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Código Político: Elecciones 2018

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El presente año agoniza pero ya muestra las primeras imágenes y estrategias de precandidatos que se disputarán los más de 3,400 cargos de elección popular que estarán en juego el domingo 1 de julio del 2018.

Nuevamente el país se verá inmerso una gran batalla electoral en la que se generarán miles de spots (304 mil), toneladas de propaganda política, mensajes en medios tradicionales y digitales de comunicación.

Los estrategas en imagen política y las empresas encuestadoras consolidarán y expandirán su influencia entre los protagonistas, y llevarán los mensajes, posturas, estadísticas y tendencias electorales, al gran mercado de la manipulación electoral.

Desde antes del registro de precandidaturas en los distintos partidos políticos, los aspirantes al gobierno de la república, al senado, diputaciones locales y federales, presidencias municipales, etc., se mueven no solamente en los medios de comunicación en general, sino a través de redes sociales, donde pueden transitar libremente.

El ciudadano recibe un bombardeo constante de todo tipo de mensajes, desde el que promociona al sujeto hasta las más mezquinas estrategias de propaganda negra, sobre las cuales, no existe recato ni autoridad electoral que pueda si no detenerla, al menos contenerla.

Ya estamos inmersos en la propaganda política que concluirá tres días antes del domingo 1 de julio del 2018, lapso que transcurrirá rápidamente, en el cual, escucharemos ataques, filtraciones, la aparición de bots en las redes sociales, la publicación de algunas encuestas sobre tendencias electorales y, espero, el debate de los candidatos que saturarán los espacios informativos de triunfalismos prematuros y de dudosa credibilidad.

Cuando contemplamos este escenario de lucha por el poder en México, en el que la ética, los valores de transparencia de recursos en el financiamiento de procesos electorales son inexistentes, podemos deducir que a la democracia mexicana le falta mucho para madurar y para convertirse en una verdadera competencia electoral.

El cinismo, la traición, la opacidad, la mentira repetida miles de veces en medios de comunicación y en las redes sociales, son los antivalores democráticos que hasta este momento prevalecen en las elecciones mexicanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal o municipal.

Los mexicanos no hemos podido construir una democracia en la que el ciudadano vea auténticamente reflejada su voluntad en la urna y en el resultado, en la calificación que haga el órgano electoral correspondiente.

Quizá ese sea uno de los motivos por el que las elecciones registran un alto porcentaje de abstencionismo; quizá esa sea a causa de que las elecciones en un país en vías de desarrollo, sean más caras que las que se realizan en el primer mundo, donde los procesos democráticos están más consolidados.

El comportamiento de ciudadanos y autoridades electorales es contradictorio. Los primeros no incrementan sustancialmente su participación y los segundos elevan los costos de la elección, como si este factor fuera determinante para lograr la credibilidad de los mexicanos en los procesos electorales.

En este sentido la prospectiva es que las elecciones del 1 de julio en las que se votará por el presidente de la república, 500 diputados federales y 128 escaños en el Senado, así como la organización de comicios en 30 entidades federativas, se estima que se gastarán 2 mil 138.3 millones de pesos, cuando en las campañas de 2012, los partidos políticos recibieron 1,680.5 millones de pesos.

Pero si sumamos el financiamiento para las elecciones de este año que se realizaron en Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, así como el presupuesto para el INE (Instituto Nacional Electoral), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y las entidades federativas donde habrá comicios, el costo será superior a los cuatro mil millones de pesos.

Lo anterior significaría que el costo por las elecciones será el más grande en la historia democrática del país y que podría rebasar en casi 30 por ciento, al costo de las elecciones realizadas en 2012.

Habría que recordar que a partir de 1997 los partidos políticos en México empezaron a recibir financiamiento público, con la intención de incentivar la competitividad electoral y evitar la supremacía de un partido político, el PRI, que había gobernado al país hasta esa fecha.

Desde 1997 y hasta el 2015 los partidos en México habían recibido una cantidad cercana a los 80 mil millones de pesos, pero en la actualidad esa cantidad se verá sustancialmente modificada.

