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Renuncia Liliana Candelario al SEA tras ser designada sin cumplir requisitos

Redacción

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ZACATECAS. Liliana Candelario Cardoso, quien pese a no cumplir con el requisito de edad según la convocatoria, fuera designada para integrar el Consejo de Participación Ciudadana para el Sistema Estatal Anticorrupción, renunció finalmente a su cargo.

Candelario Cardoso presentó el 31 de enero su renuncia por voluntad propia al cargo como integrante al que había sido designada por 4 años.

La recién designada había sido señalada por postularse y ser elegida en dicho lugar en la Comisión, aún sin tener los 35 años de edad que establece la ley, recibió críticas por parte del mismo Poder Legislativo y medios de comunicación.

Durante la semana entrante se realizará la convocatoria para ocupar el espacio que Candelario Cardoso declinó.

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Acción Legislativa

Recriminan a Fiscal en comparecencia que en Zacatecas “los culpables siguen sin condena”

Redacción

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Durante la comparecencia del Fiscal General de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, ante los diputados que integran la LXIII Legislatura del Estado, el funcionario manifestó su compromiso por dar resultados a los zacatecanos por lo que de enero al 18 de octubre del año en curso.

Manifestó que recientemente se impulsó la judicialización de más de dos mil 712 carpetas de investigación, ante los Juzgados de Control de todo el Estado. El número de carpetas en trámite con corte al 15 de octubre son cerca de 15 mil.

En materia de secuestro, agregó que se ha logrado desde septiembre del 2016 y hasta el 9 de octubre de este año, un total de 88 sentencias condenatorias lo que representa un número total de 122 personas sentenciadas. Estos sentenciados no tienen derecho a los beneficios que impliquen reducción de la condena.

“En homicidio doloso hemos logrado desde el año 2016 hasta el 18 de septiembre de este año, un total de 106 sentencias condenatorias lo que representa un número total de 124 personas sentenciadas. En los últimos 32 meses se concluyeron 5 mil 666 lo que representa un 57 por ciento de incremento en las causas judicializadas terminadas”, argumentó.

La diputada, Navidad Rayas Ochoa, durante el posicionamiento del Grupo Parlamentario de MORENA ante la comparecencia de Murillo Ruiseco, hizo notar que los datos expuestos en el documento del 2do Informe, está maquillado o peor, la Fiscalía no tiene las cifras exactas.

No se sabe con exactitud el número de víctimas y los culpables no han sido condenados, pues el mismo informe dice que a mayo del 2018 había 14 mil 983 denuncias canalizadas, y en el periodo informado sólo dieron trámite a 2 mil 723, lo cual no significa que el caso se haya resuelto o que a la víctima se le haya reparado el daño, refirió la diputada, esto es sólo un avance del 18%.

Mencionó datos en los que, recalcó, es imposible saber si seguimos en los mismos índices del año pasado o si de plano Zacatecas ha empeorado en justicia penal, pues el informe sólo menciona cuantos casos fueron atendidos, pero no menciona de cuantos denunciados.

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Acción Legislativa

Propone Javier Calzada vender aeronave del gobierno estatal

Redacción

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Este jueves en el pleno del Congreso del Estado, el diputado Javier Calzada Vázquez del Partido Encuentro Social (PES), propuso que debido a que el gobernador Alejandro Tello ha utilizado los vuelos comerciales para sus actividades, se ponga a la venta el avión estatal a disposición del gobierno.

El diputado hizo un atento llamado al gobernador Alejandro Tello Cristerna, en razón de que desde el inicio “todos hemos sido testigos de que él ha utilizado como medio de transporte los vuelos comerciales”.

Indicó que el avión que tiene disponible de parte del gobierno federal para las actividades propias del mandatario, “es una aeronave que requiere grandes costos de mantenimiento, combustible,seguro y de personal”.

El diputado dijo que dicha aeronave genera una gran carga para el gobierno y para el pueblo de Zacatecas.

Javier Calzada propuso respetuosamente vender el avión que la Federación pone a disposición del mandatario y que se invierta en un helicóptero, pues es necesario para combatir la inseguridad que tanto aflige a la entidad.

Por su parte el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló estar de acuerdo en que se venda el avión, sin embargo, comenta que un helicóptero implica otros gastos.

Finalmente, comentó que la cuestión de vender las aeronaves del gobierno, como lo propone AMLO, va más allá y debe analizarse, pues es materia de seguridad nacional.

