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Código Político

Código Político: Elecciones 2018

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El presente año agoniza pero ya muestra las primeras imágenes y estrategias de precandidatos que se disputarán los más de 3,400 cargos de elección popular que estarán en juego el domingo 1 de julio del 2018.

Nuevamente el país se verá inmerso una gran batalla electoral en la que se generarán miles de spots (304 mil), toneladas de propaganda política, mensajes en medios tradicionales y digitales de comunicación.

Los estrategas en imagen política y las empresas encuestadoras consolidarán y expandirán su influencia entre los protagonistas, y llevarán los mensajes, posturas, estadísticas y tendencias electorales, al gran mercado de la manipulación electoral.

Desde antes del registro de precandidaturas en los distintos partidos políticos, los aspirantes al gobierno de la república, al senado, diputaciones locales y federales, presidencias municipales, etc., se mueven no solamente en los medios de comunicación en general, sino a través de redes sociales, donde pueden transitar libremente.

El ciudadano recibe un bombardeo constante de todo tipo de mensajes, desde el que promociona al sujeto hasta las más mezquinas estrategias de propaganda negra, sobre las cuales, no existe recato ni autoridad electoral que pueda si no detenerla, al menos contenerla.

Ya estamos inmersos en la propaganda política que concluirá tres días antes del domingo 1 de julio del 2018, lapso que transcurrirá rápidamente, en el cual, escucharemos ataques, filtraciones, la aparición de bots en las redes sociales, la publicación de algunas encuestas sobre tendencias electorales y, espero, el debate de los candidatos que saturarán los espacios informativos de triunfalismos prematuros y de dudosa credibilidad.

Cuando contemplamos este escenario de lucha por el poder en México, en el que la ética, los valores de transparencia de recursos en el financiamiento de procesos electorales son inexistentes, podemos deducir que a la democracia mexicana le falta mucho para madurar y para convertirse en una verdadera competencia electoral.

El cinismo, la traición, la opacidad, la mentira repetida miles de veces en medios de comunicación y en las redes sociales, son los antivalores democráticos que hasta este momento prevalecen en las elecciones mexicanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal o municipal.

Los mexicanos no hemos podido construir una democracia en la que el ciudadano vea auténticamente reflejada su voluntad en la urna y en el resultado, en la calificación que haga el órgano electoral correspondiente.

Quizá ese sea uno de los motivos por el que las elecciones registran un alto porcentaje de abstencionismo; quizá esa sea a causa de que las elecciones en un país en vías de desarrollo, sean más caras que las que se realizan en el primer mundo, donde los procesos democráticos están más consolidados.

El comportamiento de ciudadanos y autoridades electorales es contradictorio. Los primeros no incrementan sustancialmente su participación y los segundos elevan los costos de la elección, como si este factor fuera determinante para lograr la credibilidad de los mexicanos en los procesos electorales.

En este sentido la prospectiva es que las elecciones del 1 de julio en las que se votará por el presidente de la república, 500 diputados federales y 128 escaños en el Senado, así como la organización de comicios en 30 entidades federativas, se estima que se gastarán 2 mil 138.3 millones de pesos, cuando en las campañas de 2012, los partidos políticos recibieron 1,680.5 millones de pesos.

Pero si sumamos el financiamiento para las elecciones de este año que se realizaron en Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, así como el presupuesto para el INE (Instituto Nacional Electoral), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y las entidades federativas donde habrá comicios, el costo será superior a los cuatro mil millones de pesos.

Lo anterior significaría que el costo por las elecciones será el más grande en la historia democrática del país y que podría rebasar en casi 30 por ciento, al costo de las elecciones realizadas en 2012.

Habría que recordar que a partir de 1997 los partidos políticos en México empezaron a recibir financiamiento público, con la intención de incentivar la competitividad electoral y evitar la supremacía de un partido político, el PRI, que había gobernado al país hasta esa fecha.

