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Código Político: Más política y menos gobierno en ayuntamiento Zacatecas

La alianza PRI,Verde, Panal, no funcionó, y la entonces candidata sudó para lograr una pírrica victoria en la capital zacatecana, en donde solamente obtuvo casi el 13% de la votación del padrón electoral.

Redacción

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Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

El priismo zacatecano sufrió una fuerte derrota en las elecciones del 2016 al perder la capital del estado de Zacatecas –“la joya de la corona”, como dicen algunos- pero interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) para anular el resultado por presuntos actos anticipados de campaña.

La estrategia jurídico-política coincidió con los deseos del comité nacional del tricolor para cerrarle el camino al sempiterno candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y fincarle, con el antecedente zacatecano, actos anticipados de campaña para detener su proselitismo en el país.

No se logró parar en seco al político tabasqueño pero se le arrancó a Zacatecas la posibilidad de una alternancia más en la capital del estado que, desde 1998, ha registrado transiciones de gobiernos perredistas, panistas, pero en el 2016 se frustró la decisión ciudadana de elegir a una militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Los ciudadanos de la capital zacatecana han sido tradicionalmente la población más crítica a los gobiernos priistas, lo que se ha demostrado en las alternancias que ha registrado en los últimos decenios.

Constituye también el termómetro crítico para el gobernante en turno ya que su comportamiento electoral, proyecta las tendencias de los procesos electorales que se registran en el estado.

Al reponerse la nueva elección municipal el PRI postuló a su candidata perdedora, Judit Magdalena Guerrero López, una política de larga trayectoria en el estado que ha ocupado cargos de Secretaria general de Gobierno, senadora de la República; diputada local y federal; regidora y líder de su partido.

La alianza PRI,Verde, Panal, no funcionó, y la entonces candidata sudó para lograr una pírrica victoria en la capital zacatecana, en donde solamente obtuvo casi el 13% de la votación del padrón electoral.

La actual presidenta municipal de Zacatecas obtuvo el triunfo gracias a la no participación electoral de Morena, que decidió no postular candidato o candidata por indicaciones de su líder Andrés Manuel López Obrador, bajo el pretexto de que sería una farsa porque, quienes decidieron invalidar el resultado electoral anterior, eran los mismos que organizaban los comicios extraordinarios.

A pesar de tener el apoyo de la dirigencia nacional priista de Enrique Ochoa y la local de Roberto Luévano, Judit Guerrero no logró convencer ni cautivar al electorado capitalino. No conectó con la ciudadanía y menos aún, recibió el pleno respaldo de la estructura de su partido. La prueba está en los magros resultados electorales.

Esta situación obliga a esta política zacatecana a legitimar su llegada a la presidencia municipal de Zacatecas, a emprender acciones que conquisten el ánimo del electorado que se siente aún despojado electoralmente; a iniciar actos de gobierno eficientes que procuren servicios públicos de calidad y estimular la participación de la ciudadanía, y sobre todo, a ejercer una administración transparente.

Pero hasta el momento no ha sido así porque se ha empeñado en proteger a sus antecesores, que le dejaron deudas millonarias y recursos de participaciones estatales comprometidos, así como la generación de plazas laborales que le impiden iniciar un proceso de liquidación de personal eventual de la obesa nómina.

La administración de Carlos Peña Badillo, actual diputado local, obtuvo un crédito por 150 millones de pesos para la construcción del edificio anexo y estacionamiento, así como para la edificación de la dirección de seguridad pública municipal, deuda por la que la alcaldía capitalina eroga anualmente 20 millones de pesos para capital e intereses.

En tanto el presidente del Consejo Ciudadano que gobernó del 15 de septiembre de 2016 a enero de 2017 y que presidió Catarino Martínez Díaz, pasó con pena y sin gloria por el gobierno municipal capitalino, en donde dejaron una deuda por 17 millones de pesos para el pago de salarios, gasolina y otros costos, así como la contratación de más personal y asesores y el otorgamiento de plazas laborales.

Además el presidente consejal, Martínez Díaz, comprometió los recursos que por un año se le cobra a la cadena de tiendas Oxxo en el padrón de comercio, lo que limita todavía más los ingresos propios de la tesorería municipal. Con dichos ingresos anticipados se simuló que la cadena comercial había donado dos camiones recolectores de basura al municipio, lo que es una muestra de la opacidad con la que se opera.

Pese a ello Martínez Díaz fue designado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna como subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno. Lo peor es que fue enviado con la representación del mandatario estatal a la ceremonia solemne de conmemoración del Centenario de la Constitución Mexicana el pasado cinco de febrero, lo que se ha aprovechado para alimentar las especulaciones de que será el próximo secretario general de gobierno de la actual administración.

