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Código Político: ¿Fondo o forma en los cambios?

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Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

Seguridad y finanzas han sido los temas torales en la todavía incipiente administración del gobernador Alejandro Tello por una simple y sencilla razón: es el dúo temático que más desestabiliza a su gobierno.

En el tema financiero el mandatario estatal no ha realizado cambios pero si algunas acciones, sobre todo recaudatorias, que le han resultado muy cuestionadas por los contribuyentes zacatecanos y en especial, por algunas empresas, particularmente las mineras que se inconformaron con la aprobación que hiciera el congreso en diciembre pasado del Impuesto de Remediación Ecológica.

La apertura del gobierno tellista se hizo bajo el signo de lo que el propio Ejecutivo del estado llamó “asfixia financiera” en que dejó la administración pública Miguel Alonso Reyes, quien edificó construcciones de alto costo financiero y de nula rentabilidad social que incluso, algunas de ellas están frenadas o semiparalizadas.

Pero además de lo que popularmente se les llama “elefantes blancos” a esas obras innecesarias y suntuosas que en el argot popular están bajo la sospecha de fuentes de corrupción, el actual director de Fonatur dejó la deuda estatal más grande de los gobiernos zacatecanos, lo que encendió los focos rojos en la administración gubernamental.

A pesar de todo lo anterior el mandatario estatal no ha puesto en marcha una investigación y por lo tanto, no hay sanciones ni exoneraciones por el momento. La Secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, dice que se analizan algunas observaciones, pero es hasta el momento, solo discurso para atemperar los cuestionamientos de los zacatecanos y de los medios de comunicación.

En lo recaudatorio Alejandro Tello Cristerna ha aplicado mano dura. Incrementó los impuestos estatales y creó otros, como el de Infraestructura, con lo que intenta tener un poco de solvencia en las arcas estatales para afrontar los compromisos y evitar, en la medida de lo posible, la paralización de una economía estatal que depende sustancialmente de la inversión y gasto público.

Y ante la “asfixia financiera” generada en gran medida por el incremento exponencial de la deuda pública local, la semana pasada el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, informó que se pagaron 2 mil 800 millones de pesos para liquidar créditos a Banobras, BBVA Bancomer y HSBC, así como 4 mil 073 millones 547 mil 428 pesos a Banorte, con lo cual se “refinancian” empréstitos y se liberan 300 millones de pesos anualmente, comprometidos de las participaciones federales como garantía para el pago a las instituciones bancarias mencionadas.

En este contexto quedará pendiente un crédito con Santander (no se especificó el monto) que será finiquitado el próximo 19 de junio de 2017.

Como puede observarse el gobierno estatal ha estado más presionado por la liquidez de las finanzas públicas, en donde campea la preocupación en el sector educativo por la prevalencia de contratos colectivos de trabajo, cuyas cláusulas son sometidas a revisiones y negociación por su inviabilidad financiera.

En el tema de seguridad la visión del gobernador Alejandro Tello es en el sentido de nombrar a un civil al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal, pero en su visita a México con el General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), cambió de opinión y regresó a Zacatecas con el nombramiento del general Froylán Carlos Cruz bajo el hombro.

La llegada del general Froylán Carlos Cruz a la Secretaría de Seguridad Pública fue muy cuestionada sobre todo por su participación en la represión de maestros en Nochixtlán, Oaxaca, pero sobre todo porque siempre quiso minimizar el incremento de la violencia en Zacatecas.

El ex secretario de Seguridad del gobierno zacatecano nunca presentó un plan de seguridad para el estado, tampoco dio a conocer a sus mandos y menos aún, informó sobre una estrategia de contención de los homicidios dolosos que se generaron durante su breve período y que crecieron de manera exponencial.

El pasado tres de abril el mandatario estatal nombró a Jaime Francisco Flores Medina, como secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad, en sustitución de Nancy Espinosa Medina, quien semanas anteriores había sido ratificada y cuya salida desató sospechas de malos manejos administrativos.

