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Código Político: Estado secuestrado

Redacción

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El secuestro en Zacatecas se ha convertido en una de las actividades delictivas más recurrentes en el presente año, lo que ha convertido al estado en una de las entidades federativas de mayor riesgo y preocupación para la ciudadanía.

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco concentran la mitad de los casos de secuestro denunciados en el país, entidades que concentran 398 casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo a las denuncias presentadas ante las procuradurías y fiscalías de dichos estados.

El estado de Zacatecas con 46 carpetas de investigación abiertas de enero a agosto, lidera en el centro norte del país el incremento de este delito que apenas en fechas recientes, era prácticamente mínimo su registro pero que en los últimos meses, se ha incrementado de manera alarmante.

Tamaulipas es la entidad federativa que ocupa el primer lugar nacional con una tasa de secuestro de 2.95 por cada 100 mil habitantes, pero Zacatecas se posiciona en el segundo lugar con 2.87 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Aunado a lo anterior el presente año se consolida como el más violento no solo en el país sino también en Zacatecas, lo que ejemplifica el incremento de la violencia en el estado y la incapacidad de las dependencias de seguridad estatal para contener este fenómeno que lesiona la estabilidad social.

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en el presente año se cometieron 717 homicidios, en tanto que se han registrado 350 casos de personas desaparecidas y detectado 83 fosas clandestinas de donde se han exhumado 100 cuerpos, según dio a conocer estos últimos datos, Ismael Slava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La numeralia en cuestión no va acompañada de una estrategia estatal que permita darle seguridad y confianza a la ciudadanía en general y sobre todo, protección a su integridad física y a la libertad de tránsito.

Las autoridades estatales en particular las de Zacatecas no deben ubicar a este fenómeno exclusivamente en el ámbito delincuencial, que lo es, sino ir más allá en el sentido de que es un delito que lastima a la capa más sensible de una sociedad, a la familia, que es su célula base.

No solo es un conflicto de policías y ladrones o en este caso, de corporaciones de seguridad y secuestradores, sino que es un fenómeno que lastima y hiere muchos ángulos, por ejemplo, la convivencia social, la actividad empresarial o profesional y la credibilidad en las instituciones de seguridad.

Y es que hoy día algunas bandas delictivas y pandillas de barrio secuestran a personas que con mucho esfuerzo y dedicación, han consolidado un capital familiar a través de la microempresa o la profesión.

Ya no son los grandes empresarios los que están en riesgo de ser privados de su libertad, sino los pequeños o microempresarios, los profesionistas, que han hecho un pequeño capital y que les es arrebatado con violencia.

Las bandas de secuestradores que hoy actúan en el estado son cada vez más violentas y ello perfila que, cuando una de sus víctimas es atrapada en su negocio, casa o en la calle, las posibilidades de regresar a su hogar son mínimas, aún y cuando sus familiares y amigos hayan hecho un gran esfuerzo para pagar el rescate.

En este contexto pocas familias denuncian el secuestro de algún familiar porque temen por la vida del plagiado, pero lo que es peor, en muchas ocasiones son también víctimas de las amenazas y las presiones de los delincuentes.

Hasta el momento las autoridades estatales de seguridad pública no han podido contener y menos castigar con todo el rigor de la Ley a los secuestradores, aún y cuando se hacen esfuerzos por detener este fenómeno.

En contraparte se observa un desatino en el manejo de las denuncias de secuestro, puesto que lejos de atenderla con profesionalismo y con el sigilo que demanda el protocolo para la preservación de la integridad física de la víctima, el vocero de Seguridad gubernamental, Marco Antonio Vargas Duarte, cae en contradicciones que podrían configurar una acción de ocultamiento de los hechos.

Asimismo el Secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Ismael Camberos Hernández, manifiesta su inconformidad por el manejo de cifras de violencia en Zacatecas, en lugar de mostrar una acción eficaz en contra de la incidencia delictiva.

A su vez el Procurador de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, evade el encuentro con los medios de comunicación, y prefiere enviar mensajes en video a través de las redes sociales, en lugar de mostrar el trabajo de investigación de delitos de la dependencia a su cargo.