Desde 1997 y hasta el 2015 los partidos en México habían recibido una cantidad cercana a los 80 mil millones de pesos, pero en la actualidad esa cantidad se verá sustancialmente modificada.

En Estados Unidos el financiamiento de las elecciones proviene prácticamente de las empresas y los ciudadanos, en tanto que en Europa de las arcas públicas. En México el financiamiento es de origen público y se permite el  dinero privado en menor cantidad, con el objeto de que los empresarios y el crimen organizado no influyan en los procesos electorales.

A pesar del costo millonario en partidos políticos y procesos electorales el Estado mexicano no ha logrado ganar la confianza de los electores y menos aún, la certeza en los resultados electorales.

Nuestra democracia no satisface a nadie, pero los partidos políticos lejos de procurar una mayor certeza y equidad en las contiendas electorales, han hecho un gran negocio patrimonial y personal, plagado de opacidad y derroche.

El 2018 será más de lo mismo.

Al tiempo.

Código Político

Código político: ¿Por quién votaré?

Redacción

Publicado

en

Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

Faltan solamente diez días para que las campañas electorales 2018 lleguen a su fin y el panorama no ha cambiado en lo absoluto, porque el mismo escenario que se dio al inicio es el que prevalece y la verdad, no es nada alentador.

Las campañas presidenciales son las que están marcando una tendencia muy fuerte en los procesos locales, pero no son las más emotivas y menos aún, las que den certeza de que el país pueda caminar con certidumbre en la transición democrática.

Son muchos los factores de la intranquilidad en este proceso electoral presidencial. Por ejemplo, los cientos de asesinatos que se han generado y la debilidad del Peso mexicano, que superó la paridad con el Dólar, al cotizarse a 20.4383 pesos.

No hay muchos motivos que fortalezcan nuestro optimismo, por un lado se observa la debilidad del partido gobernante y de su candidato que, aunque técnicamente es el más preparado, también es el más maniatado por un partido y una clase política priista que lo ha controlado desde un principio.

José Antonio Meade es un técnico bien formado académicamente y un burócrata que ha sabido obedecer las órdenes de dos presidentes, uno panista y otro priista, pero que no ha podido consolidar un perfil propio que conecte o persuada al electorado.

En cambio el panista Ricardo Anaya no representa el cambio que exigen los mexicanos, hastiados de la impunidad y la corrupción que se fortaleció durante el período presidencial de Enrique Peña Nieto.

El queretano es el símbolo del pragmatismo blanquiazul que hoy mantiene dividido a este partido que gobernó dos períodos presidenciales al país, y que lejos de concentrarse en la campaña de Anaya, los grupos panistas ya trabajan para el relevo en la presidencia del comité para desbancar a la actual dirigencia.

El empecinamiento y la perversidad de Anaya para controlar su designación como candidato en las elecciones presidenciales, no solo evidenciaron la antidemocracia en el proceso interno de selección, sino que hoy es su peor error en campaña.

Sin embargo Andrés Manuel López Obrador muestra la experiencia y fortaleza adquirida en 18 años ininterrumpidos de campaña presidencial, que le han permitido recorrer al país y crear su propio partido para enfrentar el actual proceso electoral.

Cuando estamos en la recta final de la campaña el 47% del electorado encuestado por Consulta Mitofsky piensa que Andrés Manuel López Obrador ganará la contienda, lo que es contrastante con el 37% que dijo que sí votará por él el 1 de julio, lo que a pesar de ello refuerza el crecimiento del tabasqueño, puesto que a inicio del presente año solo el 26% pensaba que ganaría la elección presidencial.

Esta percepción de que el triunfo de AMLO es inevitable tolera los desaciertos discursivos, el registro de polémicos personajes como candidatos al senado o a una diputación; la falta de propuestas sólidas y con argumentos factibles para combatir la pobreza, la inseguridad e incentivar la educación.

