y los Colegios de Bachilleres tienen al borde de la quiebra financiera al Issstezac.

La cereza del pastel la coloca la Universidad Autónoma de Zacatecas que tuvo recursos financieros solo para pagar la última quincena de octubre del presente año. Ya no hay liquidez para las próximas y menos aún para el pago de aguinaldo y prestaciones para el cierre del ejercicio 2018.

El rector Antonio Guzmán Fernández heredó una deuda de aproximadamente 2,000 millones de pesos de su antecesor Armando Silva Chairez. Al inicio de su período rectoral Hacienda le retuvo 136 millones de pesos de la participación federal, pese al amparo que le otorgó el Juzgado Segundo de Distrito en el estado. Hacienda ni recibió al rector y además desacató el amparo otorgado.

En este momento prevalecen por lo menos diez universidades públicas en crisis financiera que fueron desoídas por la Secretaría de Hacienda, quien remitió a las instituciones a pedir el auxilio de sus gobiernos estatales para pagar la quincena para lo cual, la UAZ requerirá de por lo menos 50 millones de pesos. Quedaría pendiente la negociación para el pago de aguinaldo.

La reestructuración de la deuda total de la Máxima Casa de Estudios del estado quedaría pendiente a la negociación con las autoridades de la administración de Andrés Manuel López Obrador el próximo año.

Pero AMLO está más comprometido con su proyecto personal de echar andar 100 universidades en el país, que fortalecer y sanear a las existentes.

Cada gobierno estatal resuelve a su manera la situación de presión financiera anual. ¿Cómo lo hará Alejandro Tello en esta ocasión?

Al tiempo.

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Código político: El PAN de un solo hombre

Redacción

Publicado

en

Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

El próximo mes de diciembre el Partido Acción Nacional “renovará” su dirigencia estatal en Zacatecas, en donde posee uno los votos más duros en la historia democrática del estado, que le ha permitido ganar en una ocasión la capital zacatecana en el año 2007 durante la administración de la gobernadora perredista, Amalia García Medina (2004-2010).

El PAN zacatecano es un híbrido que deambula entre el conservadurismo y el pragmatismo, sin lograr consolidar una definición ideológica que le permita posicionarse como la primera fuerza política del estado, a causa de que sus principales dirigentes han preferido negociar con los gobernadores en turno para beneficiarse con las migajas que caen de la mesa del poder estatal.

Desde hace una treintena de años Acción Nacional ha estado dominado en Zacatecas por la confluencia en un grupo político que ha extendido su influencia a la gran mayoría de los municipios de la geografía zacatecana, y que es en el seno de sus familias en donde se distribuyen diputaciones locales y federales, senadurías, presidencias municipales, regidurías, funcionarios en los organismos autónomos, funcionarios públicos y un largo etcétera que le permite tomar el control de las decisiones de su consejo político y del comité estatal.

El triunfo de Cuauhtémoc Calderón Galván en el año 2007 en la capital zacatecana en las elecciones municipales, fue la confluencia de varios factores en el escenario nacional y local, pero sobre todo, cabe mencionar que el entonces candidato albiazul no tenía una militancia panista, sino que provenía de otra expresión política que empezaba a conformarse, el del Partido Nueva Alianza.

Quizá pocos se acuerden de los contendientes que en aquella ocasión tuvo Cuauhtémoc Calderón Galván por la capital del estado: El PRD postuló al ex alcalde priista, Javier Suárez del Real; el PRI a José Marco Antonio Olvera Acevedo, quien perdiera la elección en 1998 frente a Ricardo Monreal (1998-2004) y por el Partido del Trabajo, el actual senador por Morena y ex militante petista y perredista, José Narro Céspedes.

Pero a pesar de haber sido el primer panista en ganar la capital zacatecana, Calderón Galván cometió varios errores: rompió con el grupo de “La Sagrada Familia”, perdió la elección por la gubernatura estatal y terminó refugiándose en el Partido Verde Ecologista de México en el año 2013 con cuyas siglas obtuvo una diputación local, para después salir y engancharse en la candidatura de David Monreal Ávila (PT) por la gubernatura del estado (2016) y después, regresar al Verde que lo postularía a la candidatura por la capital zacatecana para perder la elección en este año 2018.

