Conéctate

Código Político

Código Político: Minera bajo presión

Redacción

Publicado

en

Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

La mina más importante en producción de Oro en México y en América Latina se mantiene bajo el bloqueo de un grupo de transportistas desde hace más de una semana, sin que hasta el momento puedan llegar a una solución.

El 01 de junio un grupo de transportistas pertenecientes a la empresa Cava bloquearon el acceso a la minera, en demanda de respeto a un convenio signado con Peñasquito para el acarreo de materiales.

La empresa canadiense a través de sus ejecutivos argumenta que entabló pláticas comerciales con los inconformes, para tratar de llegar a un acuerdo, debido a que se requieren camiones de otra medida, Triple 7, por el proyecto y las características de la extracción de materiales, pero que los transportistas carecen de ese tipo de vehículos de acarreo.

De acuerdo a versiones de la empresa se les hizo la propuesta de apoyo para la compra de los vehículos de carga que se traducía en los siguiente: por cada 25 vehículos propiedad de los transportistas se les daría uno Triple 7 y además, se les proporcionaría una cantidad extra de financiamiento.

Sin embargo el grupo de transportistas demandaron que la empresa les entregara los vehículos sin nada a cambio y la cantidad de financiamiento, lo que rompió las negociaciones y estalló el conflicto.

La actitud de los transportistas ha sido calificada por Michael Harvey, director corporativo y de seguridad para México y América Latina de Gold Corp Peñasquito, como una extorsión.

El endurecimiento de la parte empresarial se reflejó en la demanda penal en contra de los transportistas ante la Fiscalía de Justicia del estado de Zacatecas, y la restitución del Estado de Derecho en la zona para continuar trabajando con normalidad.

Los transportistas están agrupados en la empresa Cava y representan aproximadamente 120 familias, pero la empresa argumenta que el 70 por ciento de sus integrantes viven en el estado de Coahuila y el resto son del municipio de Mazapil.

En el comunicado de la empresa 06/18 se informa los siguiente: La seguridad y el estado de los camiones es otro indicador a tomar en cuenta, pues los vehículos propiedad de estos transportistas no cumplen con los estándares de seguridad requeridos por la empresa lo que ha ocasionado incidentes potencialmente fatales. De hecho fue uno de los camiones de Cava el que provocó en 2016 el trágico accidente en la cabecera municipal, en el que resultaron heridos 150 peregrinos de los cuales 26 perdieron la vida. Sin embargo, ellos exigen a la empresa mantenerlos en operación.

Habría que recordar que el pasado 05 de octubre de 2016 la Cámara Minera de México (Camimex) manifestó su apoyo a través de un desplegado a Peñasquito, por el bloqueo que en aquella ocasión realizaron los transportistas el 26 de septiembre.

En el desplegado publicado en El Universal, la Camimex pedía el apoyo de los tres niveles de gobierno para la solución del problema y manifestaba su rechazo a “grupos que generan y abanderan supuestos conflictos que ponen en riesgo el empleo y la salud de los trabajadores; dañan la reputación de la industria minera, ahuyentan las inversiones, afectan el patrimonio de quienes dependen de esta actividad y causan pérdidas económicas a la Federación, a Zacatecas y a Mazapil, el municipio donde se localiza la mina, así como a los proveedores de la empresa y a la propia minera”.

El gobierno zacatecano a través de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, ha mediado en el conflicto a mediante la instalación de mesas de diálogo entre ambas partes, pero ya transcurrió más de una semana y no se ha llegado a ningún acuerdo en la solución del problema.

No es la primera vez que la empresa Peñasquito Gold Corp está inmersa en un problema y es bloqueada, pero lo más preocupante es que probablemente no será la última, debido a que muchos oportunistas aprovechan un escenario de conflicto o inconformidad comunal para sacar provecho económico.

Desde políticos, legisladores que utilizan el tráfico de influencia o agrupaciones como el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, se montan en las demandas de algunos ejidatarios para sacar ganancia económica.

El conflicto en la minera canadiense asentada en Zacatecas desde hace varios años cumplió este domingo 10 días y empiezan a registrarse algunas pérdidas en su producción, pero eso no parece inquietar a los responsables de la política interna en el estado.

