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Acción Legislativa

Con 22 votos, eligen diputados a Samuel Montoya como comisionado del IZAI

Redacción

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ZACATECAS. En sesión extraordinaria, los diputados de la LXII Legislatura del Estado eligieron con 22 votos, a Samuel Montoya Álvarez, como nuevo comisionado del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), cargo que ostentará por siete años.

Los integrantes del máximo órgano de gobierno reconocieron que los aspirantes inscritos en el proceso de designación reúnen las características para desempeñar el cargo de comisionado del IZAI, ya que  todos son profesionistas que se han distinguido por su dedicación al servicio público, la academia o la investigación, y sobre todo por su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

Basados en los principios de idoneidad y de elegibilidad, y convencidos de que el instituto requiere  propuestas novedosas, pues la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales son temas que se actualizan y modifican de un momento a otro, y que el IZAI debe estar preparado para afrontar tales cambios y cumplir con sus atribuciones de manera eficaz y eficiente, se propuso la terna compuesta por Julio Salvador Segura Morales, Samuel Montoya Álvarez y Víctor Hugo Hernández Reyes.

En esta misma jornada, y en sesión solemne de la LXII Legislatura, se procedió a la toma de protesta de Samuel Montoya Álvarez, como nuevo comisionado del IZAI y posteriormente se clausuró el quinto periodo extraordinario de sesiones.

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Acción Legislativa

Propone Javier Calzada vender aeronave del gobierno estatal

Redacción

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Este jueves en el pleno del Congreso del Estado, el diputado Javier Calzada Vázquez del Partido Encuentro Social (PES), propuso que debido a que el gobernador Alejandro Tello ha utilizado los vuelos comerciales para sus actividades, se ponga a la venta el avión estatal a disposición del gobierno.

El diputado hizo un atento llamado al gobernador Alejandro Tello Cristerna, en razón de que desde el inicio “todos hemos sido testigos de que él ha utilizado como medio de transporte los vuelos comerciales”.

Indicó que el avión que tiene disponible de parte del gobierno federal para las actividades propias del mandatario, “es una aeronave que requiere grandes costos de mantenimiento, combustible,seguro y de personal”.

El diputado dijo que dicha aeronave genera una gran carga para el gobierno y para el pueblo de Zacatecas.

Javier Calzada propuso respetuosamente vender el avión que la Federación pone a disposición del mandatario y que se invierta en un helicóptero, pues es necesario para combatir la inseguridad que tanto aflige a la entidad.

Por su parte el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló estar de acuerdo en que se venda el avión, sin embargo, comenta que un helicóptero implica otros gastos.

Finalmente, comentó que la cuestión de vender las aeronaves del gobierno, como lo propone AMLO, va más allá y debe analizarse, pues es materia de seguridad nacional.

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Acción Legislativa

Actuación de Paula Rey “deja dudas”, señalan durante comparecencia

Redacción

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Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública, compareció ante el Congreso Local como parte de la glosa del 2do informe de gobierno. Previo a su comparecencia, los representantes de las diferentes fracciones parlamentarias fijaron sus posturas en torno al trabajo realizado y otras cuestiones, a dos años de la actual administración.

En su posicionamiento, el diputado Omar Carrera Pérez, del Movimiento de Regeneración Naci9nal (Morena), dijo que el servicio público es en sí misma una alta responsabilidad, y subrayó que el servidor público está para servir y no para servirse de la sociedad.

“Lamentablemente vivimos días de deshonor marcados por un contexto donde la corrupción y la impunidad han caracterizado los pasados gobiernos estatales y el actual no es la excepción” agregó.

Añadió que en ese sentido, cobra relevancia la elección del pasado 1ro de julio, “donde la sociedad mexicana, insultada y cansada de tantos agravios, decido modificar de golpe el escenario del país y del estado”.

Omar Carrera aprovechó su intervención para recordar cómo, en la legislatura pasada, la bancada de Morena, a través de su conducto, solicitó “la remoción de la secretaria de la Función Pública Paula Rey Ortiz Medina, aquí presente”.

El diputado argumentó, que en su momento, Ortiz Medina, “formaba parte de un listado de funcionarios a quienes se les otorgó un bono especial durante la administración de Miguel Alonso”.

“Dicho bono en un lapso de tres años, dio un total de $1.8 millones de pesos, cantidad que recibió usted” enfatizó Carrera. Ante esto, el diputado asegura que la actuación objetiva e imparcial de Ortiz Medina, deja dudas.

