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Reformas Borbónicas / Reformas Peñistas: Del verticalismo incluyente al autoritarismo absolutista

Redacción

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Por Martín Escobedo Delgado

El conocimiento de la historia es imprescindible para toda la sociedad, particularmente para quienes ejercen la delicada actividad de gobernar. Desde principios del siglo XVI, Nicolás Maquiavelo advertía en su clásica y conocida obra El Príncipe, que el gobernante debía tomar ejemplo de la historia para decidir adecuadamente sobre asuntos concernientes a la cosa pública. En México, Benito Juárez se remitía constantemente a lo ocurrido en el pasado para orientar sus decisiones. Algo pasa en este país en épocas recientes, porque las enseñanzas de la historia son desechadas, bien porque no convienen a los intereses de la clase gobernante, bien porque, simplemente, los gobernantes ignoran el pasado.

El grupo político que lleva las riendas de México, debería revisar con lupa un episodio reformista efectuado en el tramo final del periodo novohispano —similar al proceso “transformador” que hoy en día se impulsa— con el propósito de que aprenda cómo en la implementación de cualquier medida reformista, escuchar a la sociedad es un elemento fundamental para construir los consensos que conlleven al éxito en la aplicación de cualquier política.

Veamos el caso histórico. A fines del siglo XVIII, cuando estas tierras conformaban el reino de la Nueva España, el rey Carlos III decidió modernizar sus dominios en ultramar. Desde el mediodía del siglo XVI la monarquía española comenzó a caer en decadencia. Así, potencias como el Reino Unido, Francia y Alemania habían desplazado a España relegándola a un segundo plano en los rubros comercial, industrial, naval y militar. Según los eruditos hispanos de los siglos XVI, XVII y principios del XVIII, la monarquía española debía efectuar cambios profundos para recuperar la hegemonía perdida.

Esto condujo a que la dinastía Borbón iniciara un proceso trasformador a partir de 1718 introduciendo paulatinamente un régimen de gobierno provincial conocido como «sistema de Intendencias». Tras la experiencia adquirida con la aplicación del gobierno intendencial en la península Ibérica a lo largo de seis décadas, todo parecía indicar que este régimen podía rendir buenos resultados en la América española. Luego de una implementación escalonada, le tocó el turno a la Nueva España: el 4 de diciembre de 1786, Carlos III firmó la Ordenanza de Intendentes, documento que derogaba el sistema de corregimientos y alcaldías mayores, para poner en vigencia el régimen de intendencias y subdelegaciones.

La Ordenanza de Intendentes fue un cuerpo legal que determinó facultades y jurisdicción en las causas de Policía (gobierno político), Hacienda (gobierno económico), Justicia (gobierno judicial) y Guerra (gobierno militar). Estas normas reestructuraron el territorio novohispano, acrecentaron la presencia de la autoridad en las provincias y regiones, reforzaron la fiscalidad y ejercieron un mayor control en la actividad administrativa. Para su ejecución, el rey designó a un grupo numeroso de funcionarios leales formados en universidades y colegios peninsulares, con el objeto de erradicar la corrupción generada por oficiales reales vinculados con intereses novohispanos.

Al principio, la aplicación de Ordenanza fue rígida. Sin miramiento, los oficiales del rey siguieron al pie de la letra lo instruido en el documento legal; sin embargo, las protestas no se hicieron esperar. Muy pronto surgieron quejas de los distintos sectores que conformaban la sociedad novohispana. Los vasallos del rey no se oponían a los designios de su soberano, sólo pedían modificaciones que consideraban lesivas para su desarrollo. Contrario a lo que se pudiera pensar sobre un régimen monárquico, el rey y sus ministros escucharon las súplicas de los súbditos y, lo que es más insospechado, corrigieron. Sabedores de que una sociedad que se sabe atendida es una sociedad tranquila y conforme con las decisiones de sus gobernantes, las autoridades instruyeron a sus oficiales a velar por el bien del pueblo. La dinámica siguió: la sociedad en voz de algunos letrados manifestó inconformidad sobre algunos puntos de la Ordenanza, por lo que el rey y sus ministros optaron por modificar los artículos del documento que causaban mayor inquietud entre los vasallos. En los primeros años de vigencia fueron tantos los cambios efectuados al documento normativo, que la Corona emitió un texto denominado Adiciones a la Ordenanza de Intendentes, publicada en el año de 1800. Esto representa una clara muestra de que en el régimen monárquico, considerado excluyente y absolutista, el soberano era sensible al sentir de sus vasallos y actuaba en consecuencia.