En Estados Unidos el financiamiento de las elecciones proviene prácticamente de las empresas y los ciudadanos, en tanto que en Europa de las arcas públicas. En México el financiamiento es de origen público y se permite el  dinero privado en menor cantidad, con el objeto de que los empresarios y el crimen organizado no influyan en los procesos electorales.

A pesar del costo millonario en partidos políticos y procesos electorales el Estado mexicano no ha logrado ganar la confianza de los electores y menos aún, la certeza en los resultados electorales.

Nuestra democracia no satisface a nadie, pero los partidos políticos lejos de procurar una mayor certeza y equidad en las contiendas electorales, han hecho un gran negocio patrimonial y personal, plagado de opacidad y derroche.

El 2018 será más de lo mismo.

Al tiempo.

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Código Político: Seguridad, economía y elecciones en el 2018

Redacción

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Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

La violencia que no cesa en el país y particularmente en Zacatecas pone de relieve en el primer lugar, al tema de la seguridad, no solo como slogan de las campañas electorales que tendrán verificativo este año, sino como una demanda social y exigencia ciudadana, ante la incapacidad del Estado mexicano para garantizarla.

En Zacatecas la primera semana del año inició con un reguero de víctimas entre los que destacan mujeres, mandos policíacos y una menor de edad, mientras que algunas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizan más conferencia de prensa y abren carpetas de investigación, pero no muestran resultados en la política de contención de este tipo de delitos dolosos que marcaron al estado con el índice más alto en su historia.

La incidencia del delito en Zacatecas se agravó de manera exponencial y prácticamente, concluyó el año como la sexta entidad federativa con mayor incidencia en homicidios dolosos.

De acuerdo a las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) el estado de Zacatecas registró hasta el mes de noviembre de 2017, una tasa de 32.87 muertes intencionales por cada 100 mil habitantes, en tanto que la media nacional fue de 22 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes en ese período.

Pero el año comenzó con delitos de alto impacto, con ejecuciones de mando policíaco en Guadalupe y en crímenes en Fresnillo. En este último municipio se registró el daño colateral en una pequeña de tan solo tres años de edad.

Y aunque el gobierno estatal desplegó el año pasado una campaña mediática de prevención del delito, hasta el momento no se registran resultados positivos y menos aún, acciones de contención que frenen esta ola de violencia que envuelve a la sociedad zacatecana.

Desde la llegada del gobernador priista Alejandro Tello Cristerna en el 2016 los crímenes han ido a la alza, sin que hasta el momento se disminuya sustancialmente este fenómeno, lo que obligó al mandatario estatal a comprometer en que el presente, será el año en el que la prioridad de su administración será la seguridad y el empleo.

El pasado sábado 16 de diciembre de 2017 la 62 legislatura aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, lo que transforma a la actual Procuraduría en Fiscalía General, acción de transformación del marco jurídico pero que no avizora cambios sustanciales inmediatos en la impartición de justicia y menos aún, en la investigación del delito.

Durante el presente año, por cierto, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal ejercerá un presupuesto de 1 mil 42 millones de pesos, con lo que se esperan mejores resultados en la materia.

Pero la economía zacatecana no atraviesa por un buen momento. La situación de “asfixia” financiera en la que la postró el ex mandatario estatal, Miguel Alonso Reyes, ha complicado la conducción financiera del estado y frenado el desarrollo de la economía local.

En ese contexto el año pasado ante el impedimento de solicitar un empréstito a la banca comercial, el gobernador Tello Cristerna planteó al congreso del estado, la solicitud de nuevas figuras impositivas en materia de ecología a empresas mineras y a la cervecera; de infraestructura al contribuyente e incrementó el impuesto a la nómina y el de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Mientras que en el 2017 el paquete de Ingresos aprobado por el congreso fue de 35 mil millones de pesos, el del presente año fue de solo 30 mil 463 millones de pesos, integrado de manera más realista, sin la expectativa del Impuesto de Remediación Ambiental que se proyectó, pero que fue controvertido por la presidencia de la republica el año pasado.