En su comparecencia, la Dra. Paula Rey Ortiz Medina dio a conocer tres ejes, los cuales son los principales retos para la Secretaría a su cargo; transparencia e innovación gubernamental, combate a la corrupción y participación ciudadana.

En cuanto al primer eje, aseguró que las nuevas tecnologías de información y comunicación deben aprovecharse como herramienta estratégica para facilitar el acceso a la información.

La transmisión en vivo de 1753 licitaciones, difusión de calendario de licitaciones y minutas en internet, la corrección del proceso de registro de proveedores y contratistas del gobierno estatal, y el desarrollo de un sistema que identifica si las empresas a contratar están bien establecidas y al pendiente de sus obligaciones, son algunas de las acciones del primer eje.

Con respecto al segundo eje, el combate a la corrupción, estas son algunas de las siguientes acciones:

En este eje, se integraron 49 comités de ética, en ese tenor se capacitaron 4,250 servidores de cada una de las dependencias y entidades. Menciona la elaboración de 19 códigos de conducta, 30 talleres de autoevaluación y la creación de órganos internos de control.

Añadió que a la fecha, 17 dependencias estatales de la administración pública cuentan con un titular del órgano interno de control, quienes tienen facultad de prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción, así como de realizar evaluaciones para diagnosticar las situaciones de las dependencias.

Para la vigilia del buen ejercicio de los recursos, se realizaron 43 auditorías financieras, 17 realizadas por el órgano estatal de control y 26 en conjunto con la Secretaría de la Función Pública federal.

Detalló que en agosto iniciaron 6 auditorías, tres de obra pública y tres financieras, cuyo monto a auditar es de $2 mil 613 millones de pesos; en total se han fiscalizado más de $7 mil mdp, de los cuales el 66% corresponde a 11 programas, entre los que destacan FORTALECE, PRODERE, FORTAFIN, FORTASEG, SEGURO POPULAR, entre otros.

Con respecto al tercer y último eje, la secretaria de la Función Pública comentó, “el involucramiento ciudadano en el quehacer gubernamental, permite al órgano estatal de control, contar con un aliado en la vigilancia y el control de programas sociales y la ejecución e la obra pública”.

Detalló que durante el segundo año de gobierno, se suscribieron 26 planes de trabajo en materia de contraloría social, correspondientes a programas federales, y se validó la constitución de 317 comités de contraloria social, capacitándose a 728 beneficiarios de programas sociales y servidores públicos.

En cuanto a los programas estatales, “se suscribieron 7 planes de trabajo y se dio seguimiento a la constitución de 192 comités de contraloria social”.

“Para el ejercicio de 2019, habremos de impulsar la conformación de un mayor número de comités de contraloria social, ya que anteriormente solo se verificaba que los programas federales cumplieran con estas disposiciones en esa materia porque la normatividad estatal no contemplaba esa obligatoriedad”.

Añadió que el gobernador Alejandro Tello ha solicitado que los programas estatales también sean vigilados por los ciudadanos; “esta es una coyuntura política que no se debe de desaprovechar” puntualizó.

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Acción Legislativa

El dinero de las “herramientas” no irá al bolsillo de los diputados: González Nava

Redacción

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Jose Maria González Nava, diputado y presidente de la mesa directiva de la LXIII Legislatura de Zacatecas, fue cuestionado en el controvertido tema de la reasignación de las “herramientas legislativas” y la modificación a la Constitución por el decreto 420, a lo que coincidió con su homólogo Jesús Padilla y responsabilizó al manejó la información en los medios de comunicación, pues reiteró que el dinero “no irá al bolsillo de los diputados”.

Además enfatizó que no hay disposición de ningún diputado para modificar la constitución con lo que respecta al decreto 420, por lo que la ley es clara, y no hay financiamiento para ayudas sociales mientras no se modifique la constitución.

Acerca de su opinión sobre la propuesta del diputado Jesús Padilla, para que el dinero reasignado a los capítulos mil y tres mil del ejercicio 2018, sea destinado a un fideicomiso que manejen ciudadanos honorables de la sociedad civil, González Nava dijo que es una propuesta con iniciativa, pero a título personal del diputado Jesús Padilla. Sin embargo, la iniciativa deberá ser discutida por el resto de los diputados, y hasta entonces, se podrá ver qué hacer.

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