Negando el problema no se evitará la publicación de las cifras de incidencia del delito en el estado y menos aún, intentando ocultar una realidad que nos lastima a todos y que pone en riesgo la estabilidad social, económica y política del estado.

Zacatecas es actualmente, un estado secuestrado.

Al tiempo.

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Código Político

Código Político: Minera bajo presión

Redacción

Publicado

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Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

La mina más importante en producción de Oro en México y en América Latina se mantiene bajo el bloqueo de un grupo de transportistas desde hace más de una semana, sin que hasta el momento puedan llegar a una solución.

El 01 de junio un grupo de transportistas pertenecientes a la empresa Cava bloquearon el acceso a la minera, en demanda de respeto a un convenio signado con Peñasquito para el acarreo de materiales.

La empresa canadiense a través de sus ejecutivos argumenta que entabló pláticas comerciales con los inconformes, para tratar de llegar a un acuerdo, debido a que se requieren camiones de otra medida, Triple 7, por el proyecto y las características de la extracción de materiales, pero que los transportistas carecen de ese tipo de vehículos de acarreo.

De acuerdo a versiones de la empresa se les hizo la propuesta de apoyo para la compra de los vehículos de carga que se traducía en los siguiente: por cada 25 vehículos propiedad de los transportistas se les daría uno Triple 7 y además, se les proporcionaría una cantidad extra de financiamiento.

Sin embargo el grupo de transportistas demandaron que la empresa les entregara los vehículos sin nada a cambio y la cantidad de financiamiento, lo que rompió las negociaciones y estalló el conflicto.

La actitud de los transportistas ha sido calificada por Michael Harvey, director corporativo y de seguridad para México y América Latina de Gold Corp Peñasquito, como una extorsión.

El endurecimiento de la parte empresarial se reflejó en la demanda penal en contra de los transportistas ante la Fiscalía de Justicia del estado de Zacatecas, y la restitución del Estado de Derecho en la zona para continuar trabajando con normalidad.

Los transportistas están agrupados en la empresa Cava y representan aproximadamente 120 familias, pero la empresa argumenta que el 70 por ciento de sus integrantes viven en el estado de Coahuila y el resto son del municipio de Mazapil.

En el comunicado de la empresa 06/18 se informa los siguiente: La seguridad y el estado de los camiones es otro indicador a tomar en cuenta, pues los vehículos propiedad de estos transportistas no cumplen con los estándares de seguridad requeridos por la empresa lo que ha ocasionado incidentes potencialmente fatales. De hecho fue uno de los camiones de Cava el que provocó en 2016 el trágico accidente en la cabecera municipal, en el que resultaron heridos 150 peregrinos de los cuales 26 perdieron la vida. Sin embargo, ellos exigen a la empresa mantenerlos en operación.

Habría que recordar que el pasado 05 de octubre de 2016 la Cámara Minera de México (Camimex) manifestó su apoyo a través de un desplegado a Peñasquito, por el bloqueo que en aquella ocasión realizaron los transportistas el 26 de septiembre.

En el desplegado publicado en El Universal, la Camimex pedía el apoyo de los tres niveles de gobierno para la solución del problema y manifestaba su rechazo a “grupos que generan y abanderan supuestos conflictos que ponen en riesgo el empleo y la salud de los trabajadores; dañan la reputación de la industria minera, ahuyentan las inversiones, afectan el patrimonio de quienes dependen de esta actividad y causan pérdidas económicas a la Federación, a Zacatecas y a Mazapil, el municipio donde se localiza la mina, así como a los proveedores de la empresa y a la propia minera”.

El gobierno zacatecano a través de la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, ha mediado en el conflicto a mediante la instalación de mesas de diálogo entre ambas partes, pero ya transcurrió más de una semana y no se ha llegado a ningún acuerdo en la solución del problema.