Esta creciente percepción le perdona también su lentitud para responder, la opacidad de sus ingresos, la antidemocracia en la selección interna de candidatos, el autoritarismo político y lo desaliñado de su personalidad.

¿Por quién votar?

El porcentaje de indecisos varía de acuerdo a la casa encuestadora, pero en términos

generales podríamos decir que van desde un 10% hasta un 38%, una porción del electorado que aún no decide por qué candidato emitirá su voto.

En contraste con las campañas en Zacatecas el entusiasmo es mínimo puesto que los perfiles de los aspirantes a una alcaldía o al congreso local, nunca lograron posicionar una imagen atractiva o un discurso convencedor, a pesar de los debates que han organizado tanto el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) como universidades y cámaras empresariales.

Algunos candidatos zacatecanos han hecho el mejor de los esfuerzos, otros es la primera vez que incursionan en este tipo de procesos y su inexperiencia sale a flote, pero quienes tienen mayor experiencia decidieron “colgarse” de las campañas presidenciales y subirse a la ola de la preferencia electoral, en especial los contendientes de Morena.

Muchos electores zacatecanos acudirán a las urnas a emitir su voto pero con un pleno desconocimiento de los candidatos de su circunscripción o demarcación municipal.

En la recta final de las campañas electorales llega el mundial de futbol Rusia 2018 y el electorado tendrá más distractores que motivos para votar, así que las tendencias electorales que han publicado algunas encuestadoras ya no tendrán variaciones significativas en los próximos diez días que restan de campañas políticas.

¿Por quién votar?

Aún no decido mi voto.

Al tiempo.

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Código Político

Código Político: Minera bajo presión

Redacción

Publicado

en

Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

La mina más importante en producción de Oro en México y en América Latina se mantiene bajo el bloqueo de un grupo de transportistas desde hace más de una semana, sin que hasta el momento puedan llegar a una solución.

El 01 de junio un grupo de transportistas pertenecientes a la empresa Cava bloquearon el acceso a la minera, en demanda de respeto a un convenio signado con Peñasquito para el acarreo de materiales.

La empresa canadiense a través de sus ejecutivos argumenta que entabló pláticas comerciales con los inconformes, para tratar de llegar a un acuerdo, debido a que se requieren camiones de otra medida, Triple 7, por el proyecto y las características de la extracción de materiales, pero que los transportistas carecen de ese tipo de vehículos de acarreo.

De acuerdo a versiones de la empresa se les hizo la propuesta de apoyo para la compra de los vehículos de carga que se traducía en los siguiente: por cada 25 vehículos propiedad de los transportistas se les daría uno Triple 7 y además, se les proporcionaría una cantidad extra de financiamiento.

Sin embargo el grupo de transportistas demandaron que la empresa les entregara los vehículos sin nada a cambio y la cantidad de financiamiento, lo que rompió las negociaciones y estalló el conflicto.

La actitud de los transportistas ha sido calificada por Michael Harvey, director corporativo y de seguridad para México y América Latina de Gold Corp Peñasquito, como una extorsión.

El endurecimiento de la parte empresarial se reflejó en la demanda penal en contra de los transportistas ante la Fiscalía de Justicia del estado de Zacatecas, y la restitución del Estado de Derecho en la zona para continuar trabajando con normalidad.

Los transportistas están agrupados en la empresa Cava y representan aproximadamente 120 familias, pero la empresa argumenta que el 70 por ciento de sus integrantes viven en el estado de Coahuila y el resto son del municipio de Mazapil.

En el comunicado de la empresa 06/18 se informa los siguiente: La seguridad y el estado de los camiones es otro indicador a tomar en cuenta, pues los vehículos propiedad de estos transportistas no cumplen con los estándares de seguridad requeridos por la empresa lo que ha ocasionado incidentes potencialmente fatales. De hecho fue uno de los camiones de Cava el que provocó en 2016 el trágico accidente en la cabecera municipal, en el que resultaron heridos 150 peregrinos de los cuales 26 perdieron la vida. Sin embargo, ellos exigen a la empresa mantenerlos en operación.

