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Código Político: Derechos humanos bajo la política

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Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

La filtración de un par de fotografías a medios televisivos al inicio de semana pasada y la renuncia de la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Mara Muños Galván, quien hizo una serie de revelaciones de presunta violación a los derechos humanos, pusieron en evidencia el control de estos derechos bajo la dictadura de la política.

Existen dos momentos y dos fotografías que son muy distintas: las primeras que circularon son en color y en ellas aparecen reclusos del penal de Cieneguillas acostados boca abajo.

La segunda fue una serie de fotografías blanco y negro en donde todo indica que fue una revisión hecha por la policía estatal al mando del secretario de Seguridad Pública, general Jesús Pinto Ortiz, quien aparece en una de las incursiones que se hicieron en el sexenio pasado, en donde algunos los internos  aparecen desnudos y otros con ropa.

En dichas fotografías los reclusos se encuentran sometidos a la revisión de la policía antimotines, al parecer, en una de tantas que se realizaron al interior del Centro de Reinserción Social de Zacatecas.

En ambos casos hubo un largo y prolongado silencio institucional durante la semana pasada y fue hasta el jueves cuando el caso llegó al congreso del estado, en donde los diputados de oposición cuestionaron sobre todo, la presencia del ex secretario de Seguridad Pública Estatal de la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes y exigieron una investigación a fondo del tema.

Cabe reiterar que son dos fotografías que corresponden a hechos y momentos distintos. No se puede asegurar que sendas gráficas corresponden a la administración gubernamental pasada.

Sin embargo dichos testimonios gráficos no fueron tomados por reos ni por custodios, sino que todo parece indicar que corresponden a cámaras de seguridad interna, lo que podría interpretarse como un ajuste de cuentas institucional.

Pero el tema fue rápidamente rebasado por la denuncia que hiciera la directora del Centro de Justicia para las Mujeres, Mara Muñoz Galván, quien en una larga carta de renuncia expone la presunción de obstrucción de la justicia en la Procuraduría General de Justicia del estado.

El caso no es menor sino todo lo contrario. Expone una serie de irregularidades tanto en el ámbito administrativo como en el de impartición de justicia, en el que estarían involucrados un alto mando de la Policía Ministerial y un recién nombrado sub procurador de Justicia.

En este último caso el gobernador Alejandro Tello afirmó que la ahora ex funcionaria es su amiga y que no existe nada en contra de ella, al tiempo que la exhortó a presentar de manera formal las denuncias que hizo ante los medios de comunicación zacatecanos.

Ambos casos seguramente caerán rápidamente en el olvido de la opinión pública, debido por un lado al período vacacional de Semana Santa y por otro, el cúmulo de acontecimientos de alto impacto que se generan en el estado.

Sin embargo es importante hacer algunas consideraciones al respecto, en especial por la responsabilidad y función de los órganos de investigación e impartición de justicia en la entidad:

En primer término los zacatecanos no observan a un órgano estatal de defensa de los derechos humanos que actúe con independencia y menos aún, con celeridad ante situaciones que deberían ser de oficio cuando trascienden en los medios de comunicación.

Esta actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas a cargo de María de la Luz Domínguez Campos, provocó un a serie de cuestionamientos e ironías en la tribuna de la 62 legislatura en la sesión del jueves pasado, puesto que diputados y diputadas de oposición señalaron que cómo era posible que la mencionada comisión estuviera esperando la ratificación de la denuncia de reos del penal de Cieneguillas para que pudiera actuar.

El caso de la ahora ex directora del Centro de Justicia para las Mujeres, organismo dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado es también delicado, no solamente por las denuncias hechas ante la prensa local, sino por el silencio que guardan organismos como la propia CDHEZ y la Secretaría de la Mujer.