No es la primera vez que la empresa Peñasquito Gold Corp está inmersa en un problema y es bloqueada, pero lo más preocupante es que probablemente no será la última, debido a que muchos oportunistas aprovechan un escenario de conflicto o inconformidad comunal para sacar provecho económico.

Desde políticos, legisladores que utilizan el tráfico de influencia o agrupaciones como el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, se montan en las demandas de algunos ejidatarios para sacar ganancia económica.

El conflicto en la minera canadiense asentada en Zacatecas desde hace varios años cumplió este domingo 10 días y empiezan a registrarse algunas pérdidas en su producción, pero eso no parece inquietar a los responsables de la política interna en el estado.

Empero no hay que olvidar que sin bien es cierto no se debe usar la fuerza pública en un conflicto empresarial, o girar órdenes de aprehensión en contra de ejidatarios que bloquean los accesos de una empresa como es el caso de Peñasquito ¿cómo garantizar el Estado de Derecho y el orden para que exista confianza en la inversión privada y condiciones de estabilidad laboral?

Los responsables de la política interna también deben tomar en cuenta que el gobernador Alejandro Tello Cristerna preside la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y que además, el 13 de mayo pasado se reunió con los representantes del Grupo Bal que congrega a las empresas Peñoles y Fresnillo PLC, a quienes informó que “como coordinador de dicha comisión, dará prioridad a los acuerdos relacionados con la política fiscal minera del país, la certeza jurídica de las comunidades, sus habitantes y las empresas, la seguridad pública, la generación de empleos y el cuidado del medio ambiente”.

¿Cuándo se cumplirá con estos compromisos?

Al tiempo

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Código político: Debate frustrado en Guadalupe

Publicado

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Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

El pasado sábado el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ) organizó un debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Guadalupe, en donde se manifestó el nivel ínfimo de las campañas locales, la confrontación partidaria, la mediocridad política y la falta de previsión de los asesores y contendientes.

El punto neurálgico por el que pasará a la historia democrática local este debate es por la ausencia del candidato priista a la alcaldía, Enrique Guadalupe Flores Mendoza, quien pretende reelegirse y a quién los partidos contendientes le impidieron subir al pódium para exponer su programa de gobierno municipal y confrontar sus propuestas.

De inicio el debate se programó en una fecha y hora en la que la selección mexicana juega su partido de despedida en el Estadio Azteca contra Escocia, un encuentro amistoso que no convenció a la afición, pero además exhibe el fracaso de las campañas políticas locales que no logran entusiasmar al electorado, y que son el reflejo de una pésima estrategia mediática y de un desastre de las relaciones públicas de los dirigentes y candidatos con los medios de comunicación tradicionales y digitales.

¿Cuáles son las razones políticas y legales de la ausencia de Flores Mendoza en este debate en Guadalupe?

Quizá todo tenga su origen el 27 de mayo cuando la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) campus Zacatecas, organizó un debate entre los candidatos a la presidencia de Guadalupe, al que no asistió el aspirante priista, lo que motivó el enojo de las coaliciones y partidos participantes.

Sin embargo habría que precisar que desde el dos de mayo el partido Paz para el Desarrollo de Zacatecas, presentó una petición para la organización de un debate entre los contendientes electorales en el municipio de Guadalupe, ante el IEEZ, organismo que lo hizo del conocimiento de los representantes de los partidos con registro el 15 de mayo.

Después de haberse informado se tienen 48 horas para que las coaliciones y partidos definan la participación, a fin de que inicie el trabajo operativo y logística que implica la organización por parte del Instituto. Pero el candidato Enrique Guadalupe Flores Mendoza no respondió.

Por tal motivo el 17 de mayo las representaciones partidistas extendieron la carta de respuesta afirmativa al debate, por lo que el 21 de mayo se acordó su logística y con ello, dio inicio todo el trabajo para su organización.

Fue hasta el 29 de mayo que el candidato a la reelección por el municipio de Guadalupe, Enrique Flores Mendoza, envió una carta al IEEZ, en la que mostraba su decisión de participar en el multicitado debate.