Empero no hay que olvidar que sin bien es cierto no se debe usar la fuerza pública en un conflicto empresarial, o girar órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios que bloquean los accesos de una empresa como es el caso de Peñasquito ¿cómo garantizar el Estado de Derecho y el orden para que exista confianza en la inversión privada y condiciones de estabilidad laboral?

Los responsables de la política interna también deben tomar en cuenta que el gobernador Alejandro Tello Cristerna preside la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y que además, el 13 de mayo pasado se reunió con los representantes del Grupo Bal que congrega a las empresas Peñoles y Fresnillo PLC, a quienes informó que “como coordinador de dicha comisión, dará prioridad a los acuerdos relacionados con la política fiscal minera del país, la certeza jurídica de las comunidades, sus habitantes y las empresas, la seguridad pública, la generación de empleos y el cuidado del medio ambiente”.

¿Cuándo se cumplirá con estos compromisos?

Al tiempo

La agudeza informativa que usted merece para estar bien informado. Escúchenos en 89.9FM XEPC @Sonido_Estrella #Zacatecas. Visítenos en http://porticoonline.mx

Código Político

Código Político: La ruta de la consulta

Redacción

Publicado

en

Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador está metido en un serio problema y todavía no empieza a gobernar. Es un político atípico que rompe con las formas tradicionales de la política, pero propone acciones que no están dentro de la normatividad y de las leyes.

El tabasqueño está acostumbrado a la lucha cuerpo a cuerpo. No se detiene en sus objetivos. Avanza. No retrocede. Observa y aprende. Empieza de cero. Sólo confía en quienes le siguen sus mandatos, sus acciones. En nadie más. Al resto, solo los tolera y los usa.

La decisión de la consulta no solo es un despropósito, sino algo que no está normado y por lo tanto fuera de la ley. Es muy sencillo, el presidente electo solo tiene en este momento la facultad de designar a quienes formarán parte de su equipo y a trabajar en la planeación de su próxima administración.

La consulta y encuesta simultánea para decidir sobre la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no es vinculante, pero además, la muestra es muy raquítica y no será representativa.

De acuerdo a la información que proporcionó su vocero Jesús Ramírez, se tomará una resolución sobre el futuro del AICM de lo resultante de la consulta ciudadana y de la encuesta domiciliaria que se realizará el 25 y 28 de octubre.

Pese a todo, la consulta está muy acotada. Solamente se hará en 538 municipios de los 2,457 que existen en el país. Tan solo Oaxaca tiene 570 ayuntamientos.

Es importante tomar en cuenta que López Obrador anunció en agosto que su administración resolvería mediante una consulta ciudadana, sí continuaría con la construcción del NAICM en Texcoco o si el proyecto se mudaba a la base militar de Santa Lucía.

Este lunes el vocero de la próxima administración lopezobradorista, Jesús Ramírez, dará a conocer los detalles sobre los costos y criterios para formulación de las preguntas y la estratificación de la encuesta, así como el número de urnas en las que se depositarán las boletas y su ubicación para la consulta.

El tema ha sido debatido en distintos espacios informativos de la Ciudad de México, debates y análisis en los que han participado no solamente periodistas y expertos en la materia, sino empresarios y ciudadanos.

El denominador común es que la construcción del aeropuerto debe continuar como está proyectado. La presidencia de Enrique Peña Nieto estimó un costo de construcción de 13,300 millones de dólares. Hasta el mes de mayo de este año se habían pagado a contratistas 25 mil millones de pesos y se había comprometido el pago de 119 mil millones de pesos.

Durante la campaña el entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la obra debería cancelarse por cara y que era preferible mantener al AICM y construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía, para solucionar el problema de saturación aeropuertaria.

Después diría que de ganar la elección del 1 de julio buscaría un diálogo con el presidente Peña Nieto, para buscar la viabilidad del nuevo aeropuerto y también, planteó la posibilidad de una licitación para que la obra de infraestructura esté a cargo de la iniciativa privada y no se gasten más recursos públicos.

