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Código Político: Corrupción, tarea pendiente

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Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

El pasado 15 de julio el Periódico Oficial del gobierno del estado de Zacatecas publicó en un suplemento, la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), con lo que a tres días de que se venciera el plazo para la homologación del Sistema Nacional Anticorrupción, se cumple medianamente para salir del paso de esta obligación constitucional.

El conformismo para muchos políticos, legisladores y gobernantes puede estimularlos a decir “se cumplió en tiempo y forma”, pero para la exigencia de una sociedad lastimada por sus gobernantes y representantes populares, es insuficiente sobre todo si se toma en cuenta el patético escenario de rapiña gubernamental, ineficiencia en el servicio público, impunidad en la impartición de justicia y manipulación de la opinión pública.

El grado de descomposición social que sufrimos en la actualidad requiere de medidas y acciones más puntuales para contener el avance de la corrupción y también, para sancionar a sus actores y generadores.

Para muchos mexicanos, jóvenes o adultos, una de las formas de mejorar sus condiciones de vida, en el mejor de los casos, es entrar a la política y en el peor, es enriquecerse ilícitamente con un cargo público o de representación popular.

Sin embargo existen iniciativas ciudadanas que son un aire fresco en la compleja y preocupante conducción gubernamental y en la discrecionalidad del Poder Legislativo, que han venido empujando fuerte a través de la creación de instrumentos de monitoreo ciudadano.

Un ejemplo de estas iniciativas es sin duda el Semáforo Anticorrupción que estuvo presionando a las entidades federativas, para que sus respectivas constituciones y legislaciones locales, adecuaran y homologaran su marco normativo a la puesta en marcha del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El Instituto Mexicano Anticorrupción (IMCO), Transparencia Mexicana y la Coparmex (Confederación Patronal de la República Mexicana) crearon este instrumento de medición y supervisión que arroja ya sus primeros resultados positivos, en cuanto a la puesta en marcha de una legislación que coordine a las autoridades responsables de la auditoría, fiscalización, rendición de cuentas y sanción de la corrupción en el país.

En Zacatecas el proceso de reforma para la homologación del SNA inició con el envío a la LXII legislatura de diversas modificaciones legales contenidas en la iniciativa del gobernador Alejandro Tello Cristerna, el pasado dos de octubre de 2016, que contemplaban la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y un reordenamiento de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con lo que se pretende transitar de un modelo centralista a otro de especialidades.

Sin embargo el diputado panista Arturo López de Lara, presidente de la Comisión de Vigilancia de la LXII legislatura, también envió una iniciativa al respecto, cuyos elementos fueron tomados en consideración para la elaboración, análisis, discusión y finalmente aprobación del SEA local.

En mi consideración la mencionada legislación tiene algunos aportes que pretenden una mayor independencia en la vigilancia del manejo de los recursos públicos. Por ejemplo, la Secretaria de la Función Pública del gobierno estatal, Paula Rey Ortiz Medina, entró ya en este nuevo esquema, al ser ratificada por el congreso del estado para continuar al frente de la dependencia que encabeza.

La ratificación de la funcionaria en cuestión no sufrió ningún sobresalto aunque se realizó bajo la polémica de los tiempos para su ejecución, lo que indica que en el nombramiento se dio un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo la Secretaría de la Función Pública del gobierno zacatecano mantendrá su dependencia institucional y política del Ejecutivo en turno. En ese sentido no hay variante en los hechos.

Otro aspecto relevante en las modificaciones constitucionales y normativas es la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, cuyo titular será nombrado por el Procurador de Justicia del estado, pero mientras no se instaure, el procurador formará parte del Comité Coordinador del SEA.

Debido a los compromisos y lealtades de los funcionarios públicos nombrados por el Ejecutivo del estado, poco se puede esperar de la independencia en la toma de decisiones y más aún, de una actuación libre de todo interés político o administrativo.