En este breve contexto el grupo de “La Sagrada Familia” es el que ha predominado en la toma de decisiones al interior del consejo y de los distintos comités en Acción Nacional en los últimos 30 años, lapso en el que se ha mantenido el establishment de quienes controlan a este partido político en el estado.

Lo anterior es solo un preámbulo del control que tiene este grupo político zacatecano al interior de Acción Nacional, puesto que la semana pasada se cerró el registro de candidaturas para la renovación del Comité Directivo Estatal albiazul.

Y todo parece indicar que este grupo político fortalecerá su control por otros 30 años más, pues los registros de candidaturas realizados en días pasados, son de lo más sintomáticos de lo que sucede al interior del panismo zacatecano.

Por principio de cuentas todo indica que la ex diputada local (LX legislatura), Noemí Berenice Luna Ayala, quien gracias a su incondicionalismo con el actual diputado federal, José Isabel Trejo Reyes, llegó por la vía plurinominal al congreso del estado y a la dirigencia estatal del PAN, ahora repetirá en la misma fórmula y con el mismo grupo político.

Es importante recordar que el pasado siete de mayo del 2017 cuando se dio a conocer el triunfo de Luna Ayala sobre Luz Arcelia Madera, evidenció la debilidad interna del panismo zacatecano: de un padrón de 9 mil 405 militantes con derecho a voto por la elección, la ganadora solo obtuvo 2,701 sufragios y su contrincante, 1,528, de un total 4, 281 votos registrados y 52 votos nulos.

En esta ocasión Noemí contiende contra otro incondicional de Trejo Reyes, el ex diputado local y federal en dos ocasiones, Leonel Cordero Lerma, quien se presta al juego para que se simule la contienda democrática panista y se cierre la pinza para que el actual diputado federal albiazul siga controlando al panismo zacatecano.

“La Sagrada Familia” panista logró controlar al ex alcalde de Calera y ex diputado local y ex dirigente estatal, Pedro Martínez (actual legislador de la LXII legislatura por la vía plurinominal), para que apoyara a Luna Ayala y así garantizar el triunfo de la panista en la reelección.

El actual diputado panista que llega nuevamente por la vía plurinominal al Congreso de la Unión, tiene el dominio de 11 presidentes municipales de este partido, a quienes controla con la expectativa de gestionarles recursos para sus demarcaciones municipales.

Es por ello que la postulación de Arturo Rodríguez, esposo de la actual diputada panista de la LXIII legislatura zacatecana, Emma Liseth López Murillo, son activos del ex diputado local y ex dirigente panista, Arturo López de Lara y de Sergio Leaños, pero tiene muy escasas probabilidades de ganar la elección.

El grupo de “La Sagrada Familia” continuará detentando el poder político de Acción Nacional en el estado, para que continúen los negocios personales y el reparto de las candidaturas plurinominales entre los miembros de este grupo.

Al tiempo.

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Código Político: Corrupción institucional

Redacción

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en

Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online.

Zacatecas ocupa el cuarto lugar en corrupción en México al incrementarse en 63.1 por ciento la tasa de víctimas de actos oficiales de esta naturaleza, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2017) aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que lamentablemente nos ubica en el contexto de un fenómeno social que prácticamente es vida cotidiana en el estado.

El sábado pasado el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, compartió con los asistentes al foro temático sobre Educación Superior y Universidades, convocado por el Grupo Deliberativo “Educación para la Cuarta Transformación” en el que participa el Partido del Trabajo y llevado a cabo en el foyer del Teatro Calderón, en donde destacó que “algo nos está pegando muchísimo en las diferentes instancias donde llevamos a cabo la negociación, es el tema de la corrupción y de la “estafa maestra”.

El rector Guzmán Fernández manifestó su preocupación por deslindar a la UAZ porque, argumenta, “no es la institución, son actores que participaron en este tipo de convenios y si ya tiene todos los elementos la Auditoría Superior de la Federación (ASE) que proceda, porque también es una estrategia perversa estar desgastando a las instituciones públicas por algo que cometieron actores de la Universidad”.