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Acción Legislativa

Actuación de Paula Rey “deja dudas”, señalan durante comparecencia

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Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública, compareció ante el Congreso Local como parte de la glosa del 2do informe de gobierno. Previo a su comparecencia, los representantes de las diferentes fracciones parlamentarias fijaron sus posturas en torno al trabajo realizado y otras cuestiones, a dos años de la actual administración.

En su posicionamiento, el diputado Omar Carrera Pérez, del Movimiento de Regeneración Naci9nal (Morena), dijo que el servicio público es en sí misma una alta responsabilidad, y subrayó que el servidor público está para servir y no para servirse de la sociedad.

“Lamentablemente vivimos días de deshonor marcados por un contexto donde la corrupción y la impunidad han caracterizado los pasados gobiernos estatales y el actual no es la excepción” agregó.

Añadió que en ese sentido, cobra relevancia la elección del pasado 1ro de julio, “donde la sociedad mexicana, insultada y cansada de tantos agravios, decido modificar de golpe el escenario del país y del estado”.

Omar Carrera aprovechó su intervención para recordar cómo, en la legislatura pasada, la bancada de Morena, a través de su conducto, solicitó “la remoción de la secretaria de la Función Pública Paula Rey Ortiz Medina, aquí presente”.

El diputado argumentó, que en su momento, Ortiz Medina, “formaba parte de un listado de funcionarios a quienes se les otorgó un bono especial durante la administración de Miguel Alonso”.

“Dicho bono en un lapso de tres años, dio un total de $1.8 millones de pesos, cantidad que recibió usted” enfatizó Carrera. Ante esto, el diputado asegura que la actuación objetiva e imparcial de Ortiz Medina, deja dudas.

En su comparecencia, la Dra. Paula Rey Ortiz Medina dio a conocer tres ejes, los cuales son los principales retos para la Secretaría a su cargo; transparencia e innovación gubernamental, combate a la corrupción y participación ciudadana.

En cuanto al primer eje, aseguró que las nuevas tecnologías de información y comunicación deben aprovecharse como herramienta estratégica para facilitar el acceso a la información.

La transmisión en vivo de 1753 licitaciones, difusión de calendario de licitaciones y minutas en internet, la corrección del proceso de registro de proveedores y contratistas del gobierno estatal, y el desarrollo de un sistema que identifica si las empresas a contratar están bien establecidas y al pendiente de sus obligaciones, son algunas de las acciones del primer eje.

Con respecto al segundo eje, el combate a la corrupción, estas son algunas de las siguientes acciones:

En este eje, se integraron 49 comités de ética, en ese tenor se capacitaron 4,250 servidores de cada una de las dependencias y entidades. Menciona la elaboración de 19 códigos de conducta, 30 talleres de autoevaluación y la creación de órganos internos de control.

Añadió que a la fecha, 17 dependencias estatales de la administración pública cuentan con un titular del órgano interno de control, quienes tienen facultad de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, así como de realizar evaluaciones para diagnosticar las situaciones de las dependencias.

Para la vigilia del buen ejercicio de los recursos, se realizaron 43 auditorías financieras, 17 realizadas por el órgano estatal de control y 26 en conjunto con la Secretaría de la Función Pública federal.

Detalló que en agosto iniciaron 6 auditorías, tres de obra pública y tres financieras, cuyo monto a auditar es de $2 mil 613 millones de pesos; en total se han fiscalizado más de $7 mil mdp, de los cuales el 66% corresponde a 11 programas, entre los que destacan FORTALECE, PRODERE, FORTAFIN, FORTASEG, SEGURO POPULAR, entre otros.

Con respecto al tercer y último eje, la secretaria de la Función Pública comentó, “el involucramiento ciudadano en el quehacer gubernamental, permite al órgano estatal de control, contar con un aliado en la vigilancia y el control de programas sociales y la ejecución e la obra pública”.

Detalló que durante el segundo año de gobierno, se suscribieron 26 planes de trabajo en materia de contraloría social, correspondientes a programas federales, y se validó la constitución de 317 comités de contraloria social, capacitándose a 728 beneficiarios de programas sociales y servidores públicos.

En cuanto a los programas estatales, “se suscribieron 7 planes de trabajo y se dio seguimiento a la constitución de 192 comités de contraloria social”.

“Para el ejercicio de 2019, habremos de impulsar la conformación de un mayor número de comités de contraloria social, ya que anteriormente solo se verificaba que los programas federales cumplieran con estas disposiciones en esa materia porque la normatividad estatal no contemplaba esa obligatoriedad”.

Añadió que el gobernador Alejandro Tello ha solicitado que los programas estatales también sean vigilados por los ciudadanos; “esta es una coyuntura política que no se debe de desaprovechar” puntualizó.

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