Al siguiente día el escrito se presentó en la reunión de trabajo operativo que sostuvo el IEEZ con los representantes de los partidos políticos, pero fue rechazada por unanimidad. ¿El argumento? La presentación tardía del documento de participación que viola las Reglas generales para la celebración de debates en el estado de Zacatecas 2017-2018.

¿Por qué no respondió el candidato priista a la propuesta de debate en las 48 horas que establece la normatividad para su participación?

La respuesta tiene seguramente varias aristas: la primera es la normatividad que rige la organización de los debates públicos entre los candidatos a un puesto de elección popular o de gobierno. Si no se cumple con ello se queda expuesto a la decisión de los partidos representados en el IEEZ, escenario en el que el organismo autónomo solo es mediador para la organización de este tipo de actos que fortalecen la participación ciudadana.

Al no presentarse al debate de la UNID el pasado 27 de mayo, seguramente los partidos políticos y coaliciones se la cobraron a Enrique Flores y, aprovechando el resquicio de la normatividad y de una probable negligencia de su equipo de campaña, calificaron como improcedente su participación.

Flores Mendoza respondió a la organización del debate con tan solo tres días previos a su realización. Pero desde el 30 de mayo él ya estaba notificado del rechazo a su participación y fue hasta el día del debate, el sábado 2 de junio, que decidió hacerlo público y solamente lamentar la decisión.

¿Cómo se capitaliza esta acción y a quién beneficia electoralmente?

Desde mi punto de vista todos pierden. Los partidos y coaliciones que declinaron la petición del priista se muestran antidemocráticos y además, podrían incurrir en una violación a la libertad de expresión y al derecho político de participación en ejercicios democráticos de los candidatos.

Y pierde también el aspirante a la reelección porque su equipo de trabajo y asesores, si es que los tiene, muestran negligencia o desinterés en la participación de foros públicos donde se muestre el plan de gobierno y se debatan los principales problemas en la demarcación municipal.

Pierden todos porque muestran la pobreza de estrategias para proyectar un programa de gobierno que conecte con las necesidades municipales y genere empatía con un electorado inmerso en un escenario complicado en materia de seguridad, de eficientes servicios públicos; de mejores calles y condiciones para el desarrollo del comercio, industria, empleo digno y bien remunerado, cultura y deporte.

Es poco el tiempo que resta en la presente jornada electoral y las coaliciones y dirigencias de los partidos contendientes, no han podido conectar con el electorado, solamente se han arropado en la tendencia de la preferencia electoral.

Pero además es penoso como algunos dirigentes impusieron a sus esposas o hijos en lista de candidaturas plurinominales o en regidurías, para asegurar un ingreso económico y factor de chantaje político en el congreso o en el ayuntamiento.

 

Todos pierden.

 

Al tiempo.

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Código Político: Los apuros del PRI y Morena

Redacción

Publicado

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Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

Dos expresiones políticas se están peleando la plaza electoral zacatecana, pero ambas están desesperadas, porque pulsan que sus candidatos no están creciendo en las preferencias electorales.

El PRI que es el partido que gobierna la entidad federativa y que refrendó en el 2016 con Alejandro Tello Cristerna y Morena, que tiene la rúbrica de del Clan Monreal en el estado, se disputan una plaza que para el priismo nacional no ha representado importancia cualitativa, pero que se ignora que de aquí han partido los cambios que en los últimos años han modificado el escenario político nacional.

Ambas expresiones están desesperadas porque no han hecho la tarea correctamente. En el caso del Revolucionario Institucional se carece de una visión política integral, porque el revés provocado por el bajo rendimiento de la candidatura de José Antonio Meade Kuribreña y el rompimiento unilateral de la alianza con el Partido Verde Ecologista de México, le ha provocado una crisis que raya en la parálisis en pleno proceso electoral.

El priismo zacatecano carece de una dirigencia estatal fuerte que cohesione a sus liderazgos regionales y conduzca una estrategia efectiva en el actual proceso, que será fundamental para cuidar la salida del quinquenio del gobernador Tello Cristerna.