Aunado a lo anterior los incrementos en energéticos como gasolinas y gas doméstico ya repercuten en las economías de los zacatecanos, pues el alza en tortillas y otros productos básicos ha sido inmediata.

Será un año difícil el 2018 en materia económica pero lo político y social no están exentos de complicaciones, como se puso de manifiesto durante los trabajos de intervención del Centro Histórico ordenados por el ayuntamiento de Zacatecas, y que fueron bloqueados por los comerciantes, al considerar que la medida, como estaba proyectada inicialmente, afectaba a la actividad económica en esa zona, sobre todo en temporada alta de turismo.

La anterior no es la primera decisión polémica que se toma en el cabildo capitalino, habría que recordar el proyecto de destrucción del rastro municipal y construcción de un estacionamiento en la central de abastos, cuya obra ya había sido licitada por la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) pero sin la aprobación del ayuntamiento de Zacatecas, lo que además de ser una invasión a la autonomía municipal, se encontró también con la oposición del gremio de los tablajeros.

Estas decisiones, quizá necesarias pero que no han sido consensadas adecuadamente con los gremios afectados, catapultan el cuestionamiento a la autoridad municipal y la someten a un severo proceso de desgaste en un año electoral.

Habría que recordar en este contexto que en el proceso electoral estatal del 2016, la capital del estado fue conquistada por el Movimiento de Regeneración Nacional, triunfo impugnado por el PRI y arrebatado a aquel partido político, por lo que en la reposición de la elección por parte del  Trife, el tricolor obtuvo una estrecha victoria gracias a que Morena no participó.

Es por ello que la capital zacatecana representa en estos momentos un alto riesgo para el priismo gobernante, y una gran oportunidad electoral para la oposición, lo que no conviene a la actual administración que tendrá un año político muy complicado en el cual, por primera vez en su historia, registrará comicios concurrentes.

El gobernador Alejandro Tello estará muy ocupado en el presente año puesto que además de meterse al cien por ciento para frenar o contener los hechos de impacto que agreden a la sociedad, pero que además afectan al estado que gobierna, deberá no descuidar el aspecto financiero y menos aún el político, en donde el ex gobernador Miguel Alonso Reyes le sigue metiendo ruido en su afán por pretender mantener una influencia política en el estado y obtener una candidatura por el senado de la república.

El mandatario estatal tendrá que exigir mejores resultados a su equipo de trabajo, mantener la disciplina financiera y fortalecer el control político en los próximos días, lo que será la base que le de viabilidad a su quinquenio.

Al tiempo.

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Código Político: El regreso de China

Redacción

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El gobernador Alejandro Tello Cristerna regresa este fin de semana de una gira de promoción de inversiones en China, y encontrará algunas novedades que le darán tranquilidad y otras que le alteraron el escenario político durante su ausencia.

En lo económico aunque no hubo concreción de inversiones, el mandatario estatal realizó un placeo de relaciones públicas entre empresarios asiáticos, aunque este primer escarceo de negocios, le sirvió para medir la poca eficacia de su secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bárcenas Pous, quien al no trabajar con anticipación el mercado chino, expuso al mandatario estatal a una gira sin resultados.

En lo político existen algunas novedades que permitirán un poco de más tranquilidad para cerrar el año, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2018 el pasado cinco de diciembre.

Para algunos observadores la aprobación del paquete presupuestal a principios del presente mes, representa una especie de desaseo político, pues aunque el partido en el poder garantiza mayoría en la discusión parlamentaria, hubiese sido más ascéptico o políticamente correcto, incorporar algunos ajustes al propuesto por la oposición camaral.

Los coordinadores de Morena, PRD y PT y la legisladora del Partido Encuentro Social, Iris Aguirre Borrego, hubieran legitimado la aprobación de marras, al ajustar algunos rubros o partidas presupuestales. Pero no sucedió así.