Ahora la ruta de la consulta está más consolidada para tomar una decisión, aunque hay poca credibilidad en el instrumento para definir lo que para muchos es ya una decisión tomada: que las cosas sigan como están.

En la ruta de las consultas el equipo del presidente electo trata de incorporar la opinión mayoritaria de la ciudadanía a la que él llama “el pueblo”, y no responsabilizar de sus acciones a su administración.

Para algunos la medida es democrática y popular, algo que los anteriores gobiernos no han hecho, pero para otros, es una tomadura de pelo a la sociedad, porque son decisiones ya tomadas por el equipo de López Obrador.

No todas las consultas han sido exitosas, ya que solamente han servido como una especie de termómetro para medir los niveles de conflicto del país e identificar los grupos opositores a este tipo de políticas.

Por ejemplo, la consulta sobre la Reforma Educativa tuvo que suspenderse en medio de la confrontación que prevalece entre los grupos del sindicalismo oficial del SNTE y la opositora Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La confrontación verbal que se dio en Zacatecas solo fue el preámbulo de lo que sucedería en Acapulco, en donde la confrontación física provocó la suspensión de los foros por parte de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies) y el equipo de Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación Pública.

En cuanto a la realización de los 18 Foros por la Paz proyectados por el presidente electo, desde el primero efectuado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en Chihuahua, López Obrador registró la crispación nacional por la violencia.

Familiares de las víctimas del crimen le plantaron cara y contradijeron la propuesta del perdón para los asesinos. Ahí, el presidente electo les dijo a los participantes del foro: “yo lo dije en campaña y lo repito ahora, coincido con los que no hay que olvidar pero si estoy a favor del perdón. Respeto a quienes dicen ‘ni perdón ni olvido´. A los asistentes pidió respeto y tolerancia, pero el coro “no se debe perdonar” retumbó en el recinto universitario.

Después en el foro realizado en el Centro Cultural Tlateloco de la Ciudad de México, López Obrador fue recibido con reclamos y el coro “¡Ni una más!” “¡Ni una más!; “¡Queremos que los encuentren!”; “¡Pónganse a trabajar!” era ensordecedor.

Los Foros para la Pacificación y Reconciliación Nacional que iniciaron el 7 de agosto se suspendieron unilateralmente por parte del próximo Secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, quien en su cuenta personal de Twitter lo dio a conocer el 7 de octubre.

Hubo cambio de señales, habría dicho la ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación.

Respecto a la consulta ciudadana y la encuesta domiciliaria no hay “cambio de señales”, pero la credibilidad de la resultante es muy pobre.

Al tiempo.

Seguir leyendo

Código Político

Código Político: Despidos y confrontación laboral

Redacción

Publicado

en

Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online
.

La avalancha de despidos en algunos municipios del estado que se encuentran todavía en su etapa de transición y acomodo, puso de manifiesto no solamente los excesos de todos conocidos en la contratación indiscriminada de personal administrativo, sino la falta de control y las desaveniencias entre los órganos de impartición de justicia laboral en el estado.

Las presidencias municipales aún no se recuperan de la ola de cuestionamientos por las acciones de despidos que ejecutaron en días pasados algunas administraciones municipales, lo que abolló la corona de algunos alcaldes triunfadores en el pasado proceso electoral, sobre todo del Movimiento de Regeneración Nacional.

La presidencia municipal que cerró la semana en medio del escándalo y la confrontación fue sin duda Guadalupe, en donde el secretario de Gobierno municipal, Carlos Alberto de Ávila Barrios, no pudo contener la serie de reclamos que le hicieran trabajadores despedidos por la presidencia de Julio César Chávez Padilla.

Y es que mientras el funcionario afirmaba a reporteros que habría menos de cien despidos y que se respetarían los derechos laborales, los empleados que ya habían recibido una notificación de separación de su área laboral, puntualizaban que eran alrededor de 300 los que habían sido informados de causar baja.

En Zacatecas la semana pasada sucedió algo similar, debido a las contradicciones que imperaron en el conflicto laboral que, con motivo del cambio de administración municipal se generó.

En otros municipios como sombrerete, Valparaíso y Ojocaliente la situación es parecida, pues enfrentan una transición en la que la permanencia laboral, no está segura.