En la citada misiva de su dimisión la ex funcionaria especifica que “cabe mencionar que, en un caso de presunta violación equiparada, actué para que el ministerio público de delitos sexuales integrara con diligencia la carpeta de investigación y solicitara la prisión preventiva a la autoridad jurisdiccional, atendiendo al principio de que la justicia debe ser pronta y expedita. En este caso, por actuar de manera inmediata se interpuso en mi contra una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual se encuentra en trámite”.

Agrega al respecto que “el imputado se encuentra en prisión preventiva siguiendo el debido proceso, no obstante, la negativa de la víctima a conceder el beneficio del proceso abreviado, con el cual el imputado saldría libre, el ahora subprocurador se empeña en beneficiar al presunto responsable”.

La ex funcionaria pública hace referencia también a lo que llama “la enorme descomposición de los cuerpos policiales ministeriales pertenecientes a la Procuraduría pues son varios los casos de violencia familiar y abuso sexual que se siguen en contra de elementos de esta corporación, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas contundentes para reprender y erradicar estas conductas de quienes se supone tienen el objetivo de proteger a la ciudadanía”.

Mara Muñoz Galván, quien fuera la primera directora del Instituto de la Mujer Zacatecana (Inmuza) creado durante la administración del gobernador, Ricardo Monreal Ávila y que constituye el antecedente inmediato de la Secretaría de la Mujer, señala en la parte final de la multicitada carta que “me niego a ser parte de la simulación, del discurso que dice estar a favor de las mujeres y que en los hechos se queda hueco, sin resultados tangibles”.

Ambos casos expuestos constituyen una muestra de la fragilidad institucional en materia de derechos humanos en Zacatecas que, lejos de emprender acciones de reconstitución institucional, pareciera que son rehenes de la política.

En el caso de la CDHEZ también habría que exigirle a su consejo consultivo un mayor compromiso con la sociedad y sobre todo, una mayor participación activa en las decisiones que se dan al interior del organismo autónomo.

Los consejeros también son corresponsables de las decisiones que se toman al interior de dicho organismo y por tanto, deben asumir su responsabilidad, no solo por la imagen institucional, sino por el compromiso que tienen al ser representantes de la sociedad zacatecana.

Al tiempo.

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Código Político: El regreso de China

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El gobernador Alejandro Tello Cristerna regresa este fin de semana de una gira de promoción de inversiones en China, y encontrará algunas novedades que le darán tranquilidad y otras que le alteraron el escenario político durante su ausencia.

En lo económico aunque no hubo concreción de inversiones, el mandatario estatal realizó un placeo de relaciones públicas entre empresarios asiáticos, aunque este primer escarceo de negocios, le sirvió para medir la poca eficacia de su secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bárcenas Pous, quien al no trabajar con anticipación el mercado chino, expuso al mandatario estatal a una gira sin resultados.

En lo político existen algunas novedades que permitirán un poco de más tranquilidad para cerrar el año, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2018 el pasado cinco de diciembre.

Para algunos observadores la aprobación del paquete presupuestal a principios del presente mes, representa una especie de desaseo político, pues aunque el partido en el poder garantiza mayoría en la discusión parlamentaria, hubiese sido más ascéptico o políticamente correcto, incorporar algunos ajustes al propuesto por la oposición camaral.

Los coordinadores de Morena, PRD y PT y la legisladora del Partido Encuentro Social, Iris Aguirre Borrego, hubieran legitimado la aprobación de marras, al ajustar algunos rubros o partidas presupuestales. Pero no sucedió así.

El bloque oficialista integrado por PRI, Verde, Nueva Alianza y Acción Nacional, decidieron actuar concertadamente y encender el motor de la locomotora parlamentaria, para aprobar ipso facto el paquete presupuestal 2018.

Desde que el ex legislador José Isabel Trejo Reyes tiene el control de un sector parlamentario blanquiazul del congreso zacatecano y sobre todo, como lo es en este momento, de la dirigencia estatal panista, este partido político actuará de manera concertada con el gobierno en turno.

Misión cumplida le dirán seguramente a Tello Cristerna.