Después de la presión mediática y del congreso del estado, Alejandro Tello decidió hacer el cambio del general Froylán Carlos Cruz el pasado jueves 15 de junio, quien fue sustituido por Ismael Camberos Hernández, de amplia carrera en la Policía Federal en cuya academia de formación ha sido docente.
Tello Cristerna escuchó los reclamos sociales, mediáticos y parlamentarios para realizar el cambio en la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se espera que el relevo sea de fondo y no de forma, porque los índices de violencia, homicidios y delitos comunes están a la alza en el estado.

¿Es el único cambio que debe hacer el mandatario estatal?

En algunas entrevistas con los medios de comunicación Alejandro Tello ha dicho que nadie está seguro en su gabinete y que haría una evaluación para realizar cambios en su equipo de trabajo en el próximo mes de septiembre.

La conformación del gabinete no ha sido cien por ciento integrada por el mandatario estatal. Algunas posiciones son producto de negociaciones políticas pero otras, son de carácter empresarial. En unas y otras no hay resultados satisfactorios.

Ejemplo de lo político son las secretarías de Agua y Medio Ambiente (Sama) y Desarrollo Social, cuyos titulares respectivos, Víctor Armas Sagoya y Otilio Rivera Herrera, son operadores políticos queno han dado resultados que abonen a la eficacia de políticas públicas gubernamentales y menos aún, que retribuyan a la imagen gubernamental.

El caso de las Secretarías de Turismo y Economía, son propuestas del sector empresarial que giran en torno a la influencia de Manuel Fernando Sescosse Varela, presidente del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico, empresario taurino y propietario de la ganadería Boquillas del Carmen, quien además presidió por cuatro años la Asociación Nacional de Criadores de Toros de Lidia.

Sescosse Varela fue designado en noviembre de 2007 director de Banca de Gobierno del Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V. en donde se desempeñó anteriormente como director general de Comercio de la misma institución financiera y bancaria.

En la actualidad Sescosse Varela es empresario de la Monumental Plaza de Toros Zacatecas y uno de los hombres de negocio de mayor influencia en los gobiernos estatales, desde la administración de Genaro Borrego Estrada.

También fue un férreo cuestionador de la medida gubernamental en la aplicación del llamado “impuesto minero” y por ende, defensor de los intereses empresariales.
Sin embargo los responsables de las secretarías de Turismo y Economía, Eduardo Yarto Aponte y Carlos Bárcena Pours, originarios de la Ciudad de México y de San Luis Potosí, respectivamente, no han dado los resultados esperados en sus respectivas dependencias hasta el momento.

¿Fondo o forma en los cambios que hará próximamente Alejandro Tello?

Al tiempo.

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Código Político: El regreso de China

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El gobernador Alejandro Tello Cristerna regresa este fin de semana de una gira de promoción de inversiones en China, y encontrará algunas novedades que le darán tranquilidad y otras que le alteraron el escenario político durante su ausencia.

En lo económico aunque no hubo concreción de inversiones, el mandatario estatal realizó un placeo de relaciones públicas entre empresarios asiáticos, aunque este primer escarceo de negocios, le sirvió para medir la poca eficacia de su secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bárcenas Pous, quien al no trabajar con anticipación el mercado chino, expuso al mandatario estatal a una gira sin resultados.

En lo político existen algunas novedades que permitirán un poco de más tranquilidad para cerrar el año, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2018 el pasado cinco de diciembre.

Para algunos observadores la aprobación del paquete presupuestal a principios del presente mes, representa una especie de desaseo político, pues aunque el partido en el poder garantiza mayoría en la discusión parlamentaria, hubiese sido más ascéptico o políticamente correcto, incorporar algunos ajustes al propuesto por la oposición camaral.

Los coordinadores de Morena, PRD y PT y la legisladora del Partido Encuentro Social, Iris Aguirre Borrego, hubieran legitimado la aprobación de marras, al ajustar algunos rubros o partidas presupuestales. Pero no sucedió así.