El régimen republicano Peñista que actualmente gobierna a México es contrario al caso anterior. Como es bien sabido, la actual administración implementó —entre principios de 2013 y mediados de 2016— una serie de reformas (Laboral, Hacendaria, Financiera, Energética, Educativa, Anticorrupción, Política-electoral, en materia de Transparencia, de Amparo, de Víctimas, de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de Procedimientos Penales y de Competencia económica) que tienen como propósito instalar al país en un sitio de privilegio, moderno y próspero. No obstante, el «presidente reformador» ha desatendido desde el principio las quejas y demandas de la sociedad. Para nadie son ajenas las protestas que la implementación de las reformas han desatado. A pesar de que el malestar social es evidente y va en aumento, el gobierno de la república no ve ni escucha. Su actitud de cerrazón confirma una visión absolutista del poder al manifestar —el propio presidente y sus secretarios de Estado— que en la aplicación de las reformas no habrá marcha atrás.

La ignorancia o el desdén de las lecciones proporcionadas por la historia pueden traer consecuencias desastrosas no sólo para los gobernantes, sino para el país en general. Como se ha evidenciado, saber escuchar y atender la opinión de la sociedad es una virtud de los gobernantes. En contraparte, omitir las demandas del pueblo es preparar el caldo de cultivo para una protesta social de consecuencias nefastas. Pese a que el presidencialismo mexicano históricamente se ha caracterizado por ser verticalista, eso no impide que sea incluyente y sensible. No me cabe duda que apostarle a un régimen donde prevalezca el autoritarismo absolutista puede conducirnos a un escenario nada halagüeño. Si usted, amable lector, desconfía de mi aseveración, remítase a lo acontecido durante la etapa final del Porfiriato.

La agudeza informativa que usted merece para estar bien informado. Escúchenos en 89.9FM XEPC @Sonido_Estrella #Zacatecas. Visítenos en http://porticoonline.mx

Espacio de opinión

In-Justicia Partidaria

Redacción

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Por: Juan Carlos Girón Enriquez[1]

Uno de los principios mas importantes para toda democracia participativa, es la transparencia. Porque sin transparencia se vuelve complicado recobrar la confianza en las instituciones.

Cuando se publica una convocatoria que llama a la participación abierta de la ciudadanía, o a la participación al interior de los miembros de un partido, se ponen las reglas para la competencia. Todos los que decidan acudir a esa convocatoria tienen claro las reglas y las instituciones convocantes y pretenden, porque así debería de ser, que el proceso se ciña a esas reglas.

Sorpresa cuando nos percatamos que las convocatorias se hacen como trajes a la medida para que sea una y solo una persona la que gane sin tener competencia o si es que la llega a tener, vemos cómo los órganos encargados de aplicar esa convocatoria se irán encargando paulatinamente de quitar los obstáculos para que esa persona llegue.

No se donde esté el error, si en publicar una convocatoria pretendiendo que solo el indicado participe o en acudir a la convocatoria pensando que se va a desarrollar de manera legítima y legal acorde a las reglas ahí establecidas.

Cualquiera que fuera el caso, la Convocatoria del PRI para la selección de candidatos a diversas diputaciones locales ha sido una desilusión para los que sin ser los indicados, acudimos con la esperanza de que el proceso se desarrollara de manera transparente, legal y democrática.

Ante las reiteradas irregularidades que se han dado durante las diversas etapas de dicha convocatoria hemos hecha manifiesta nuestra inconformidad, ante lo cual solo hemos recibido silencio. No hay respuesta, solo irregularidades.

Desconocemos el sentir del partido a nivel local, porque a pesar de ser parte en el proceso, no tenemos acceso a expedientes, se violenta no sólo el derecho a la transparencia y acceso a la información, también el debido proceso; no se da respuesta oportuna a los oficios que se han presentado, el derecho de audiencia que pretende garantizar la Comisión de Procesos internos es una mera formalidad, una simulación, puesto que ni revisan ni contestan los oficios que se les presentan, cuando esa es su obligación.