En este contexto se entiende también la aprobación de los tres magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que la semana pasada también fueron aprobadas las designaciones por el pleno de la 62 legislatura.

Raquel Velasco Macías,  Gabriel Sandoval Lara y Uriel Márquez Cristerna, fueron elegidos magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, por tres, siete y cinco años respectivamente, en la sesión legislativa del pasado jueves siete de diciembre.

Al respecto cabe recordar que en el pasado mes de julio del año en curso el congreso de Zacatecas aprobó los ordenamientos que complementan el Sistema Estatal Anticorrupción, como la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley de Justicia Administrativa, esta última, mandata la creación del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas, el cual ya no dependerá del Poder Judicial, sino que tendrá autonomía para dirimir las controversias jurídicas que se generen entre la administración pública y los particulares.

Cabe mencionar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Zacatecas, a través de su presidente, Alejandro Enríquez Suárez del Real, insistió en la transparencia de selección de los 42 candidatos al citado Tribunal, y en especial al proceso de elección de los magistrados, pero sus palabras, declaraciones y videos fueron arrojados a la indiferencia del Poder Legislativo.

En lo político el mandatario se encontrará con dos aspectos que son neurálgicos en los usos y costumbres del ritual de selección de candidatos, puesto que por un lado el dirigente estatal priista, Roberto Luévano Ruiz, interpone su renuncia a la dirigencia nacional del tricolor, mientras que por otro el ex gobernador Miguel Alonso Reyes se placea en Zacatecas, sostiene reuniones con sus incondicionales en su casa y asiste al informe del diputado, Carlos Peña Badillo, en donde reparte sonrisas, abrazos y compromisos.

Respecto a la renuncia de Luévano Ruíz a la dirigencia estatal priista se debió esperar al retorno del gobernador Tello, aún y que la relación del ex líder del PRI zacatecano tenga una extraordinaria cercanía personal con Aurelio Nuño Mayer, ex Secretario de Educación Pública y futuro coordinador de la campaña del candidato priista a la presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.

Pero el escenario más complicado que encontrará el mandatario estatal es la intervención del todavía director de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, quien ha roto todas las reglas no escritas del respeto al liderazgo del mandatario estatal.

Alonso Reyes no solamente opera a través de sus incondicionales en el congreso sino que personalmente trabaja políticamente en su favor, para intentar imponer su candidatura al senado de la República y consolidar un liderazgo que ya no le pertenece pero que se niega a aceptar su realidad.

En este escenario Alejandro Tello regresa a Zacatecas y tendrá que aplicarse más en lo político, tomar las riendas en la conducción no solo del estado, sino del proceso político electoral más importante del país y de Zacatecas.

Presiones de liderazgo y de autoridad recibirá el gobernador del estado pero sobre todo, deberá tomar decisiones que serán necesarias, dolorosas, para ejercer su mandato al que le quedan poco menos de cuatro años.

Al tiempo.

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Código Político: Estado secuestrado

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El secuestro en Zacatecas se ha convertido en una de las actividades delictivas más recurrentes en el presente año, lo que ha convertido al estado en una de las entidades federativas de mayor riesgo y preocupación para la ciudadanía.

Veracruz, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco concentran la mitad de los casos de secuestro denunciados en el país, entidades que concentran 398 casos de privación ilegal de la libertad, de acuerdo a las denuncias presentadas ante las procuradurías y fiscalías de dichos estados.

El estado de Zacatecas con 46 carpetas de investigación abiertas de enero a agosto, lidera en el centro norte del país el incremento de este delito que apenas en fechas recientes, era prácticamente mínimo su registro pero que en los últimos meses, se ha incrementado de manera alarmante.

Tamaulipas es la entidad federativa que ocupa el primer lugar nacional con una tasa de secuestro de 2.95 por cada 100 mil habitantes, pero Zacatecas se posiciona en el segundo lugar con 2.87 por cada 100 mil habitantes, de acuerdo al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Aunado a lo anterior el presente año se consolida como el más violento no solo en el país sino también en Zacatecas, lo que ejemplifica el incremento de la violencia en el estado y la incapacidad de las dependencias de seguridad estatal para contener este fenómeno que lesiona la estabilidad social.