Por otro lado el diputado López de Lara informó a los medios de comunicación el pasado tres de julio, que Zacatecas sería el único estado en donde el secretario técnico del SEA sería nombrado por el Comité de Participación Ciudadana.

Probablemente tenga razón el legislador panista, pero el artículo 40 de la mencionada Ley tiene un candado que condiciona la designación:

Artículo 40. El titular de la Secretaría Técnica será nombrado y removido por el órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, por el voto favorable de la mayoría de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Durará tres años en su encargo, sin posibilidad de ser reelecto. Para efectos del párrafo anterior, el Presidente del órgano de gobierno someterá al Comité de Participación Ciudadana una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado como Secretario Técnico, de conformidad con la presente Ley.

Lo anterior significa que no será directa y exclusivamente el Comité de Participación Ciudadana quien designe al Secretario Técnico, sino que tendrá que pasar algunos filtros y consensos el nombramiento.

Por otro lado es importante mencionar que el SEA estará conformado por el Comité Coordinador; por el Comité de Participación Ciudadana;, el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización y los municipios.

Así mismo el Sistema Estatal Anticorrupción se integrará para su funcionamiento por los siguientes órganos: Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; órgano interno de control del Poder Ejecutivo; Tribunal de Justicia Administrativa; Tribunal Superior de Justicia del estado; Instituto Zacatecano de  Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) y el Comité de Participación Ciudadana.

Otro aspecto que considero relevante son las atribuciones de sanción del Comité  Coordinador, cuyas recomendaciones públicas NO serán vinculantes a los Entes Públicos y tendrán solamente el carácter de fortalecimiento institucional y preventivo, en el mejor de los casos, las cuales deberán tener respuesta fundada en un lapso que no exceda los 15 días después del recibimiento de la misma, de acuerdo a los artículos 70 y 71 de la multicitada Ley del SEA.

Claro está que es un inicio sentar las bases normativas para el combate a la corrupción institucional, en el que participará un sector de la sociedad civil, pero en este primer paso se antoja insuficiente ante el panorama de deterioro de la función pública.

Los próximos legisladores y la sociedad civil tienen un reto mayor en los próximos años, para fortalecer el marco normativo y transformar en vinculantes las recomendaciones que hagan a los Entes Públicos, luego del análisis respectivo y del derecho de audiencia de los implicados o vinculados.

Al tiempo.

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Código Político: El regreso de China

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El gobernador Alejandro Tello Cristerna regresa este fin de semana de una gira de promoción de inversiones en China, y encontrará algunas novedades que le darán tranquilidad y otras que le alteraron el escenario político durante su ausencia.

En lo económico aunque no hubo concreción de inversiones, el mandatario estatal realizó un placeo de relaciones públicas entre empresarios asiáticos, aunque este primer escarceo de negocios, le sirvió para medir la poca eficacia de su secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bárcenas Pous, quien al no trabajar con anticipación el mercado chino, expuso al mandatario estatal a una gira sin resultados.

En lo político existen algunas novedades que permitirán un poco de más tranquilidad para cerrar el año, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2018 el pasado cinco de diciembre.

Para algunos observadores la aprobación del paquete presupuestal a principios del presente mes, representa una especie de desaseo político, pues aunque el partido en el poder garantiza mayoría en la discusión parlamentaria, hubiese sido más ascéptico o políticamente correcto, incorporar algunos ajustes al propuesto por la oposición camaral.

Los coordinadores de Morena, PRD y PT y la legisladora del Partido Encuentro Social, Iris Aguirre Borrego, hubieran legitimado la aprobación de marras, al ajustar algunos rubros o partidas presupuestales. Pero no sucedió así.

El bloque oficialista integrado por PRI, Verde, Nueva Alianza y Acción Nacional, decidieron actuar concertadamente y encender el motor de la locomotora parlamentaria, para aprobar ipso facto el paquete presupuestal 2018.