Habría que recordar que el pasado 05 de octubre de 2016 la Cámara Minera de México (Camimex) manifestó su apoyo a través de un desplegado a Peñasquito, por el bloqueo que en aquella ocasión realizaron los transportistas el 26 de septiembre.

En el desplegado publicado en El Universal, la Camimex pedía el apoyo de los tres niveles de gobierno para la solución del problema y manifestaba su rechazo a “grupos que generan y abanderan supuestos conflictos que ponen en riesgo el empleo y la salud de los trabajadores; dañan la reputación de la industria minera, ahuyentan las inversiones, afectan el patrimonio de quienes dependen de esta actividad y causan pérdidas económicas a la Federación, a Zacatecas y a Mazapil, el municipio donde se localiza la mina, así como a los proveedores de la empresa y a la propia minera”.

El gobierno zacatecano a través de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, ha mediado en el conflicto a mediante la instalación de mesas de diálogo entre ambas partes, pero ya transcurrió más de una semana y no se ha llegado a ningún acuerdo en la solución del problema.

No es la primera vez que la empresa Peñasquito Gold Corp está inmersa en un problema y es bloqueada, pero lo más preocupante es que probablemente no será la última, debido a que muchos oportunistas aprovechan un escenario de conflicto o inconformidad comunal para sacar provecho económico.

Desde políticos, legisladores que utilizan el tráfico de influencia o agrupaciones como el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, se montan en las demandas de algunos ejidatarios para sacar ganancia económica.

El conflicto en la minera canadiense asentada en Zacatecas desde hace varios años cumplió este domingo 10 días y empiezan a registrarse algunas pérdidas en su producción, pero eso no parece inquietar a los responsables de la política interna en el estado.

Empero no hay que olvidar que sin bien es cierto no se debe usar la fuerza pública en un conflicto empresarial, o girar órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios que bloquean los accesos de una empresa como es el caso de Peñasquito ¿cómo garantizar el Estado de Derecho y el orden para que exista confianza en la inversión privada y condiciones de estabilidad laboral?

Los responsables de la política interna también deben tomar en cuenta que el gobernador Alejandro Tello Cristerna preside la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y que además, el 13 de mayo pasado se reunió con los representantes del Grupo Bal que congrega a las empresas Peñoles y Fresnillo PLC, a quienes informó que “como coordinador de dicha comisión, dará prioridad a los acuerdos relacionados con la política fiscal minera del país, la certeza jurídica de las comunidades, sus habitantes y las empresas, la seguridad pública, la generación de empleos y el cuidado del medio ambiente”.

¿Cuándo se cumplirá con estos compromisos?

Al tiempo

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Código político: Debate frustrado en Guadalupe

Publicado

en

Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

El pasado sábado el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ) organizó un debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Guadalupe, en donde se manifestó el nivel ínfimo de las campañas locales, la confrontación partidaria, la mediocridad política y la falta de previsión de los asesores y contendientes.

El punto neurálgico por el que pasará a la historia democrática local este debate es por la ausencia del candidato priista a la alcaldía, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, quien pretende reelegirse y a quién los partidos contendientes le impidieron subir al pódium para exponer su programa de gobierno municipal y confrontar sus propuestas.

De inicio el debate se programó en una fecha y hora en la que la selección mexicana juega su partido de despedida en el Estadio Azteca contra Escocia, un encuentro amistoso que no convenció a la afición, pero además exhibe el fracaso de las campañas políticas locales que no logran entusiasmar al electorado, y que son el reflejo de una pésima estrategia mediática y de un desastre de las relaciones públicas de los dirigentes y candidatos con los medios de comunicación tradicionales y digitales.

¿Cuáles son las razones políticas y legales de la ausencia de Flores Mendoza en este debate en Guadalupe?