De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en el presente año se cometieron 717 homicidios, en tanto que se han registrado 350 casos de personas desaparecidas y detectado 83 fosas clandestinas de donde se han exhumado 100 cuerpos, según dio a conocer estos últimos datos, Ismael Slava Pérez, primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La numeralia en cuestión no va acompañada de una estrategia estatal que permita darle seguridad y confianza a la ciudadanía en general y sobre todo, protección a su integridad física y a la libertad de tránsito.

Las autoridades estatales en particular las de Zacatecas no deben ubicar a este fenómeno exclusivamente en el ámbito delincuencial, que lo es, sino ir más allá en el sentido de que es un delito que lastima a la capa más sensible de una sociedad, a la familia, que es su célula base.

No solo es un conflicto de policías y ladrones o en este caso, de corporaciones de seguridad y secuestradores, sino que es un fenómeno que lastima y hiere muchos ángulos, por ejemplo, la convivencia social, la actividad empresarial o profesional y la credibilidad en las instituciones de seguridad.

Y es que hoy día algunas bandas delictivas y pandillas de barrio secuestran a personas que con mucho esfuerzo y dedicación, han consolidado un capital familiar a través de la microempresa o la profesión.

Ya no son los grandes empresarios los que están en riesgo de ser privados de su libertad, sino los pequeños o microempresarios, los profesionistas, que han hecho un pequeño capital y que les es arrebatado con violencia.

Las bandas de secuestradores que hoy actúan en el estado son cada vez más violentas y ello perfila que, cuando una de sus víctimas es atrapada en su negocio, casa o en la calle, las posibilidades de regresar a su hogar son mínimas, aún y cuando sus familiares y amigos hayan hecho un gran esfuerzo para pagar el rescate.

En este contexto pocas familias denuncian el secuestro de algún familiar porque temen por la vida del plagiado, pero lo que es peor, en muchas ocasiones son también víctimas de las amenazas y las presiones de los delincuentes.

Hasta el momento las autoridades estatales de seguridad pública no han podido contener y menos castigar con todo el rigor de la Ley a los secuestradores, aún y cuando se hacen esfuerzos por detener este fenómeno.

En contraparte se observa un desatino en el manejo de las denuncias de secuestro, puesto que lejos de atenderla con profesionalismo y con el sigilo que demanda el protocolo para la preservación de la integridad física de la víctima, el vocero de Seguridad gubernamental, Marco Antonio Vargas Duarte, cae en contradicciones que podrían configurar una acción de ocultamiento de los hechos.

Asimismo el Secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, Ismael Camberos Hernández, manifiesta su inconformidad por el manejo de cifras de violencia en Zacatecas, en lugar de mostrar una acción eficaz en contra de la incidencia delictiva.

A su vez el Procurador de Justicia del estado, Francisco Murillo Ruiseco, evade el encuentro con los medios de comunicación, y prefiere enviar mensajes en video a través de las redes sociales, en lugar de mostrar el trabajo de investigación de delitos de la dependencia a su cargo.

Negando el problema no se evitará la publicación de las cifras de incidencia del delito en el estado y menos aún, intentando ocultar una realidad que nos lastima a todos y que pone en riesgo la estabilidad social, económica y política del estado.

Zacatecas es actualmente, un estado secuestrado.

Al tiempo.

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Código Político: Selección de candidatos

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El gobernador del estado Alejandro Tello partirá a China en gira promocional de inversiones para Zacatecas y a su regreso, tendrá que enfrentar dos procesos de selección de candidatos que serán trascendentes para su desempeño gubernamental, el local y presidencial priista.