En este escenario la alcaldesa priista se ha dedicado más a hacer política que a gobernar para los capitalinos, quienes esperan que sus problemas de recolección de basura, alumbrado y seguridad pública sean resueltos.

Judit Guerrero está más empeñada en impulsar a algunos colaboradores afines como Susan Cabral Bujdud, secretaria de Administración municipal y ex Síndica del pasado Consejo Ciudadano Municipal, a quien ahora impulsa para un candidatura electoral en el 2018. La funcionaria preside también la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc Zacatecas) y participa ahora activamente en la vida pública con el apoyo gubernamental.

También promueve a su secretario de Desarrollo Económico y Turismo municipal, Joshua Mendoza Jasso, ex presidente de la Canacintra, empresario que trabaja más para sus negocios personales que para la responsabilidad que tiene en el ayuntamiento capitalino.

Desde el pasado 9 de marzo en su página oficial de Facebook el ayuntamiento capitalino promueve a la empresa HAS-IT, propiedad de Mendoza Jasso, para que se vote a su favor y obtenga el Premio Nacional del Emprendedor. Utiliza, claro está, recursos públicos municipales para apoyar a la empresa particular de uno de los funcionarios que además, obtiene un sueldo del erario municipal.

La presidenta municipal de Zacatecas es una política hábil y manipula algunas situaciones para ganar el aplauso fácil. Por ejemplo, designó a una mujer, la primera, como directora de Seguridad Pública Municipal, para patentizar que hace cosas diferentes y que apoya a la equidad de género en actividades que han estado tradicionalmente reservadas a los hombres.

La designación de María Tenorio, ex agente de la Policía Estatal con solo cuatro años de experiencia en Seguridad, causó impacto mediático y fue objeto de varias entrevistas, pero después tuvo una rebelión de subalternos por el cambio de horario que impuso.

Se calmaron los ánimos pero no así el ambiente adverso que tiene en su contra debido a que no participa en los operativos de seguridad, y además porque no toma decisiones rápidas e independientes.

La alcaldesa capitalina está más metida en el juego político personal que en la acción de gobernar. Los capitalinos no se equivocaron al momento de votar, condicionaron su sufragio y se les regatea ahora la atención a sus problemas cotidianos.

De 105 mil 842 ciudadanos que conforman el padrón electoral capitalino, solo votaron por Judit Guerrero, 13,770.

Al tiempo.

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Código Político: Seguridad, economía y elecciones en el 2018

Redacción

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Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online

La violencia que no cesa en el país y particularmente en Zacatecas pone de relieve en el primer lugar, al tema de la seguridad, no solo como slogan de las campañas electorales que tendrán verificativo este año, sino como una demanda social y exigencia ciudadana, ante la incapacidad del Estado mexicano para garantizarla.

En Zacatecas la primera semana del año inició con un reguero de víctimas entre los que destacan mujeres, mandos policíacos y una menor de edad, mientras que algunas autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Estado, realizan más conferencia de prensa y abren carpetas de investigación, pero no muestran resultados en la política de contención de este tipo de delitos dolosos que marcaron al estado con el índice más alto en su historia.

La incidencia del delito en Zacatecas se agravó de manera exponencial y prácticamente, concluyó el año como la sexta entidad federativa con mayor incidencia en homicidios dolosos.

De acuerdo a las cifras publicadas por el Consejo Nacional de Población (Conapo) el estado de Zacatecas registró hasta el mes de noviembre de 2017, una tasa de 32.87 muertes intencionales por cada 100 mil habitantes, en tanto que la media nacional fue de 22 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes en ese período.

Pero el año comenzó con delitos de alto impacto, con ejecuciones de mando policíaco en Guadalupe y en crímenes en Fresnillo. En este último municipio se registró el daño colateral en una pequeña de tan solo tres años de edad.

Y aunque el gobierno estatal desplegó el año pasado una campaña mediática de prevención del delito, hasta el momento no se registran resultados positivos y menos aún, acciones de contención que frenen esta ola de violencia que envuelve a la sociedad zacatecana.

Desde la llegada del gobernador priista Alejandro Tello Cristerna en el 2016 los crímenes han ido a la alza, sin que hasta el momento se disminuya sustancialmente este fenómeno, lo que obligó al mandatario estatal a comprometer en que el presente, será el año en el que la prioridad de su administración será la seguridad y el empleo.