Quizá todo tenga su origen el 27 de mayo cuando la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) campus Zacatecas, organizó un debate entre los candidatos a la presidencia de Guadalupe, al que no asistió el aspirante priista, lo que motivó el enojo de las coaliciones y partidos participantes.

Sin embargo habría que precisar que desde el dos de mayo el partido Paz para el Desarrollo de Zacatecas, presentó una petición para la organización de un debate entre los contendientes electorales en el municipio de Guadalupe, ante el IEEZ, organismo que lo hizo del conocimiento de los representantes de los partidos con registro el 15 de mayo.

Después de haberse informado se tienen 48 horas para que las coaliciones y partidos definan la participación, a fin de que inicie el trabajo operativo y logística que implica la organización por parte del Instituto. Pero el candidato Enrique Guadalupe Flores Mendoza no respondió.

Por tal motivo el 17 de mayo las representaciones partidistas extendieron la carta de respuesta afirmativa al debate, por lo que el 21 de mayo se acordó su logística y con ello, dio inicio todo el trabajo para su organización.

Fue hasta el 29 de mayo que el candidato a la reelección por el municipio de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, envió una carta al IEEZ, en la que mostraba su decisión de participar en el multicitado debate.

Al siguiente día el escrito se presentó en la reunión de trabajo operativo que sostuvo el IEEZ con los representantes de los partidos políticos, pero fue rechazada por unanimidad. ¿El argumento? La presentación tardía del documento de participación que viola las Reglas generales para la celebración de debates en el estado de Zacatecas 2017-2018.

¿Por qué no respondió el candidato priista a la propuesta de debate en las 48 horas que establece la normatividad para su participación?

La respuesta tiene seguramente varias aristas: la primera es la normatividad que rige la organización de los debates públicos entre los candidatos a un puesto de elección popular o de gobierno. Si no se cumple con ello se queda expuesto a la decisión de los partidos representados en el IEEZ, escenario en el que el organismo autónomo solo es mediador para la organización de este tipo de actos que fortalecen la participación ciudadana.

Al no presentarse al debate de la UNID el pasado 27 de mayo, seguramente los partidos políticos y coaliciones se la cobraron a Enrique Flores y, aprovechando el resquicio de la normatividad y de una probable negligencia de su equipo de campaña, calificaron como improcedente su participación.

Flores Mendoza respondió a la organización del debate con tan solo tres días previos a su realización. Pero desde el 30 de mayo él ya estaba notificado del rechazo a su participación y fue hasta el día del debate, el sábado 2 de junio, que decidió hacerlo público y solamente lamentar la decisión.

¿Cómo se capitaliza esta acción y a quién beneficia electoralmente?

Desde mi punto de vista todos pierden. Los partidos y coaliciones que declinaron la petición del priista se muestran antidemocráticos y además, podrían incurrir en una violación a la libertad de expresión y al derecho político de participación en ejercicios democráticos de los candidatos.

Y pierde también el aspirante a la reelección porque su equipo de trabajo y asesores, si es que los tiene, muestran negligencia o desinterés en la participación de foros públicos donde se muestre el plan de gobierno y se debatan los principales problemas en la demarcación municipal.

Pierden todos porque muestran la pobreza de estrategias para proyectar un programa de gobierno que conecte con las necesidades municipales y genere empatía con un electorado inmerso en un escenario complicado en materia de seguridad, de eficientes servicios públicos; de mejores calles y condiciones para el desarrollo del comercio, industria, empleo digno y bien remunerado, cultura y deporte.

Es poco el tiempo que resta en la presente jornada electoral y las coaliciones y dirigencias de los partidos contendientes, no han podido conectar con el electorado, solamente se han arropado en la tendencia de la preferencia electoral.

Pero además es penoso como algunos dirigentes impusieron a sus esposas o hijos en lista de candidaturas plurinominales o en regidurías, para asegurar un ingreso económico y factor de chantaje político en el congreso o en el ayuntamiento.

 

Todos pierden.

 

Al tiempo.

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