La parcialidad en el órgano encargado de llevar a cabo el proceso interno de selección de candidatos, así como del Presidente del Partido, son violaciones a los derechos humanos, no solo de un participante también de todos los afiliados al partido, puesto que las reglas de representación no son equitativas, mucho menos transparentes, negando a los miembros del partido la posibilidad de competir en igualdad de condiciones por un puesto de representación.

La ciudadanía solo se construye con la participación y la transparencia, esperamos que el Partido Revolucionario Institucional recapacite y corrija desde el fondo los errores que se han venido cometiendo a lo largo de este proceso, porque solo así se regresará la confianza a las instituciones.

La democracia y justicia social, lema del Partido, debe regir el actuar de todos y cada uno de los miembros del PRI, representantes, delegados, comisionados, funcionarios del partido, porque se pregona con el ejemplo, no podemos hablar de democracia cuando no se permite participar, o la participación se ve limitada por medios indirectos, no podemos hablar de justicia social cuando los órganos al interior del partido no son garantes de los derechos de todos los simpatizantes y afiliados al partido.

La participación, la representación, la pluralidad de pensamiento no debe de asustarnos, al contrario, debe ser motor que impulse al partido a seleccionar la mejor opción, para el partido y para la sociedad, no para los intereses de unos cuantos.

[1] Docente Investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas. e-mail: giron705@hotmail.com

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Candidatos para la presidencia en la elección julio 2018. Camino a la nueva democracia y no se preocupe por el nombre. CDMX, también ya tiene candidatos para la Jefatura de Gobierno.

Redacción

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en

elección julio 2018.

Hoy quedó claro que los partidos políticos quedaron rebasados a la realidad. Las listas para contender en la próximas elecciones en julio 2018, fueron totalmente atípicas, en el esquema político tradicional y el reparto de candidaturas en todos los partidos no tuvieron son ni razón.

Los asegurados y encabezando la próxima campaña, fueron los de la carrera presidencial: José Antonio Meade Kuribreña, “Todos por México”, con el PRI, Partido Verde y PANAL; Ricardo Anaya por “México al Frente”, por los partidos PAN, PRD y MC; Andrés Manuel López Obrador, encausa “Juntos haremos historia”, con los partidos MORENA, PT y PES y, estos participantes, estarán a la espera de los candidatos independientes para hacer oficial la posible boleta presidencial.

Los números en las últimas encuestas circulando en tiempo de pre campaña, pareciera que favorece al candidato por MORENA, PT y PS, pero el dato curioso es que la abstención en algunos ejercicios, fue el que predominó.

Otra cosa que no debemos de olvidar, es que aparte del cargo presidencial, se pondrán a elección federal, ciento veintiocho senadurías y quinientos diputados federales, además de municipios, congresos locales y agregamos nueve gubernaturas que incluyen la Jefatura de la CDMX; esto nos dará un total de 3,400 cargos, así que los votantes, tendrán que estar muy pendientes como serán las votaciones en cada uno de sus estados.

No olvide por favor, los candidatos independientes y la reelección en municipios, ejercicios nuevos, tanto para votantes como algunos candidatos.

Camino a la nueva democracia y no se preocupe por el nombre.

 

Las listas para candidaturas al Senado por vía plurinominal ya han están circulando, tanto por PAN, PRD y MC, así como de MORENOA, PT y PES; por parte del PRI, Partido Verde y PANAL ya hay nombres conocidos.

Por mencionar algunos, así de revueltos como están en sus nuevas fuerzas políticas, tenemos a Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Mancera, Napoleón Gómez Urrutia, Germán Martínez, Ricardo Monreal, Xóchitl Gálvez, Claudia Ruíz Massieu, Juan Zepeda, Jesús Zambrano, Emilio Álvarez Icaza, Juan José Rodríguez Prats, Blanca Piña Gudiño, José Antonio Álvarez Lima, Ifigenia Martínez, Osorio Chong, Olga Sánchez Cordero, Rafael Moreno Valle, Indira de Jesús Rosales San Román, Kenia López, Marko Cortés, Luis Felipe Bravo Mena, Cecilia Romero, Jorge Carlos Ramírez Marín, y otros más que seguro faltan.

Pero no se preocupe por el nombre y el partido, ya que estos candidatos ya casi están asegurados en la cámara alta, por que su privilegio en los partidos fue sumar votos a sus líderes y dejaron a un lado la filosofía, color o proyecto político.

