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Código Político: Inseguridad en las campañas

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Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

Un abrazo y mi solidaridad con Javier Torres y su familia

Siempre que en México se designa un candidato a la presidencia de la república empieza a declinar el mandatario en turno, pero hoy lo que vivimos en nuestro país es algo inédito, no solo por la declinación del mandatario en turno, sino por el gran debilitamiento que muestra el Estado ante los embates de la delincuencia organizada en el proceso electoral.

De acuerdo a datos compilados por Etellekt del ocho de septiembre de 2017 al ocho de mayo del presente año, en tan solo ocho meses del proceso electoral presidencial, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas en contra de actores políticos y familiares, de lo cual se derivan por lo menos 93 políticos asesinados.

Lo impresionante del estudio denominado “cuarto informe de la Violencia Política en Mexico 2018”, es que del total de agresiones generadas en el lapso mencionado, 35 eran precandidatos y candidatos, cifra en las que se incluye también autoridades electas y dirigentes partidistas, sobre todo del ámbito municipal.

Adicional a la información referida se especifica que 44 familiares de los actores políticos también perdieron la vida.

El año pasado fue el más violento en la historia del país al registrarse 25,339 crímenes, pero hay un dato más que muestra no solo la pérdida de vidas humanas, sino también el daño que se le hace a la economía.

El Instituto para la Economía y la Paz dio a conocer que el impacto económico de la violencia en México en 2017 creció a 4.72 billones de pesos, el equivalente aproximado a 249 mil millones de dólares, lo que generó un costo de $33,118 pesos para cada uno de los 120 millones de mexicanos.

México atraviesa por una crisis institucional que permite el desbordamiento de la violencia en muchos estados del país, lo que se manifiesta a través de feminicidios, secuestros, asesinatos, desapariciones forzadas, violación sistemática de los derechos humanos, ejecuciones, autogobierno carcelario, entre otros.

Estos fenómenos no solamente socavan a las instituciones sino que generan factores de ingobernabilidad en algunos estados, en donde la impunidad y la connivencia entre autoridades, gobernantes y políticos con expresiones de la delincuencia organizada, han generado este escenario.

El colmo en este preocupante escenario son los lugares comunes que recorren quienes gobiernan al país. Este domingo el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, condenó las agresiones contra candidatos y actores políticos, pero el colmo de la vaciedad es cuando afirma que los partidos y abanderados tienen garantías de que podrán realizar sus campañas en condiciones de certeza y seguridad.

El posicionamiento del político mexiquense se da en una tradición de demagogia y cinismo que ha caracterizado a la clase política gobernante.

Este escenario de descomposición que golpea a las familias mexicanas, que genera incertidumbre, miedo y otros fenómenos de carácter emocional, estimula también el coraje, la ira y hasta el odio en contra de la actual clase gobernante, sobre todo contra la priista.

Estas emociones sociales son las que influyen en las tendencias electorales que arrojan a la tercera posición al candidato José Antonio Meade Kuribreña, y que catapultan a la oposición de izquierda y derecha.

Este es el principal factor pero no el único. El presidente Enrique Peña Nieto cometió el grave error de secuestrar al candidato priista José Antonio Meade, al imponerle coordinador de campaña y además dirigente de partido.

Aurelio Nuño Mayer y Enrique Ochoa, mostraron no solo su incapacidad en el manejo y estrategia de campaña, sino la falta de oficio político de Los Pinos para nombrar a dos personajes inexpertos.

Los errores que se cometen a nivel central, donde debería haber la mayor experiencia y oficio en el manejo de campañas políticas, se replica en algunos estados del país como en Zacatecas, en donde la semana pasada el Comité Ejecutivo Nacional del PRI designó por tercera ocasión delegado.

En pleno proceso electoral local el CEN del tricolor designa al potosino Jesús Ramírez Stabros, un priista que desconoce ampliamente la política local, pero que además solo ejecutará las órdenes que se le dicten, en un estado donde el tricolor rompió la alianza con el PVEM y en donde la operación política está ausente. No hay conducción de campañas y menos aún liderazgo.

Pero al contexto de la violencia que se da en el país no es ajeno Zacatecas, quien también registró al año 2017 como el más violento de su historia con 724 asesinatos, pero además se caracterizó por ser el período en el que más feminicidios se registraron.

A prácticamente 40 días de que concluyan las campañas políticas en el país, nada ni nadie parece poder contener esta escalada de violencia política y menos aún se observa que el gobierno pueda contenerla.

La violencia no se detiene con discursos huecos.

Al tiempo.

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Código Político: Alerta en Zacatecas

Redacción

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Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

El 19 de diciembre de 2016 los medios de comunicación zacatecanos informaban de un macabro hallazgo en las inmediaciones del centro de la cabecera municipal de Juan Aldama.