El bloque oficialista integrado por PRI, Verde, Nueva Alianza y Acción Nacional, decidieron actuar concertadamente y encender el motor de la locomotora parlamentaria, para aprobar ipso facto el paquete presupuestal 2018.

Desde que el ex legislador José Isabel Trejo Reyes tiene el control de un sector parlamentario blanquiazul del congreso zacatecano y sobre todo, como lo es en este momento, de la dirigencia estatal panista, este partido político actuará de manera concertada con el gobierno en turno.

Misión cumplida le dirán seguramente a Tello Cristerna.

En este contexto se entiende también la aprobación de los tres magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que la semana pasada también fueron aprobadas las designaciones por el pleno de la 62 legislatura.

Raquel Velasco Macías,  Gabriel Sandoval Lara y Uriel Márquez Cristerna, fueron elegidos magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, por tres, siete y cinco años respectivamente, en la sesión legislativa del pasado jueves siete de diciembre.

Al respecto cabe recordar que en el pasado mes de julio del año en curso el congreso de Zacatecas aprobó los ordenamientos que complementan el Sistema Estatal Anticorrupción, como la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley de Justicia Administrativa, esta última, mandata la creación del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas, el cual ya no dependerá del Poder Judicial, sino que tendrá autonomía para dirimir las controversias jurídicas que se generen entre la administración pública y los particulares.

Cabe mencionar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Zacatecas, a través de su presidente, Alejandro Enríquez Suárez del Real, insistió en la transparencia de selección de los 42 candidatos al citado Tribunal, y en especial al proceso de elección de los magistrados, pero sus palabras, declaraciones y videos fueron arrojados a la indiferencia del Poder Legislativo.

En lo político el mandatario se encontrará con dos aspectos que son neurálgicos en los usos y costumbres del ritual de selección de candidatos, puesto que por un lado el dirigente estatal priista, Roberto Luévano Ruiz, interpone su renuncia a la dirigencia nacional del tricolor, mientras que por otro el ex gobernador Miguel Alonso Reyes se placea en Zacatecas, sostiene reuniones con sus incondicionales en su casa y asiste al informe del diputado, Carlos Peña Badillo, en donde reparte sonrisas, abrazos y compromisos.

Respecto a la renuncia de Luévano Ruíz a la dirigencia estatal priista se debió esperar al retorno del gobernador Tello, aún y que la relación del ex líder del PRI zacatecano tenga una extraordinaria cercanía personal con Aurelio Nuño Mayer, ex Secretario de Educación Pública y futuro coordinador de la campaña del candidato priista a la presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.

Pero el escenario más complicado que encontrará el mandatario estatal es la intervención del todavía director de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, quien ha roto todas las reglas no escritas del respeto al liderazgo del mandatario estatal.

Alonso Reyes no solamente opera a través de sus incondicionales en el congreso sino que personalmente trabaja políticamente en su favor, para intentar imponer su candidatura al senado de la República y consolidar un liderazgo que ya no le pertenece pero que se niega a aceptar su realidad.

En este escenario Alejandro Tello regresa a Zacatecas y tendrá que aplicarse más en lo político, tomar las riendas en la conducción no solo del estado, sino del proceso político electoral más importante del país y de Zacatecas.

Presiones de liderazgo y de autoridad recibirá el gobernador del estado pero sobre todo, deberá tomar decisiones que serán necesarias, dolorosas, para ejercer su mandato al que le quedan poco menos de cuatro años.

Al tiempo.

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Código Político: Estado secuestrado

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El secuestro en Zacatecas se ha convertido en una de las actividades delictivas más recurrentes en el presente año, lo que ha convertido al estado en una de las entidades federativas de mayor riesgo y preocupación para la ciudadanía.

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco concentran la mitad de los casos de secuestro denunciados en el país, entidades que concentran 398 casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo a las denuncias presentadas ante las procuradurías y fiscalías de dichos estados.