El bloque oficialista integrado por PRI, Verde, Nueva Alianza y Acción Nacional, decidieron actuar concertadamente y encender el motor de la locomotora parlamentaria, para aprobar ipso facto el paquete presupuestal 2018.

Desde que el ex legislador José Isabel Trejo Reyes tiene el control de un sector parlamentario blanquiazul del congreso zacatecano y sobre todo, como lo es en este momento, de la dirigencia estatal panista, este partido político actuará de manera concertada con el gobierno en turno.

Misión cumplida le dirán seguramente a Tello Cristerna.

En este contexto se entiende también la aprobación de los tres magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que la semana pasada también fueron aprobadas las designaciones por el pleno de la 62 legislatura.

Raquel Velasco Macías,  Gabriel Sandoval Lara y Uriel Márquez Cristerna, fueron elegidos magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, por tres, siete y cinco años respectivamente, en la sesión legislativa del pasado jueves siete de diciembre.

Al respecto cabe recordar que en el pasado mes de julio del año en curso el congreso de Zacatecas aprobó los ordenamientos que complementan el Sistema Estatal Anticorrupción, como la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley de Justicia Administrativa, esta última, mandata la creación del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas, el cual ya no dependerá del Poder Judicial, sino que tendrá autonomía para dirimir las controversias jurídicas que se generen entre la administración pública y los particulares.

Cabe mencionar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Zacatecas, a través de su presidente, Alejandro Enríquez Suárez del Real, insistió en la transparencia de selección de los 42 candidatos al citado Tribunal, y en especial al proceso de elección de los magistrados, pero sus palabras, declaraciones y videos fueron arrojados a la indiferencia del Poder Legislativo.

En lo político el mandatario se encontrará con dos aspectos que son neurálgicos en los usos y costumbres del ritual de selección de candidatos, puesto que por un lado el dirigente estatal priista, Roberto Luévano Ruiz, interpone su renuncia a la dirigencia nacional del tricolor, mientras que por otro el ex gobernador Miguel Alonso Reyes se placea en Zacatecas, sostiene reuniones con sus incondicionales en su casa y asiste al informe del diputado, Carlos Peña Badillo, en donde reparte sonrisas, abrazos y compromisos.

Respecto a la renuncia de Luévano Ruíz a la dirigencia estatal priista se debió esperar al retorno del gobernador Tello, aún y que la relación del ex líder del PRI zacatecano tenga una extraordinaria cercanía personal con Aurelio Nuño Mayer, ex Secretario de Educación Pública y futuro coordinador de la campaña del candidato priista a la presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.

Pero el escenario más complicado que encontrará el mandatario estatal es la intervención del todavía director de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, quien ha roto todas las reglas no escritas del respeto al liderazgo del mandatario estatal.

Alonso Reyes no solamente opera a través de sus incondicionales en el congreso sino que personalmente trabaja políticamente en su favor, para intentar imponer su candidatura al senado de la República y consolidar un liderazgo que ya no le pertenece pero que se niega a aceptar su realidad.

En este escenario Alejandro Tello regresa a Zacatecas y tendrá que aplicarse más en lo político, tomar las riendas en la conducción no solo del estado, sino del proceso político electoral más importante del país y de Zacatecas.

Presiones de liderazgo y de autoridad recibirá el gobernador del estado pero sobre todo, deberá tomar decisiones que serán necesarias, dolorosas, para ejercer su mandato al que le quedan poco menos de cuatro años.

Al tiempo.

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Código Político: Estado secuestrado

Redacción

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El secuestro en Zacatecas se ha convertido en una de las actividades delictivas más recurrentes en el presente año, lo que ha convertido al estado en una de las entidades federativas de mayor riesgo y preocupación para la ciudadanía.

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco concentran la mitad de los casos de secuestro denunciados en el país, entidades que concentran 398 casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo a las denuncias presentadas ante las procuradurías y fiscalías de dichos estados.