El resultado de estas listas, nos reflejan, que la nueva democracia en México, se marca de acuerdo a la estructura de votos que puedas sumar y el partido, pasa a segundo termino.

 

CDMX, también ya tiene candidatos para la Jefatura de Gobierno.

La estelar para la CDMX está clara entre Alejandra Barrales y Claudia Sheibaum. Ambas mujeres ya con una trayectoria política y servicio público comprobado.

Alejandra Barrales, acostumbrada al golpeteo político a todos los niveles, seguramente estará preparada para demostrar su conocimiento y propuestas para dar continuidad a los trabajos de Miguel Ángel Mancera.

Por la otra parte, Claudia Sheibaum, muy posiblemente tendrá que enfrentar cuestionamientos en el reciente sismo del pasado 19 septiembre, donde encabezaba la delegación Tlalpan, que fue afectada y cuestionada por varios ciudadanos de la demarcación.

Sin embargo, esperamos como votantes, no ver una campaña de descalificaciones, sino de propuestas; ya que tanto Alejandra Barrales, como Claudia Sheibaum, ya se convirtieron en ejemplo de mujeres mexicanas políticas de alto nivel.

Call to Action.

Por mi parte sigo sin entender, la estrategia de campaña de Mikel Arreola por parte del PRI en la CDMX, ahora con propuestas muy conservadoras.

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El acta de nacimiento en línea es una realidad

Redacción

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Por Arely Gómez
Secretaria de la Función Pública

El dinamismo de las sociedades modernas ha hecho imperante que los gobiernos prioricen las políticas que contribuyen a mejorar la eficiencia de la función pública, a través de la utilización transversal de avances técnicos y científicos. De ahí surge la idea de poner a disposición de la población la posibilidad de realizar trámites o solicitar servicios vía internet.

Este tipo de acciones acerca la administración pública a la población, al poder brindar información de primera mano, abrir espacios de comunicación, garantizar la equidad del acceso de trámites y servicios e incrementar la calidad de estos, entre otros beneficios.

Bajo esta visión, se enmarca el proyecto del Acta de Nacimiento en Línea, que funciona en las 32 entidades federativas desde el 10 de enero del 2018. Con la materialización de este proyecto cualquier individuo de nacionalidad mexicana puede obtener una copia certificada de su acta de nacimiento a través de internet, ingresando a la Ventanilla Única Nacional www.gob.mx/actanacimiento, las 24 horas del día, los 365 días del año.

El Acta de Nacimiento en Línea es un servicio público que cumple uno de los propósitos trazados en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, a través del Programa Transversal para un Gobierno Cercano y Moderno, y de la Estrategia Digital Nacional. Además, es el resultado de una colaboración interinstitucional de grandes proporciones, toda vez que en ella intervinieron la Coordinación de la Estrategia Digital de Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Gobierno Digital, así como los gobiernos de todos los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México.

El acta es el trámite más demandado por los mexicanos y es el documento que, por excelencia, hace valer nuestro derecho constitucional a la identidad. Ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de consultar e imprimir una copia certificada, sin importar desde qué lugar del país o del mundo lo hagan, evita que se trasladen físicamente a los lugares de registro y elimina tiempos de espera para su obtención.

En su fase piloto el programa respondió con oportunidad a la gran cantidad de solicitudes ingresadas. Así, se emitieron más de 500 mil copias certificadas en el país y se alcanzó un índice de satisfacción de los usuarios de 96%; que es el porcentaje más alto que haya obtenido cualquier servicio digital dentro del portal www.gob.mx.

Este esfuerzo, al igual que otros relacionados con la modernización tecnológica de procesos y productos gubernamentales en los que colabora la Secretaría de la Función Pública, sirve como recordatorio de que el uso de las tecnologías digitales como instrumentos para democratizar el acceso a los servicios públicos no debe dar marcha atrás.

La capacidad de los gobiernos para proveer servicios en línea aumenta día con día la eficacia de la gestión pública. Ello se explica porque contribuye a simplificar los procesos y optimizar el uso de los recursos, además de minimizar los riesgos frente a posibles actos de corrupción. En ese sentido, se abona a la construcción de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

En la Secretaría de la Función Pública estamos convencidos que las tecnologías digitales fomentan la eficiencia, la innovación y la equidad. También sabemos que esto no ocurre automáticamente. Por ello, seguiremos trabajando para vincular dichas herramientas en la consolidación de un México moderno e incluyente.

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