El pasado sábado 16 de diciembre de 2017 la 62 legislatura aprobó por unanimidad la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del estado de Zacatecas, lo que transforma a la actual Procuraduría en Fiscalía General, acción de transformación del marco jurídico pero que no avizora cambios sustanciales inmediatos en la impartición de justicia y menos aún, en la investigación del delito.

Durante el presente año, por cierto, la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno estatal ejercerá un presupuesto de 1 mil 42 millones de pesos, con lo que se esperan mejores resultados en la materia.

Pero la economía zacatecana no atraviesa por un buen momento. La situación de “asfixia” financiera en la que la postró el ex mandatario estatal, Miguel Alonso Reyes, ha complicado la conducción financiera del estado y frenado el desarrollo de la economía local.

En ese contexto el año pasado ante el impedimento de solicitar un empréstito a la banca comercial, el gobernador Tello Cristerna planteó al congreso del estado, la solicitud de nuevas figuras impositivas en materia de ecología a empresas mineras y a la cervecera; de infraestructura al contribuyente e incrementó el impuesto a la nómina y el de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

Mientras que en el 2017 el paquete de Ingresos aprobado por el congreso fue de 35 mil millones de pesos, el del presente año fue de solo 30 mil 463 millones de pesos, integrado de manera más realista, sin la expectativa del Impuesto de Remediación Ambiental que se proyectó, pero que fue controvertido por la presidencia de la republica el año pasado.

Aunado a lo anterior los incrementos en energéticos como gasolinas y gas doméstico ya repercuten en las economías de los zacatecanos, pues el alza en tortillas y otros productos básicos ha sido inmediata.

Será un año difícil el 2018 en materia económica pero lo político y social no están exentos de complicaciones, como se puso de manifiesto durante los trabajos de intervención del Centro Histórico ordenados por el ayuntamiento de Zacatecas, y que fueron bloqueados por los comerciantes, al considerar que la medida, como estaba proyectada inicialmente, afectaba a la actividad económica en esa zona, sobre todo en temporada alta de turismo.

La anterior no es la primera decisión polémica que se toma en el cabildo capitalino, habría que recordar el proyecto de destrucción del rastro municipal y construcción de un estacionamiento en la central de abastos, cuya obra ya había sido licitada por la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) pero sin la aprobación del ayuntamiento de Zacatecas, lo que además de ser una invasión a la autonomía municipal, se encontró también con la oposición del gremio de los tablajeros.

Estas decisiones, quizá necesarias pero que no han sido consensadas adecuadamente con los gremios afectados, catapultan el cuestionamiento a la autoridad municipal y la someten a un severo proceso de desgaste en un año electoral.

Habría que recordar en este contexto que en el proceso electoral estatal del 2016, la capital del estado fue conquistada por el Movimiento de Regeneración Nacional, triunfo impugnado por el PRI y arrebatado a aquel partido político, por lo que en la reposición de la elección por parte del  Trife, el tricolor obtuvo una estrecha victoria gracias a que Morena no participó.

Es por ello que la capital zacatecana representa en estos momentos un alto riesgo para el priismo gobernante, y una gran oportunidad electoral para la oposición, lo que no conviene a la actual administración que tendrá un año político muy complicado en el cual, por primera vez en su historia, registrará comicios concurrentes.

El gobernador Alejandro Tello estará muy ocupado en el presente año puesto que además de meterse al cien por ciento para frenar o contener los hechos de impacto que agreden a la sociedad, pero que además afectan al estado que gobierna, deberá no descuidar el aspecto financiero y menos aún el político, en donde el ex gobernador Miguel Alonso Reyes le sigue metiendo ruido en su afán por pretender mantener una influencia política en el estado y obtener una candidatura por el senado de la república.

El mandatario estatal tendrá que exigir mejores resultados a su equipo de trabajo, mantener la disciplina financiera y fortalecer el control político en los próximos días, lo que será la base que le de viabilidad a su quinquenio.

Al tiempo.

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Código Político: Elecciones 2018

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El presente año agoniza pero ya muestra las primeras imágenes y estrategias de precandidatos que se disputarán los más de 3,400 cargos de elección popular que estarán en juego el domingo 1 de julio del 2018.

Nuevamente el país se verá inmerso una gran batalla electoral en la que se generarán miles de spots (304 mil), toneladas de propaganda política, mensajes en medios tradicionales y digitales de comunicación.

Los estrategas en imagen política y las empresas encuestadoras consolidarán y expandirán su influencia entre los protagonistas, y llevarán los mensajes, posturas, estadísticas y tendencias electorales, al gran mercado de la manipulación electoral.