El estado de Zacatecas con 46 carpetas de investigación abiertas de enero a agosto, lidera en el centro norte del país el incremento de este delito que apenas en fechas recientes, era prácticamente mínimo su registro pero que en los últimos meses, se ha incrementado de manera alarmante.

Tamaulipas es la entidad federativa que ocupa el primer lugar nacional con una tasa de secuestro de 2.95 por cada 100 mil habitantes, pero Zacatecas se posiciona en el segundo lugar con 2.87 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Aunado a lo anterior el presente año se consolida como el más violento no solo en el país sino también en Zacatecas, lo que ejemplifica el incremento de la violencia en el estado y la incapacidad de las dependencias de seguridad estatal para contener este fenómeno que lesiona la estabilidad social.

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en el presente año se cometieron 717 homicidios, en tanto que se han registrado 350 casos de personas desaparecidas y detectado 83 fosas clandestinas de donde se han exhumado 100 cuerpos, según dio a conocer estos últimos datos, Ismael Slava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La numeralia en cuestión no va acompañada de una estrategia estatal que permita darle seguridad y confianza a la ciudadanía en general y sobre todo, protección a su integridad física y a la libertad de tránsito.

Las autoridades estatales en particular las de Zacatecas no deben ubicar a este fenómeno exclusivamente en el ámbito delincuencial, que lo es, sino ir más allá en el sentido de que es un delito que lastima a la capa más sensible de una sociedad, a la familia, que es su célula base.

No solo es un conflicto de policías y ladrones o en este caso, de corporaciones de seguridad y secuestradores, sino que es un fenómeno que lastima y hiere muchos ángulos, por ejemplo, la convivencia social, la actividad empresarial o profesional y la credibilidad en las instituciones de seguridad.

Y es que hoy día algunas bandas delictivas y pandillas de barrio secuestran a personas que con mucho esfuerzo y dedicación, han consolidado un capital familiar a través de la microempresa o la profesión.

Ya no son los grandes empresarios los que están en riesgo de ser privados de su libertad, sino los pequeños o microempresarios, los profesionistas, que han hecho un pequeño capital y que les es arrebatado con violencia.

Las bandas de secuestradores que hoy actúan en el estado son cada vez más violentas y ello perfila que, cuando una de sus víctimas es atrapada en su negocio, casa o en la calle, las posibilidades de regresar a su hogar son mínimas, aún y cuando sus familiares y amigos hayan hecho un gran esfuerzo para pagar el rescate.

En este contexto pocas familias denuncian el secuestro de algún familiar porque temen por la vida del plagiado, pero lo que es peor, en muchas ocasiones son también víctimas de las amenazas y las presiones de los delincuentes.

Hasta el momento las autoridades estatales de seguridad pública no han podido contener y menos castigar con todo el rigor de la Ley a los secuestradores, aún y cuando se hacen esfuerzos por detener este fenómeno.

En contraparte se observa un desatino en el manejo de las denuncias de secuestro, puesto que lejos de atenderla con profesionalismo y con el sigilo que demanda el protocolo para la preservación de la integridad física de la víctima, el vocero de Seguridad gubernamental, Marco Antonio Vargas Duarte, cae en contradicciones que podrían configurar una acción de ocultamiento de los hechos.

Asimismo el Secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Ismael Camberos Hernández, manifiesta su inconformidad por el manejo de cifras de violencia en Zacatecas, en lugar de mostrar una acción eficaz en contra de la incidencia delictiva.

A su vez el Procurador de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, evade el encuentro con los medios de comunicación, y prefiere enviar mensajes en video a través de las redes sociales, en lugar de mostrar el trabajo de investigación de delitos de la dependencia a su cargo.

Negando el problema no se evitará la publicación de las cifras de incidencia del delito en el estado y menos aún, intentando ocultar una realidad que nos lastima a todos y que pone en riesgo la estabilidad social, económica y política del estado.

Zacatecas es actualmente, un estado secuestrado.

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Código Político: Selección de candidatos

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El gobernador del estado Alejandro Tello partirá a China en gira promocional de inversiones para Zacatecas y a su regreso, tendrá que enfrentar dos procesos de selección de candidatos que serán trascendentes para su desempeño gubernamental, el local y presidencial priista.