Desde que el ex legislador José Isabel Trejo Reyes tiene el control de un sector parlamentario blanquiazul del congreso zacatecano y sobre todo, como lo es en este momento, de la dirigencia estatal panista, este partido político actuará de manera concertada con el gobierno en turno.

Misión cumplida le dirán seguramente a Tello Cristerna.

En este contexto se entiende también la aprobación de los tres magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que la semana pasada también fueron aprobadas las designaciones por el pleno de la 62 legislatura.

Raquel Velasco Macías,  Gabriel Sandoval Lara y Uriel Márquez Cristerna, fueron elegidos magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, por tres, siete y cinco años respectivamente, en la sesión legislativa del pasado jueves siete de diciembre.

Al respecto cabe recordar que en el pasado mes de julio del año en curso el congreso de Zacatecas aprobó los ordenamientos que complementan el Sistema Estatal Anticorrupción, como la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley de Justicia Administrativa, esta última, mandata la creación del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas, el cual ya no dependerá del Poder Judicial, sino que tendrá autonomía para dirimir las controversias jurídicas que se generen entre la administración pública y los particulares.

Cabe mencionar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Zacatecas, a través de su presidente, Alejandro Enríquez Suárez del Real, insistió en la transparencia de selección de los 42 candidatos al citado Tribunal, y en especial al proceso de elección de los magistrados, pero sus palabras, declaraciones y videos fueron arrojados a la indiferencia del Poder Legislativo.

En lo político el mandatario se encontrará con dos aspectos que son neurálgicos en los usos y costumbres del ritual de selección de candidatos, puesto que por un lado el dirigente estatal priista, Roberto Luévano Ruiz, interpone su renuncia a la dirigencia nacional del tricolor, mientras que por otro el ex gobernador Miguel Alonso Reyes se placea en Zacatecas, sostiene reuniones con sus incondicionales en su casa y asiste al informe del diputado, Carlos Peña Badillo, en donde reparte sonrisas, abrazos y compromisos.

Respecto a la renuncia de Luévano Ruíz a la dirigencia estatal priista se debió esperar al retorno del gobernador Tello, aún y que la relación del ex líder del PRI zacatecano tenga una extraordinaria cercanía personal con Aurelio Nuño Mayer, ex Secretario de Educación Pública y futuro coordinador de la campaña del candidato priista a la presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.

Pero el escenario más complicado que encontrará el mandatario estatal es la intervención del todavía director de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, quien ha roto todas las reglas no escritas del respeto al liderazgo del mandatario estatal.

Alonso Reyes no solamente opera a través de sus incondicionales en el congreso sino que personalmente trabaja políticamente en su favor, para intentar imponer su candidatura al senado de la República y consolidar un liderazgo que ya no le pertenece pero que se niega a aceptar su realidad.

En este escenario Alejandro Tello regresa a Zacatecas y tendrá que aplicarse más en lo político, tomar las riendas en la conducción no solo del estado, sino del proceso político electoral más importante del país y de Zacatecas.

Presiones de liderazgo y de autoridad recibirá el gobernador del estado pero sobre todo, deberá tomar decisiones que serán necesarias, dolorosas, para ejercer su mandato al que le quedan poco menos de cuatro años.

Al tiempo.

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Código Político: Estado secuestrado

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El secuestro en Zacatecas se ha convertido en una de las actividades delictivas más recurrentes en el presente año, lo que ha convertido al estado en una de las entidades federativas de mayor riesgo y preocupación para la ciudadanía.

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco concentran la mitad de los casos de secuestro denunciados en el país, entidades que concentran 398 casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo a las denuncias presentadas ante las procuradurías y fiscalías de dichos estados.

El estado de Zacatecas con 46 carpetas de investigación abiertas de enero a agosto, lidera en el centro norte del país el incremento de este delito que apenas en fechas recientes, era prácticamente mínimo su registro pero que en los últimos meses, se ha incrementado de manera alarmante.