Pero este escenario solo ejemplifica una sola parte de lo que sucede prácticamente en los 58 ayuntamientos del estado.

En cada cambio de administración el nuevo alcalde llega con su equipo que le acompañó en la campaña electoral para tomar posesión del cargo, sin importar los derechos adquiridos de quienes ahí laboran y menos aún, si hay experiencia o capacidad administrativa.

Los ayuntamientos atraviesan por una situación de quiebra financiera a causa de las nóminas infladas que, cada año es imposible mantener y que por tanto, tienen que pedir el consecuente adelanto presupuestal para poder pagar aguinaldo y prestaciones en el fin de ejercicio anual.

Lo peor del caso es que los despidos se hacen de manera irresponsable, sin cuidar las formas y derechos laborales de los trabajadores y además, sin dar un seguimiento jurídico a cada caso, lo que obliga no solo a las presidencias municipales sino a los gobiernos estatales, pagar enormes cantidades de dinero en laudos laborales.

Esta serie de irregularidades e irresponsabilidades ponen de manifiesto también una gran desatención al interior del gobierno estatal, en donde se ha descuidado el orden y la disciplina institucional.

El viernes pasado la magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Griselda Fabiola Flores Medina, en una entrevista con distintos medios de comunicación, informó que se ha generado una gran crisis laboral y burocrática, al registrarse en la actualidad más de mil
despidos y que a nivel estatal son más de cuatro mil.

La magistrada responsabilizó al secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, recientemente nombrado en el cargo por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, a quien pidió saque las manos y no mueva títeres en el Tribunal.

Flores Medina ejemplificó que desde el 25 de septiembre se pidió nombrar a un nuevo magistrado que sustituyera a Alejandro José González Saldaña, quien había estado solicitando y obteniendo permisos, para poder mantenerse como director jurídico de la Secretaría de Administración del gobierno del estado, en donde fungía como juez y parte. Fue una irregularidad que se toleró.

Finalmente la ex secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez ya no le aprobó un nuevo permiso el pasado 11 de septiembre, por lo que Jehú Eduí Salas Dávila hizo efectiva la negativa y Alejandro José González Saldaña tuvo que renunciar a la magistratura, y solo quedarse como director jurídico de la dependencia mencionada.

Pero el pleito va más allá y es que la magistrada Flores Medina argumentó que se le ha presionado para que no se liquide conforme a la ley, a la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Irene Ruedas Sotelo, quien ganó la demanda en contra del gobierno del estado, pero el anterior director del Issstezac, Víctor Rentería (secretario particular del gobernador en funciones) y el actual, Francisco Javier Martínez Muñoz, no han querido otorgarle la indemnización por el orden de un millón y medio de pesos y pensión superior a los 32 mil pesos.

En entrevista con Pórtico Online el secretario de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila se mostró sorprendido por las acusaciones emitidas por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas. Para el funcionario es importante que esta instancia de justicia laboral obtenga su plena autonomía para que funcione de manera independiente.

Hasta este momento aún no se nombra al relevo de Francisco José González Saldaña en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Algo está pasando en el ámbito de la impartición de justicia laboral en Zacatecas y todavía no termina de aflorar.

Al tiempo.

Seguir leyendo

Código Político

Código Político: AMLO y su compromiso con Zacatecas

Redacción

Publicado

en

Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

La visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a Zacatecas que formó parte del periplo de agradecimiento por el apoyo recibido en el pasado proceso electoral, se dio en un ambiente de respeto y entendimiento político, al anteponerse primero el interés superior por el estado.

El gobernador Alejandro Tello Cristerna entendió la tendencia electoral mayoritaria a favor del Movimiento de Regeneración Nacional, y después de oficializarse el triunfo de López Obrador le llamó para reconocer y aceptar la derrota de su partido en los comicios presidenciales.

El resultado electoral en Zacatecas es históricamente trascendente, porque como nunca había sucedido, el estado tiene un gran número de representantes populares en las dos cámaras del Poder Legislativo nacional, lo que podría capitalizarse para impulsar el desarrollo de la entidad federativa.