Desde antes del registro de precandidaturas en los distintos partidos políticos, los aspirantes al gobierno de la república, al senado, diputaciones locales y federales, presidencias municipales, etc., se mueven no solamente en los medios de comunicación en general, sino a través de redes sociales, donde pueden transitar libremente.

El ciudadano recibe un bombardeo constante de todo tipo de mensajes, desde el que promociona al sujeto hasta las más mezquinas estrategias de propaganda negra, sobre las cuales, no existe recato ni autoridad electoral que pueda si no detenerla, al menos contenerla.

Ya estamos inmersos en la propaganda política que concluirá tres días antes del domingo 1 de julio del 2018, lapso que transcurrirá rápidamente, en el cual, escucharemos ataques, filtraciones, la aparición de bots en las redes sociales, la publicación de algunas encuestas sobre tendencias electorales y, espero, el debate de los candidatos que saturarán los espacios informativos de triunfalismos prematuros y de dudosa credibilidad.

Cuando contemplamos este escenario de lucha por el poder en México, en el que la ética, los valores de transparencia de recursos en el financiamiento de procesos electorales son inexistentes, podemos deducir que a la democracia mexicana le falta mucho para madurar y para convertirse en una verdadera competencia electoral.

El cinismo, la traición, la opacidad, la mentira repetida miles de veces en medios de comunicación y en las redes sociales, son los antivalores democráticos que hasta este momento prevalecen en las elecciones mexicanas, tanto en el ámbito federal como en el estatal o municipal.

Los mexicanos no hemos podido construir una democracia en la que el ciudadano vea auténticamente reflejada su voluntad en la urna y en el resultado, en la calificación que haga el órgano electoral correspondiente.

Quizá ese sea uno de los motivos por el que las elecciones registran un alto porcentaje de abstencionismo; quizá esa sea a causa de que las elecciones en un país en vías de desarrollo, sean más caras que las que se realizan en el primer mundo, donde los procesos democráticos están más consolidados.

El comportamiento de ciudadanos y autoridades electorales es contradictorio. Los primeros no incrementan sustancialmente su participación y los segundos elevan los costos de la elección, como si este factor fuera determinante para lograr la credibilidad de los mexicanos en los procesos electorales.

En este sentido la prospectiva es que las elecciones del 1 de julio en las que se votará por el presidente de la república, 500 diputados federales y 128 escaños en el Senado, así como la organización de comicios en 30 entidades federativas, se estima que se gastarán 2 mil 138.3 millones de pesos, cuando en las campañas de 2012, los partidos políticos recibieron 1,680.5 millones de pesos.

Pero si sumamos el financiamiento para las elecciones de este año que se realizaron en Estado de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, así como el presupuesto para el INE (Instituto Nacional Electoral), Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, y las entidades federativas donde habrá comicios, el costo será superior a los cuatro mil millones de pesos.

Lo anterior significaría que el costo por las elecciones será el más grande en la historia democrática del país y que podría rebasar en casi 30 por ciento, al costo de las elecciones realizadas en 2012.

Habría que recordar que a partir de 1997 los partidos políticos en México empezaron a recibir financiamiento público, con la intención de incentivar la competitividad electoral y evitar la supremacía de un partido político, el PRI, que había gobernado al país hasta esa fecha.

Desde 1997 y hasta el 2015 los partidos en México habían recibido una cantidad cercana a los 80 mil millones de pesos, pero en la actualidad esa cantidad se verá sustancialmente modificada.

En Estados Unidos el financiamiento de las elecciones proviene prácticamente de las empresas y los ciudadanos, en tanto que en Europa de las arcas públicas. En México el financiamiento es de origen público y se permite el  dinero privado en menor cantidad, con el objeto de que los empresarios y el crimen organizado no influyan en los procesos electorales.

A pesar del costo millonario en partidos políticos y procesos electorales el Estado mexicano no ha logrado ganar la confianza de los electores y menos aún, la certeza en los resultados electorales.

Nuestra democracia no satisface a nadie, pero los partidos políticos lejos de procurar una mayor certeza y equidad en las contiendas electorales, han hecho un gran negocio patrimonial y personal, plagado de opacidad y derroche.

El 2018 será más de lo mismo.

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Código Político: El regreso de China

Redacción

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Por Juan Gómez (@juangomezac)

El gobernador Alejandro Tello Cristerna regresa este fin de semana de una gira de promoción de inversiones en China, y encontrará algunas novedades que le darán tranquilidad y otras que le alteraron el escenario político durante su ausencia.