Eran aproximadamente las cuatro de la tarde de aquel día cuando elementos de la policía municipal descubrieron en el interior de una camioneta GMC Equinox, cinco cuerpos de mujeres que presentaban perforaciones por armas de fuego de grueso calibre.

Un año antes el entonces gobernador del estado y actual director de Fonatur (Fomento nacional al Turismo de la Secretaría de Turismo federal), Miguel Alejandro Alonso Reyes, había dicho en su Quinto Informe de Gobierno que “la seguridad está de regreso” a Zacatecas. Nada más falso que esa frase.

Desde la campaña del año 2010 Alonso Reyes había prometido y comprometido frenar la ola de inseguridad que ya asomaba sus primeros narcobloqueos y hechos de alto impacto en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, en Jerez, Río Grande, Villanueva, Jalpa, Sombrerete, Fresnillo y otros municipios.

Invirtió más de 4,000 millones de pesos para contener la inseguridad pero fracasó. Sólo en el discurso la detuvo.

El actual mandatario priista Alejandro Tello Cristerna también observó desde su campaña política en 2016 que dos temas eran los que demandaban los zacatecanos: seguridad y empleo y firmó un contrato para comprometer su solución.

Hasta el momento no se ha logrado: el año 2017 fue el más violento en Zacatecas, donde se registraron 1,221 homicidios (dolosos y culposos), de acuerdo a la información que proporcionó la Procuraduría de Justicia del estado.

Al desglosar las cifras el número de homicidios dolosos ascendió el año pasado a 724, lo que significó el 21.5% más que el 2016, hechos en los que el crimen organizado estuvo involucrado en el 89.5% de los casos.

Tello Cristerna había dicho antes de su toma de posesión del 12 de septiembre de 2016 que designaría a un civil al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, pero después de su entrevista como gobernador electo con el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General de División, Salvador Cienfuegos, cambió de parecer.

Su primer secretario de Seguridad Pública fue un militar oaxaqueño pero nueve meses después de su nombramiento, el general Froylán Carlos Cruz fue destituido por la falta de resultados en el combate a la violencia.

El actual secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández, de amplia trayectoria en la Policía Federal, próximamente cumplirá 14 meses al frente de la dependencia responsable de combatir a la delincuencia en el estado, pero los resultados aún no son los esperados.

La violencia no cede y de acuerdo a su comportamiento, podría ser igual o superior a la registrada el año pasado.

De acuerdo a los registros de los medios de comunicación la violencia en el estado ha tomado un giro distinto. Cada vez participan más menores en los hechos de impacto y el número de mujeres menores de edad asesinadas va en ascenso. El secuestro, la extorsión y las violaciones sexuales acaparan los índices del semáforo rojo.

El 20 de julio de este año las redes sociales se estremecieron ante la desaparición de la niña Sanjuana de apenas nueve años de edad. La red social WhatsApp se inundó con mensajes y reenvíos de reportes. La niña había salido de su casa en la popular colonia Gavilanes, ubicada en uno de los polígonos de alta peligrosidad en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, para hacer una compra en la tienda y ya no regresó.

Tres días después el cuerpo de la pequeña fue hallado en un lote baldío del municipio de Guadalupe.

Pero existe otro fenómeno que va consolidando preocupantemente su presencia en el mapa criminal del estado que, hace 20 años, gozaba de una fama de tranquilidad social: el feminicidio.

La diputada perredista María Elena Ortega dio a conocer que en lo que va del año se han cometido 18 feminicidios, de los cuales 12 están debidamente documentados en el Sistema Nacional de Seguridad y seis no están registrados.

De acuerdo a información de la Fiscalía General de Justicia en el año 2016 se registraron 13 feminicidios; en 2017, 14 y en lo que va de este año, el número es muy superior al comportamiento de este fenómeno criminal.

De acuerdo al Banco Estatal de Datos sobre la violencia contra las mujeres, los 14 feminicidios cometidos durante 2017 se desglosan de la siguiente manera: cuatro en Fresnillo; tres en Zacatecas capital; uno en Río Grande; tres en Guadalupe; dos en Loreto y uno en Pinos. Este portal aún no reporta los registrados este año en el estado.

El pasado miércoles ocho de agosto el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, dio a conocer la autorización de Alerta por Violencia de Género en el estado por parte de la Secretaria de Gobernación.

La alerta tiene vigencia en todo el estado y fue generada a petición del gobierno zacatecano, incorpora medidas de prevención, seguridad, justicia y protección para las mujeres en el estado.

Grupos feministas independientes reclaman que esta alerta no sea solo una simulación gubernamental.

Al tiempo

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Código Político: La cuenta regresiva

Redacción

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Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

A partir del 15 de septiembre habrá nuevos protagonistas en las 58 presidencias municipales de Zacatecas y el siete de ese mes, 30 nuevos diputados y diputadas rendirán protesta en el congreso del estado para integrar la 63 legislatura zacatecana, factor que reconstruirá estructuras y liderazgos políticos y sociales en el estado, rumbo a la sucesión del 2021.