Para Tello Cristerna será la primera ocasión que personalmente encabece, dirija y apruebe a los candidatos y candidatas que contenderán por una diputación local y por una presidencia municipal, puesto que en el pasado proceso electoral, su antecesor Miguel Alonso Reyes, no le permitió ni siquiera proponer a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del estado.

Si bien es cierto en el pasado sexenio el actual mandatario estatal fue el coordinador de las campañas locales, en esta ocasión tendrá la oportunidad de aprobar y/o designar a quienes serán registrados como candidatos en los comicios del 2018.

El Ejecutivo del estado partirá a China el próximo jueves 30 de noviembre mientras que en el estado se agitará el proceso de selección de aspirantes a un puesto de elección popular, luego de que este fin de semana el Consejo Político local, en sesión extraordinaria, acordó el método de selección de candidatos. El resolutivo fue enviado al Comité Ejecutivo Nacional del PRI para su aprobación y términos de la convocatoria que emitirá.

El método es muy sencillo: el 50% de las candidaturas serán electas por convención de delegados y el 50 por ciento restante, será mediante la comisión para la postulación de candidatos que será presidida por el senador, José Marco Antonio Olvera Acevedo.

Lo curioso del proceso de selección de candidaturas locales es que el mencionado consejo político aprobó la ejecución de una fase previa a la selección de candidaturas, en la que se aplicará un examen de conocimientos a los aspirantes.

El argumento del Consejo Político priista es muy simple:  “seleccionar a los aspirantes más idóneos como precandidatos y precandidatas”, según se publica en un comunicado.

El “candado” de registro es interesante pero lo sería más, si el Comité Directivo Estatal publicara las calificaciones de los aspirantes, así como el tipo de cuestionamientos que se les formularán. Estaremos al pendiente.

En este contexto del proceso de selección de candidaturas se ubica la definición que tomará el actual dirigente estatal del tricolor, Roberto Luévano Ruiz, quien renovó los comités municipales de su partido de una forma discreta, lo que le permitió ajustar una estructura partidista afín que le facilite conducir el trámite selectivo.

Los próximos días serán decisivos para el líder priista zacatecano, puesto que de estar en condiciones de una postulación electoral, tendría que abandonar la dirigencia tricolor y evitar ser juez y parte en esta etapa.

Otro proceso que tendrá que enfrentar el gobernador Alejandro Tello en condiciones poco favorables es el de la sucesión presidencial, pues su definición en favor del candidato priista a la presidencia de la República, le permitirá transitar los cuatro años restantes de su administración con un poco de mayor tranquilidad.

El mandatario estatal tiene una oportunidad de oro debido a que el PRI presentará el próximo 14 de diciembre a su pre candidato presidencial, lo que le evitaría un desgaste en la etapa previa de selección.

Sin embargo será difícil que evite el ruido que metería una eventual postulación al Senado de la República de su antecesor, Alonso Reyes, quien como se observa, es la carta fuerte del actual presidente Enrique Peña para Zacatecas, aunque este escenario podría modificarse si el candidato presidencial marca distancia del inquilino de Los Pinos.

Mientras estos escenarios se definen el gobernador zacatecano prepara maletas para emprender la próxima semana un viaje de promoción de inversiones para Zacatecas en China, en donde se contactará a 20 empresas de los sectores, automotriz, extractivo, manufacturero, generadoras de energía y especializadas en proyectos hidráulicos.

Esta, también constituirá la primera salida al extranjero del mandatario estatal después de 14 meses de estar al frente del Poder Ejecutivo en Zacatecas, que le podría permitir consolidar cinco cartas de intención con empresas asiáticas.

En este viaje Tello Cristerna tendrá tiempo de analizar los perfiles de quienes podrían encabezar una candidatura local o federal; reflexionar sobre la conducción del proceso electoral en las próximas semanas y en especial, sobre la oportunidad que se le presenta  para asumir plena y totalmente el control político del estado.

Al tiempo.

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Los resultados de la gira del gobernador Alejandro Tello a China son...

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