El estado de Zacatecas con 46 carpetas de investigación abiertas de enero a agosto, lidera en el centro norte del país el incremento de este delito que apenas en fechas recientes, era prácticamente mínimo su registro pero que en los últimos meses, se ha incrementado de manera alarmante.

Tamaulipas es la entidad federativa que ocupa el primer lugar nacional con una tasa de secuestro de 2.95 por cada 100 mil habitantes, pero Zacatecas se posiciona en el segundo lugar con 2.87 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Aunado a lo anterior el presente año se consolida como el más violento no solo en el país sino también en Zacatecas, lo que ejemplifica el incremento de la violencia en el estado y la incapacidad de las dependencias de seguridad estatal para contener este fenómeno que lesiona la estabilidad social.

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en el presente año se cometieron 717 homicidios, en tanto que se han registrado 350 casos de personas desaparecidas y detectado 83 fosas clandestinas de donde se han exhumado 100 cuerpos, según dio a conocer estos últimos datos, Ismael Slava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La numeralia en cuestión no va acompañada de una estrategia estatal que permita darle seguridad y confianza a la ciudadanía en general y sobre todo, protección a su integridad física y a la libertad de tránsito.

Las autoridades estatales en particular las de Zacatecas no deben ubicar a este fenómeno exclusivamente en el ámbito delincuencial, que lo es, sino ir más allá en el sentido de que es un delito que lastima a la capa más sensible de una sociedad, a la familia, que es su célula base.

No solo es un conflicto de policías y ladrones o en este caso, de corporaciones de seguridad y secuestradores, sino que es un fenómeno que lastima y hiere muchos ángulos, por ejemplo, la convivencia social, la actividad empresarial o profesional y la credibilidad en las instituciones de seguridad.

Y es que hoy día algunas bandas delictivas y pandillas de barrio secuestran a personas que con mucho esfuerzo y dedicación, han consolidado un capital familiar a través de la microempresa o la profesión.

Ya no son los grandes empresarios los que están en riesgo de ser privados de su libertad, sino los pequeños o microempresarios, los profesionistas, que han hecho un pequeño capital y que les es arrebatado con violencia.

Las bandas de secuestradores que hoy actúan en el estado son cada vez más violentas y ello perfila que, cuando una de sus víctimas es atrapada en su negocio, casa o en la calle, las posibilidades de regresar a su hogar son mínimas, aún y cuando sus familiares y amigos hayan hecho un gran esfuerzo para pagar el rescate.

En este contexto pocas familias denuncian el secuestro de algún familiar porque temen por la vida del plagiado, pero lo que es peor, en muchas ocasiones son también víctimas de las amenazas y las presiones de los delincuentes.

Hasta el momento las autoridades estatales de seguridad pública no han podido contener y menos castigar con todo el rigor de la Ley a los secuestradores, aún y cuando se hacen esfuerzos por detener este fenómeno.

En contraparte se observa un desatino en el manejo de las denuncias de secuestro, puesto que lejos de atenderla con profesionalismo y con el sigilo que demanda el protocolo para la preservación de la integridad física de la víctima, el vocero de Seguridad gubernamental, Marco Antonio Vargas Duarte, cae en contradicciones que podrían configurar una acción de ocultamiento de los hechos.

Asimismo el Secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Ismael Camberos Hernández, manifiesta su inconformidad por el manejo de cifras de violencia en Zacatecas, en lugar de mostrar una acción eficaz en contra de la incidencia delictiva.

A su vez el Procurador de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, evade el encuentro con los medios de comunicación, y prefiere enviar mensajes en video a través de las redes sociales, en lugar de mostrar el trabajo de investigación de delitos de la dependencia a su cargo.

Negando el problema no se evitará la publicación de las cifras de incidencia del delito en el estado y menos aún, intentando ocultar una realidad que nos lastima a todos y que pone en riesgo la estabilidad social, económica y política del estado.

Zacatecas es actualmente, un estado secuestrado.

Al tiempo.

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