Tamaulipas es la entidad federativa que ocupa el primer lugar nacional con una tasa de secuestro de 2.95 por cada 100 mil habitantes, pero Zacatecas se posiciona en el segundo lugar con 2.87 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Aunado a lo anterior el presente año se consolida como el más violento no solo en el país sino también en Zacatecas, lo que ejemplifica el incremento de la violencia en el estado y la incapacidad de las dependencias de seguridad estatal para contener este fenómeno que lesiona la estabilidad social.

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en el presente año se cometieron 717 homicidios, en tanto que se han registrado 350 casos de personas desaparecidas y detectado 83 fosas clandestinas de donde se han exhumado 100 cuerpos, según dio a conocer estos últimos datos, Ismael Slava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La numeralia en cuestión no va acompañada de una estrategia estatal que permita darle seguridad y confianza a la ciudadanía en general y sobre todo, protección a su integridad física y a la libertad de tránsito.

Las autoridades estatales en particular las de Zacatecas no deben ubicar a este fenómeno exclusivamente en el ámbito delincuencial, que lo es, sino ir más allá en el sentido de que es un delito que lastima a la capa más sensible de una sociedad, a la familia, que es su célula base.

No solo es un conflicto de policías y ladrones o en este caso, de corporaciones de seguridad y secuestradores, sino que es un fenómeno que lastima y hiere muchos ángulos, por ejemplo, la convivencia social, la actividad empresarial o profesional y la credibilidad en las instituciones de seguridad.

Y es que hoy día algunas bandas delictivas y pandillas de barrio secuestran a personas que con mucho esfuerzo y dedicación, han consolidado un capital familiar a través de la microempresa o la profesión.

Ya no son los grandes empresarios los que están en riesgo de ser privados de su libertad, sino los pequeños o microempresarios, los profesionistas, que han hecho un pequeño capital y que les es arrebatado con violencia.

Las bandas de secuestradores que hoy actúan en el estado son cada vez más violentas y ello perfila que, cuando una de sus víctimas es atrapada en su negocio, casa o en la calle, las posibilidades de regresar a su hogar son mínimas, aún y cuando sus familiares y amigos hayan hecho un gran esfuerzo para pagar el rescate.

En este contexto pocas familias denuncian el secuestro de algún familiar porque temen por la vida del plagiado, pero lo que es peor, en muchas ocasiones son también víctimas de las amenazas y las presiones de los delincuentes.

Hasta el momento las autoridades estatales de seguridad pública no han podido contener y menos castigar con todo el rigor de la Ley a los secuestradores, aún y cuando se hacen esfuerzos por detener este fenómeno.

En contraparte se observa un desatino en el manejo de las denuncias de secuestro, puesto que lejos de atenderla con profesionalismo y con el sigilo que demanda el protocolo para la preservación de la integridad física de la víctima, el vocero de Seguridad gubernamental, Marco Antonio Vargas Duarte, cae en contradicciones que podrían configurar una acción de ocultamiento de los hechos.

Asimismo el Secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Ismael Camberos Hernández, manifiesta su inconformidad por el manejo de cifras de violencia en Zacatecas, en lugar de mostrar una acción eficaz en contra de la incidencia delictiva.

A su vez el Procurador de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, evade el encuentro con los medios de comunicación, y prefiere enviar mensajes en video a través de las redes sociales, en lugar de mostrar el trabajo de investigación de delitos de la dependencia a su cargo.

Negando el problema no se evitará la publicación de las cifras de incidencia del delito en el estado y menos aún, intentando ocultar una realidad que nos lastima a todos y que pone en riesgo la estabilidad social, económica y política del estado.

Zacatecas es actualmente, un estado secuestrado.

Al tiempo.

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Código Político: Selección de candidatos

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El gobernador del estado Alejandro Tello partirá a China en gira promocional de inversiones para Zacatecas y a su regreso, tendrá que enfrentar dos procesos de selección de candidatos que serán trascendentes para su desempeño gubernamental, el local y presidencial priista.