De entrada el priismo doméstico no tiene un estratega que coordine las campañas para candidatos al Senado y a una diputación federal, y en el terreno local existen algunos esfuerzos aislados que están dando magros resultados, a excepción de Guadalupe, en donde Enrique Flores Mendoza hace todo lo posible por mantener una preferencia basada en el trabajo municipal, pero sin el apoyo del priismo estatal.

En este contexto la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe se ha convertido en un área estratégica en la disputa por la supremacía electoral en el estado, en donde el priismo parece mostrarse en retirada por la capital, al llegar tardíamente la designación de Julio César Nava de la Riva, a quien prácticamente lo ha dejado solo, pese a que constituye el territorio icónico del priismo que gobierna en Zacatecas.

La lucha electoral en la capital zacatecana se ha centrado prácticamente entre Arturo López de Lara de la coalición Por Zacatecas al frente (PAN, MC y PRD) y Ulises Mejía de Juntos Haremos Historia en tanto que el ex panista, Cuauhtémoc Calderón Galván del Partido Verde Ecologista de México, se ha ido rezagando, pese a que ya gobernó la capital del estado con las siglas blanquiazules.

Mientras tanto la reciente gira proselitista del candidato presidencial priista José Antonio Meade Kuribreña, no logró motivar a los alicaídos aspirantes del tricolor zacatecano, pese a las concentraciones que se hicieron en Fresnillo, Zacatecas y Jerez, cuyos esfuerzos tuvieron un pobre impacto social y mediático por el pésimo manejo de la comunicación electoral priista.

Para colmo de males la nota negativa del acto proselitista fue el accidente que sufrieron los simpatizantes que llevó en autobús el priismo local en Guadalupe, en donde hubo 20 lesionados por la colisión de dos unidades de ruta urbana. Uno de los choferes, al parecer estaba borracho y se quedó dormido mientras conducía, de acuerdo al peritaje de Tránsito.

En Fresnillo los focos rojos están encendidos, al igual que en otros municipios como Jerez, Jalpa, Río Grande, Sombrerete, Pinos, porque los candidatos no han podido penetrar en el electorado.

Pero a pesar de este escenario tan adverso los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no parecen muy satisfechos con el posicionamiento entre el electorado, motivo por el cual el coordinador de campaña en esta zona, el ex gobernador Ricardo Monreal Ávila, se ha echado al hombro a los aspirantes de la coalición Juntos haremos historia, para reforzar las campañas en las regiones y distritos que son clave para la captación de votos en la región.

Monreal Ávila le dedicó toda la semana para apuntalar a los candidatos de Guadalupe y Fresnillo, sobre todo, para reforzar estas débiles campañas que encendieron los focos rojos en el Cuarto de Guerra monrealista.

Desde desayunos con algunos medios de comunicación, pegar calcas y microperforados en automóviles, mítines y movilizaciones, ha organizado el ex gobernador Monreal Ávila que, dicho sea de paso, es el único que ha apretado el paso en esta mitad de las campañas electorales en el estado.

El escenario que hoy se prefigura en el priismo local no es el más conveniente para un gobierno de este partido, pues además de perder la mayoría de presidencias municipales y la representación zacatecana en el congreso federal, no tendría el control del congreso estatal, factor de equilibrio y estabilidad política.

En la perspectiva electoral sí el PRI perdiese la elección estaría diciéndole anticipadamente adiós a la posibilidad de volver a gobernar Zacatecas en los próximos 20 años, puesto que sería muy difícil recuperar nuevamente la plaza, sobre todo si pierde la elección presidencial, como lo marca hoy la tendencia electoral que publican las diferentes casas encuestadoras.

Si este escenario adverso para el priismo zacatecano se consolida en los próximos días, el resultado electoral no le favorecerá en nada al gobernador Alejandro Tello, y el final de quinquenio gubernamental sería de pronóstico reservado pero en especial, con un fuerte debilitamiento no solamente en lo político sino social.

¿Habría tiempo para que el comandante general y jefe político de la plaza tome el control y reoriente las campañas en Zacatecas?

Al tiempo.

 

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