En lo económico aunque no hubo concreción de inversiones, el mandatario estatal realizó un placeo de relaciones públicas entre empresarios asiáticos, aunque este primer escarceo de negocios, le sirvió para medir la poca eficacia de su secretario de Desarrollo Económico, Carlos Bárcenas Pous, quien al no trabajar con anticipación el mercado chino, expuso al mandatario estatal a una gira sin resultados.

En lo político existen algunas novedades que permitirán un poco de más tranquilidad para cerrar el año, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del 2018 el pasado cinco de diciembre.

Para algunos observadores la aprobación del paquete presupuestal a principios del presente mes, representa una especie de desaseo político, pues aunque el partido en el poder garantiza mayoría en la discusión parlamentaria, hubiese sido más ascéptico o políticamente correcto, incorporar algunos ajustes al propuesto por la oposición camaral.

Los coordinadores de Morena, PRD y PT y la legisladora del Partido Encuentro Social, Iris Aguirre Borrego, hubieran legitimado la aprobación de marras, al ajustar algunos rubros o partidas presupuestales. Pero no sucedió así.

El bloque oficialista integrado por PRI, Verde, Nueva Alianza y Acción Nacional, decidieron actuar concertadamente y encender el motor de la locomotora parlamentaria, para aprobar ipso facto el paquete presupuestal 2018.

Desde que el ex legislador José Isabel Trejo Reyes tiene el control de un sector parlamentario blanquiazul del congreso zacatecano y sobre todo, como lo es en este momento, de la dirigencia estatal panista, este partido político actuará de manera concertada con el gobierno en turno.

Misión cumplida le dirán seguramente a Tello Cristerna.

En este contexto se entiende también la aprobación de los tres magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que la semana pasada también fueron aprobadas las designaciones por el pleno de la 62 legislatura.

Raquel Velasco Macías,  Gabriel Sandoval Lara y Uriel Márquez Cristerna, fueron elegidos magistrados del recientemente creado Tribunal Superior de Justicia Administrativa, por tres, siete y cinco años respectivamente, en la sesión legislativa del pasado jueves siete de diciembre.

Al respecto cabe recordar que en el pasado mes de julio del año en curso el congreso de Zacatecas aprobó los ordenamientos que complementan el Sistema Estatal Anticorrupción, como la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley de Justicia Administrativa, esta última, mandata la creación del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que sustituye al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas, el cual ya no dependerá del Poder Judicial, sino que tendrá autonomía para dirimir las controversias jurídicas que se generen entre la administración pública y los particulares.

Cabe mencionar que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) delegación Zacatecas, a través de su presidente, Alejandro Enríquez Suárez del Real, insistió en la transparencia de selección de los 42 candidatos al citado Tribunal, y en especial al proceso de elección de los magistrados, pero sus palabras, declaraciones y videos fueron arrojados a la indiferencia del Poder Legislativo.

En lo político el mandatario se encontrará con dos aspectos que son neurálgicos en los usos y costumbres del ritual de selección de candidatos, puesto que por un lado el dirigente estatal priista, Roberto Luévano Ruiz, interpone su renuncia a la dirigencia nacional del tricolor, mientras que por otro el ex gobernador Miguel Alonso Reyes se placea en Zacatecas, sostiene reuniones con sus incondicionales en su casa y asiste al informe del diputado, Carlos Peña Badillo, en donde reparte sonrisas, abrazos y compromisos.

Respecto a la renuncia de Luévano Ruíz a la dirigencia estatal priista se debió esperar al retorno del gobernador Tello, aún y que la relación del ex líder del PRI zacatecano tenga una extraordinaria cercanía personal con Aurelio Nuño Mayer, ex Secretario de Educación Pública y futuro coordinador de la campaña del candidato priista a la presidencia, José Antonio Meade Kuribreña.

Pero el escenario más complicado que encontrará el mandatario estatal es la intervención del todavía director de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, quien ha roto todas las reglas no escritas del respeto al liderazgo del mandatario estatal.

Alonso Reyes no solamente opera a través de sus incondicionales en el congreso sino que personalmente trabaja políticamente en su favor, para intentar imponer su candidatura al senado de la República y consolidar un liderazgo que ya no le pertenece pero que se niega a aceptar su realidad.

En este escenario Alejandro Tello regresa a Zacatecas y tendrá que aplicarse más en lo político, tomar las riendas en la conducción no solo del estado, sino del proceso político electoral más importante del país y de Zacatecas.

Presiones de liderazgo y de autoridad recibirá el gobernador del estado pero sobre todo, deberá tomar decisiones que serán necesarias, dolorosas, para ejercer su mandato al que le quedan poco menos de cuatro años.

Al tiempo.

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