Para Tello Cristerna será la primera ocasión que personalmente encabece, dirija y apruebe a los candidatos y candidatas que contenderán por una diputación local y por una presidencia municipal, puesto que en el pasado proceso electoral, su antecesor Miguel Alonso Reyes, no le permitió ni siquiera proponer a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Si bien es cierto en el pasado sexenio el actual mandatario estatal fue el coordinador de las campañas locales, en esta ocasión tendrá la oportunidad de aprobar y/o designar a quienes serán registrados como candidatos en los comicios del 2018.

El Ejecutivo del estado partirá a China el próximo jueves 30 de noviembre mientras que en el estado se agitará el proceso de selección de aspirantes a un puesto de elección popular, luego de que este fin de semana el Consejo Político local, en sesión extraordinaria, acordó el método de selección de candidatos. El resolutivo fue enviado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para su aprobación y términos de la convocatoria que emitirá.

El método es muy sencillo: el 50% de las candidaturas serán electas por convención de delegados y el 50 por ciento restante, será mediante la comisión para la postulación de candidatos que será presidida por el senador, José Marco Antonio Olvera Acevedo.

Lo curioso del proceso de selección de candidaturas locales es que el mencionado consejo político aprobó la ejecución de una fase previa a la selección de candidaturas, en la que se aplicará un examen de conocimientos a los aspirantes.

El argumento del Consejo Político priista es muy simple:  “seleccionar a los aspirantes más idóneos como precandidatos y precandidatas”, según se publica en un comunicado.

El “candado” de registro es interesante pero lo sería más, si el Comité Directivo Estatal publicara las calificaciones de los aspirantes, así como el tipo de cuestionamientos que se les formularán. Estaremos al pendiente.

En este contexto del proceso de selección de candidaturas se ubica la definición que tomará el actual dirigente estatal del tricolor, Roberto Luévano Ruiz, quien renovó los comités municipales de su partido de una forma discreta, lo que le permitió ajustar una estructura partidista afín que le facilite conducir el trámite selectivo.

Los próximos días serán decisivos para el líder priista zacatecano, puesto que de estar en condiciones de una postulación electoral, tendría que abandonar la dirigencia tricolor y evitar ser juez y parte en esta etapa.

Otro proceso que tendrá que enfrentar el gobernador Alejandro Tello en condiciones poco favorables es el de la sucesión presidencial, pues su definición en favor del candidato priista a la presidencia de la República, le permitirá transitar los cuatro años restantes de su administración con un poco de mayor tranquilidad.

El mandatario estatal tiene una oportunidad de oro debido a que el PRI presentará el próximo 14 de diciembre a su pre candidato presidencial, lo que le evitaría un desgaste en la etapa previa de selección.

Sin embargo será difícil que evite el ruido que metería una eventual postulación al Senado de la República de su antecesor, Alonso Reyes, quien como se observa, es la carta fuerte del actual presidente Enrique Peña para Zacatecas, aunque este escenario podría modificarse si el candidato presidencial marca distancia del inquilino de Los Pinos.

Mientras estos escenarios se definen el gobernador zacatecano prepara maletas para emprender la próxima semana un viaje de promoción de inversiones para Zacatecas en China, en donde se contactará a 20 empresas de los sectores, automotriz, extractivo, manufacturero, generadoras de energía y especializadas en proyectos hidráulicos.

Esta, también constituirá la primera salida al extranjero del mandatario estatal después de 14 meses de estar al frente del Poder Ejecutivo en Zacatecas, que le podría permitir consolidar cinco cartas de intención con empresas asiáticas.

En este viaje Tello Cristerna tendrá tiempo de analizar los perfiles de quienes podrían encabezar una candidatura local o federal; reflexionar sobre la conducción del proceso electoral en las próximas semanas y en especial, sobre la oportunidad que se le presenta  para asumir plena y totalmente el control político del estado.

Al tiempo.

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