Para Tello Cristerna será la primera ocasión que personalmente encabece, dirija y apruebe a los candidatos y candidatas que contenderán por una diputación local y por una presidencia municipal, puesto que en el pasado proceso electoral, su antecesor Miguel Alonso Reyes, no le permitió ni siquiera proponer a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Si bien es cierto en el pasado sexenio el actual mandatario estatal fue el coordinador de las campañas locales, en esta ocasión tendrá la oportunidad de aprobar y/o designar a quienes serán registrados como candidatos en los comicios del 2018.

El Ejecutivo del estado partirá a China el próximo jueves 30 de noviembre mientras que en el estado se agitará el proceso de selección de aspirantes a un puesto de elección popular, luego de que este fin de semana el Consejo Político local, en sesión extraordinaria, acordó el método de selección de candidatos. El resolutivo fue enviado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para su aprobación y términos de la convocatoria que emitirá.

El método es muy sencillo: el 50% de las candidaturas serán electas por convención de delegados y el 50 por ciento restante, será mediante la comisión para la postulación de candidatos que será presidida por el senador, José Marco Antonio Olvera Acevedo.

Lo curioso del proceso de selección de candidaturas locales es que el mencionado consejo político aprobó la ejecución de una fase previa a la selección de candidaturas, en la que se aplicará un examen de conocimientos a los aspirantes.

El argumento del Consejo Político priista es muy simple:  “seleccionar a los aspirantes más idóneos como precandidatos y precandidatas”, según se publica en un comunicado.

El “candado” de registro es interesante pero lo sería más, si el Comité Directivo Estatal publicara las calificaciones de los aspirantes, así como el tipo de cuestionamientos que se les formularán. Estaremos al pendiente.

En este contexto del proceso de selección de candidaturas se ubica la definición que tomará el actual dirigente estatal del tricolor, Roberto Luévano Ruiz, quien renovó los comités municipales de su partido de una forma discreta, lo que le permitió ajustar una estructura partidista afín que le facilite conducir el trámite selectivo.

Los próximos días serán decisivos para el líder priista zacatecano, puesto que de estar en condiciones de una postulación electoral, tendría que abandonar la dirigencia tricolor y evitar ser juez y parte en esta etapa.

Otro proceso que tendrá que enfrentar el gobernador Alejandro Tello en condiciones poco favorables es el de la sucesión presidencial, pues su definición en favor del candidato priista a la presidencia de la República, le permitirá transitar los cuatro años restantes de su administración con un poco de mayor tranquilidad.

El mandatario estatal tiene una oportunidad de oro debido a que el PRI presentará el próximo 14 de diciembre a su pre candidato presidencial, lo que le evitaría un desgaste en la etapa previa de selección.

Sin embargo será difícil que evite el ruido que metería una eventual postulación al Senado de la República de su antecesor, Alonso Reyes, quien como se observa, es la carta fuerte del actual presidente Enrique Peña para Zacatecas, aunque este escenario podría modificarse si el candidato presidencial marca distancia del inquilino de Los Pinos.

Mientras estos escenarios se definen el gobernador zacatecano prepara maletas para emprender la próxima semana un viaje de promoción de inversiones para Zacatecas en China, en donde se contactará a 20 empresas de los sectores, automotriz, extractivo, manufacturero, generadoras de energía y especializadas en proyectos hidráulicos.

Esta, también constituirá la primera salida al extranjero del mandatario estatal después de 14 meses de estar al frente del Poder Ejecutivo en Zacatecas, que le podría permitir consolidar cinco cartas de intención con empresas asiáticas.

En este viaje Tello Cristerna tendrá tiempo de analizar los perfiles de quienes podrían encabezar una candidatura local o federal; reflexionar sobre la conducción del proceso electoral en las próximas semanas y en especial, sobre la oportunidad que se le presenta  para asumir plena y totalmente el control político del estado.

Al tiempo.

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