Pero no solamente en el ámbito local se observará la reconformación de un nuev entramado político social, sino que los factores externos también influirán fuertemente en las estructuras locales.

Un ejemplo de lo anterior es la incorporación de tres diputados federales de mayoría Morenista, Alfredo Femat Bañuelos, Mirna Zabeida Maldonado Tapia, Samuel Herrera Chávez; y una priista, Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, que tendrán la oportunidad de realizar trabajo político en el centro, para abonar a proyectos políticos locales o bien, ser ellos mismos los protagonistas de una nueva propuesta electoral.

Por la vía plurinominal Acción Nacional tendrá dos protagonistas, uno que es quien predomina la esfera local, José Isabel Trejo Reyes, ejemplo del pragmatismo en los partidos político y Jacquelina “Jaky” Martínez Juárez, esposa del ex alcalde jerezano, José Manuel de Jesús Viramontes Rodarte a quien le gusta que le digan “Pepe pasteles”.

En el senado de la república, Zacatecas tendrá dos senadores de mayoría, María Soledad Luévano Cantú y José Narro Céspedes de Morena; y una senadora de primera minoría priista, Claudia Edith Anaya Mota, quienes también tendrán una presencia importante en un espacio que ha sido generador de gobernadores, como es el caso del actual mandatario etatal, Alejandro Tello Cristerna.

Esta reconformación política zacatecana tiene un ingrediente más: a los actores en el centro del país y su cercanía con Andrés Manuel López Obrador, quien a partir del uno de diciembre rendirá protesta como presidente de la república y que, seguramente, se caracterizará por la concentración de poder que recopilará no solo por el liderazgo y fuerza propia que dan 30 millones de votos, sino por el control que ejercerá sobre la administración y las políticas públicas que se apliquen en los estados.

En este contexto existen dos políticos que tienen una proximidad importante con el virtual presidente electo de México, Rocío Nahle García y Ricardo Monreal Ávila. La primera, designada como próxima Secretaria de Energía y el segundo, el virtual coordinador de la bancada morenista en el senado de la república.

¿Quién tiene una mayor relación de confianza con López Obrador?

En el pasado proceso electoral quedó demostrado que la actual diputada con licencia por Morena, Rocío Nahle García, ex coordinadora del grupo parlamentario en la actual legislatura federal que está por concluir, es la política zacatecana más cercana al tabasqueño.

En tanto Ricardo Monreal Ávila, ex delegado de la Cuauhtémoc y aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y próximo coordinador de la bancada morenista en el senado, no tiene la plena confianza de López Obrador, quien lo designa obedeciendo más a un compromiso político contraído con el zacatecano, producto de la reñida sucesión en la jefatura de gobierno de la CdMx, que por la confianza política o personal.

Sin embargo el nombramiento de Verónica Díaz, secretaria particular del senador David Monreal Ávila, como coordinadora general de delegados, podría ser un factor de enlace que pudiera acercar las estrategias políticas locales al ánimo de quien encabezará al Ejecutivo en los próximos meses.

Estos personajes y la nueva conformación de los ayuntamientos y las cámaras, tanto la local como las federales (diputados y senadores), combinado con quienes mantienen una cercanía con AMLO, se enfrentarán a una realidad que pocos han estimado: la división de Morena en Zacatecas.

La lucha por el control de Morena en Zacatecas se agudizó durante la designación de candidaturas en el estado, a grado tal que se armó un teatro para destituir al actual dirigente, Fernando Arteaga Gaytán, a quien la Comisión de Honor y Justicia del partido le suspendió sus derechos políticos por conflictos internos.

En pleno proceso electoral se dio este desencuentro que tuvo de fondo lo que llamaron la pretendida imposición de Herón Rojas, hombre cercano al grupo Monreal, en la presidencia del comité directivo estatal de Morena en Zacatecas.

La debilidad del partido será sustituida por el protagonismo de quienes a partir del siete y 15 de septiembre serán los nuevos protagonistas de la política local, y de aquellos que asumirán cargos el uno de diciembre de este año.

Este escenario y nuevo entramado se confrontará con las ambiciones de quienes hoy se ubican en la administración pública estatal, y en los liderazgos de los partidos opositores al proyecto de la “cuarta transformación” que pretende implantarse en el país.

¿Cuál será el desempeño de los nuevos actores y el desgaste que experimentarán en esta ruta?

Al tiempo.

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Código Político: Políticas públicas sin seguimiento

Redacción

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FOTO: Campaña gubernamental "No te involucres", filmada en la Colonia Gavilanes.

Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

La colonia Gavilanes, un complejo de edificios habitacionales o multifamiliares, creado por el Infonavit con un concepto similar al de las grandes concentraciones poblacionales, con espacios pequeños que derivaron en un hacinamiento familiar y social.

El espacio habitacional enclavado en el corazón de la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas, se ha caracterizado por sus altos índices de inseguridad, pandillerismo, consumo de drogas, sobre todo inhalantes y “piedra”, en donde han fallado las políticas públicas, tanto municipales como estatales, de atención social.

Cuando los clientes de la carnicería La Reyna llegan a comprar sus productos, a un costado del refrigerador se levanta un altar con una veladora permanentemente encendida, en memoria del señor Antonio Frausto, quien fue asesinado frente a clientes y familiares a sangre fría, luego de un fallido intento de secuestro en el local comercial.

La escena grabada todavía se encuentra en video en redes sociales y por la característica del hecho, impactó a la opinión pública nacional.

Hombre de esfuerzo Don Antonio Frausto había logrado consolidar un pequeño patrimonio con su esposa e hijos, después de trabajar muchos años en el oficio de la carnicería.

El asesinato del empresario zacatecano se realizó a finales del mes de agosto de 2017 y para el 2 de septiembre de ese año, el procurador (hoy Fiscal) Francisco Murillo Ruiseco, ya presentaba ante los medios de comunicación a Jonathan “N” alias el “Juárez” de 17 años de edad, uno de los presuntos implicados en el crimen.

La semana pasada en mi entrega semanal abordé el preocupante tema de la inseguridad en el estado de Zacatecas y su crecimiento, fenómeno que no ha podido ser contenido por las autoridades federales, estatales y municipales.

Precisamente en ese lapso se reportó la desaparición a través de la Alerta Amber de la niña San Juana Romo en la colonia Gavilanes. La información circuló profusamente en las redes sociales zacatecanas, pues la niña apenas tenía nueve años de edad y sus padres estaban muy preocupados.

San Juana había ido a una tienda en la Plaza Flamingos, en donde se han llevado a cabo crímenes y balaceras, y ya no regresó a su casa. Su cuerpo fue encontrado horas después al parecer en un lote baldío en las inmediaciones de la misma colonia.

Independientemente de las fallas, errores y violación al protocolo de información en materia de seguridad, el caso de San Juana ha impactado fuertemente a la sociedad zacatecana y a un sector de los mexicanos.

¿Cómo llegamos a este nivel de violencia y descomposición social en Zacatecas?

Si analizamos un poco la información reciente nos daremos cuenta que la colonia Gavilanes se ubica, junto con otras, en uno de los polígonos de alto riesgo que tienen bandera roja en el consumo de enervantes y pandillerismo.

Presenta también otro tipo de comportamiento en consumo de alcohol, violencia intrafamiliar y otros fenómenos sociales derivados de las condiciones socioeconómicas, culturales y emocionales.

Pero hay algo que las autoridades estatales y municipales deben tomar en cuenta: han fallado las políticas públicas de atención social en la colonia Gavilanes, en donde por cierto, el pasado cinco de mayo de 2016 en una gira de trabajo de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, verificó las acciones emprendidas en esa colonia, considerada de alta vulnerabilidad, en donde se rehabilitaron 131 edificios con resellado y pintura; se impermeabilizaron 131 azoteas y se benefició a más de 1200 departamentos.

También en aquella ocasión se restauraron 600 metros lineales de banquetas y guarniciones y se repararon 250 luminarias.

Ante los medios de comunicación Robles Berlanga afirmó entusiasmada por la entrega de las obras: “vamos a regresar un día en la noche para ver si ya pueden salir con tranquilidad.
Ahora las mujeres estarán más tranquilas porque sus hijos están más seguros”.

Los últimos acontecimientos criminales constatan que no se ha cumplido el deseo de la funcionaria y que al contrario, los habitantes de ese complejo habitacional popular cada vez se siente más vulnerables y en riesgo de convertirse en una víctima más de los hechos vandálicos y de violencia que ahí se generan.

Evidentemente no basta pintar edificios, rehabilitarlos y poner banquetas o reparar luminarias, si es que no existe un compromiso de las autoridades municipales y estatales por regenerar el tejido social.

Naturalmente que la vigilancia es uno de los servicios públicos más ausentes en la zona, porque no hay seguimiento para procurar la integridad física de los colonos y sus familias.

Es urgente que gobernantes y políticos dejen de posar para la foto y se comprometan a fondo con el bienestar social, económico, cultural y emocional de los gobernados.

¿Cómo llegamos a estos niveles de descomposición social en Gavilanes?

Esta historia comenzó hace más de 30 años pero ningún gobernante le ha puesto la atención debida para ofrecerle a los habitantes mejores condiciones de convivencia social. No hay seguimiento en las políticas públicas.

Al tiempo.

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