Tal parece que la impunidad y el tráfico de influencia son los factores que permiten no solo que surjan este tipo de fenómenos en la vida pública y privada, sino que crezcan y aniden en una especie de subcultura social que va en detrimento del desarrollo del país y que además, fomenta la perversión en las relaciones empresariales e institucionales.

¿Por qué no actúa la federación en contra de los actores que protagonizaron la llamada Estafa Maestra” en distintas universidades de México?

Para muchos es inexplicable que existiendo los elementos comprobatorios de la corrupción las autoridades se detengan a aplicar la Ley, sobre todo cuando los actores afectados se lo exigen.

La corrupción merodea en los ayuntamientos zacatecanos y prueba de ello es que 21 municipios no entregaron su correspondiente cuenta pública del año 2017, como mandata la Ley, al congreso del estado, por lo que se interpusieron demandas penales en contra de los ex alcaldes.

Seis de estos ayuntamientos solicitaron una prórroga para subsanar la omisión en la que habían incurrido, pero lo hicieron de forma extemporánea, por lo que fue rechazada la petición por la 62 legislatura estatal.

No obstante y pretendiendo burlar la Ley y engañar a los electores, ocho alcaldes buscaron la reelección con la clara intención de evitar ser investigados y manipular la información financiera para negociar la impunidad a través de sus respectivos partidos políticos.

De todos ellos solo uno ha sido aprehendido, el ex alcalde de Trancoso, Ricardo de la Rosa Trejo y su ex tesorero, en tanto que el ex presidente municipal del Trinidad García de la Cadena huyó y no se ha podido cumplimentar la orden de presentación en su contra, aunque su tesorero si está detenido, por haber cometido delitos en contra de la Ley General de Contabilidad Gubernamental al no presentar ante el congreso la cuenta pública 2014.

De las denuncias presentadas desde hace varios meses ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, solo se conocen estos dos casos de sendas presidencias municipales, pero aún queda una veintena que se ignora su situación jurídica.

La corrupción en Zacatecas siempre encuentra la “disculpa” jurídica a veces encubierta por la ausencia de denuncia, pero también oculta en el discurso político que lleva el tapiz de la “transparencia” y la “rendición de cuentas” pero que en los hechos, es inexistente y contradictorio.

En el congreso del estado se evidenciaron facturas apócrifas por cantidades millonarias que usaron diputados de la pasada legislatura, pero no se ha sancionado y menos aún clarificado.

Durante el período legislativo pasado la 62 legislatura aprobó la desaparición de las llamadas “herramientas legislativas” que significaban poco más de 200 mil pesos adicionales para cada diputado y que constituían un factor “legal” de enriquecimiento de los legisladores.

Pero a pesar de lo anterior la actual legislatura pretende quedarse con el remanente presupuestal de las citadas “herramientas”, motivo por el cual ha caído en una serie de contradicciones y opacidad en el manejo del tema ante la opinión pública.

En poco más de dos meses los legisladores zacatecanos intentan embolsarse algo así como 604 mil pesos antes de fin de año, aunque algunos, ya renunciaron a ese recurso y otros lo han evidenciado públicamente.

En estos ejemplos de corrupción en Zacatecas la joya de la corona es sin duda el Centro Cultural “Toma de Zacatecas” construido por el ex gobernador Miguel Alonso Reyes y que, junto con el teatro al aire libre, puentes peatonales por los que no pasa ni el aire y un velódromo, constituyen el ejemplo de la impunidad gubernamental.

En el caso de los presuntos actos ilícitos cometidos durante la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes existen denuncias interpuestas ante las instancias jurídicas en Zacatecas y en la Procuraduría General de la República (PGR) en la Ciudad de México, pero nadie se ha atrevido a inquietar al todavía director del Fomento Nacional al Turismo (Fonatur).

Con estos casos y las calificadas “glorietas de la muerte” y otras obras de infraestructura plagadas de irregularidades ¿Por qué las autoridades estatales o federales no actúan y deslindan responsabilidades penales?

La corrupción en Zacatecas es una realidad creciente pero tal parece que nadie quiere asumir su responsabilidad, ni autoridades federales y menos aún las estatales.

¿Estrategia perversa o complicidad de la autoridad en materia de corrupción institucional?

Al tiempo.

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