De entrada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será presidida por el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ya sostuvo una reunión con alcaldes zacatecanos que encontraron las finanzas en quiebra y a los que ha pedido que se organicen para buscar un mejor presupuesto.

Los alcaldes están desesperados por el cúmulo de deudas, laudos laborales millonarios que tienen que pagar, nóminas elevadísimas, escaso presupuesto y una fórmula de asignación presupuestal que tiene que ser revisada para fortalecer las finanzas públicas de los ayuntamientos.

Pero lo que llama la atención es ciertamente los excesos y abusos discrecionales en el manejo de las finanzas municipales, pero los presidentes municipales no piden que se deslinden responsabilidades a sus antecesores y menos aún, presentan un plan integral para el saneamiento de las finanzas de los ayuntamientos.

Pedir únicamente más recursos es una irresponsabilidad por parte de los nuevos alcaldes, lo cual es indicativo de que continuarán las mismas prácticas de opacidad y discrecionalidad en el manejo de las finanzas municipales.

A pesar de todo ello la representación zacatecana en el Poder Legislativo es verdaderamente histórica, y ello puede contribuir a generar mejores condiciones de desarrollo para el estado que, si se cuenta con un plan integral para el crecimiento, se podría colocar a Zacatecas en la vanguardia del desarrollo regional.
El gobernador Alejandro Tello ha hecho a un lado su militancia partidista y ha colocado en el centro, la relación con el presidente de la república electo que rendirá protesta el 1 de diciembre.

Seguramente que en el sector duro del priismo nacional y local el trato diplomático que otorgó el mandatario estatal al presidente electo no cayó nada bien, pero como se observa, se ha privilegiado la estabilidad y el desarrollo del estado.

Sin embargo no todo está dicho ni hay que echar las campanas a vuelo. Aún está muy cerca el apoyo que los zacatecanos dieron a Enrique Peña Nieto en el pasado proceso electoral del 2012 y jamás le redituó en beneficios para el estado.

El único beneficiado fue el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, a quien le impuso la capa protectora a pesar de las serias irregularidades en el manejo de la administración estatal que se generaron y que, como ejemplo, están todavía los “elefantes blancos” que se construyeron y que hoy forman parte del símbolo de la opacidad, ineptitud y corrupción.
Prometer no empobrece pero si frustra cuando no se cumple.

López Obrador comprometió la instalación en Zacatecas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segumex), la nueva dependencia que suplirá a Diconsa y Liconsa, y adelantó que se invertirán 7000 millones de pesos en acciones diversas, como la construcción de tres nuevas universidades públicas en Pinos, Pánfilo Natera y Mazapil; la ampliación al 100% de la red de internet en el estado y se impulsarán el desarrollo de las comunidades mineras.

También anunció que cerca de 126 mil 335 adultos mayores recibirán una pensión de $1,274 pesos mensuales; el otorgamiento de becas por 2,400 pesos mensuales a 3 mil 397 jóvenes de nivel superior, mientras que a 65 mil estudiantes de preparatoria se les otorgarán apoyos por 800 pesos mensuales para evitar la deserción escolar.

También 30 mil jóvenes serán contratados como aprendices en la industria local y recibirán estímulos por el orden de 3,600 pesos mensuales para lo cual, se integrará un fondo de 1 mil 294 millones de pesos.

El gobernador Alejandro Tello le entregó un plan específico de trabajo para Zacatecas que consiste en el fortalecimiento de estrategias en materia de seguridad, resolver el déficit de la nómina educativa que cada año oscila entre los mil seiscientos millones de pesos aproximadamente, la ampliación de la carretera a Aguascalientes y la construcción de la presa Milpillas que ya está en proceso.

El morenismo en Zacatecas ya se prepara para el asalto al poder dentro de tres años, lo que se vislumbra claramente con la visita de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene un plan de atención social que se traduce en asistencialismo, lo que le permitirá no solamente tener el control de la movilización política sino el arribo a la gubernatura en el 2021.

¿Quién estará en los planes de López Obrador para la transición política del 2021?

Al tiempo.

Seguir leyendo

Lo más visto