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Código Político: La historia trágica de Claudia “N” y la inseguridad

Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

El estado de Zacatecas es parte del reflejo de la violencia que aqueja al país, no solo por la confrontación y la lucha por la plaza que se disputan bandas del crimen organizado, sino también por el deterioro social que se acrecienta por el aumento de la pobreza.

El jueves pasado los zacatecanos se estremecieron por un acontecimiento que impactó fuertemente a la opinión pública y que protagonizaron dos hermanos, en una de las colonias más populares ubicada en el municipio de Guadalupe, demarcación municipal gobernada por el PRI en donde en los últimos meses, se ha incrementado el número de hechos de violencia en el estado.

Dos hermanos discutieron airadamente pero se ignora cuál fue el motivo. En medio de la reyerta verbal, el consanguíneo roció de gasolina a su hermana y le prendió fuego.

Claudia “N” tenía un embarazo de ocho meses y 25 años de edad. Su hermano huyó (después sería aprehendido) y ella fue trasladada de inmediato a un nosocomio para que fuera atendida por las quemaduras de segundo y tercer grado.

Debido a la gravedad de las lesiones fue trasladada a un hospital de San Luis Potosí, en donde murió el viernes pasado. Antes del deceso los médicos le practicaron una cesárea y pudieron rescatar a su bebé que pesó un kilo 550 gramos con ocho meses de gestación.

La familia de Claudia recibió ayuda social para poder pagar al hospital y trasladar su cuerpo de San Luis Potosí a Zacatecas.

La violencia en Zacatecas manifestó su crudeza durante la administración de la gobernadora Amalia García Medina (2004-2010), lo que provocó que el discurso de campaña del entonces candidato Miguel Alonso Reyes, fuera el combate a la inseguridad que se enseñoreaba en el estado.

Durante su gobierno Alonso Reyes invirtió más de 4 mil millones de pesos en seguridad en el estado, construyó cuarteles militares, filtros de seguridad en accesos a municipios estratégicos a los que llamó Unirse (Unidades Regionales de Seguridad), armamento, vehículos, etc., pero fracasó.

El mandatario estatal no logró frenar los índices de violencia en el estado y menos aún el número de homicidios y secuestros. Dejó al estado que gobernó en los primeros lugares de las entidades más violentas del país y de mayor índice de asesinatos y secuestros. Lo que llamó el “sexenio de la seguridad” fue un rotundo fracaso.

Alonso Reyes invirtió miles de millones de pesos en seguridad pública, pero evadió siempre su obligación de proteger a los zacatecanos y a su patrimonio. Siempre argumentó que era un fenómeno nacional “del que Zacatecas no era ajeno” y en ese sentido se lavó las manos de toda responsabilidad.

En la campaña electoral pasada por la gubernatura el candidato priista Alejandro Tello mencionó que eran dos temas los que destacaban como las principales demandas de los zacatecanos: seguridad y empleo.

A unos cuantos días de que se cumpla su segundo mes como gobernador del estado, el escenario criminal se ensancha, especialmente en tres municipios de la geografía estatal: Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas.

De acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en el pasado mes de septiembre se cometieron 43 asesinatos dolosos en el estado, pero en lo que va del año el número de homicidios ya superó al 2015.

De enero al mes de septiembre se registraron 416 homicidios de los cuales, 342 fueron dolosos, cifra que supera a la del año pasado que fue de 325 (235 fueron dolosos).

Los gobiernos priistas zacatecanos quintuplicaron las cifras registradas durante el gobierno perredista de Amalia García Medina, puesto que durante los últimos nueve meses de su administración, esto es, de enero a septiembre de 2010, se registraron solo 71 asesinatos dolosos, en tanto que en el mismo período de 2016 en el que gobernó el PRI en el estado, se generaron 342 asesinatos.

Alejandro Tello encabeza un gobierno priista y durante su campaña registró esta demanda de una mayor seguridad en la entidad que hoy gobierna, tanto de la sociedad en general como de la iniciativa privada en lo particular, pero hasta el momento no ha dado a conocer una estrategia para controlar y, ojalá, erradicar este fenómeno que golpea fuertemente la tranquilidad de la sociedad zacatecana y que podría inhibir la inversión empresarial en el estado, tan necesitado de generar más empleos en una tierra de migrantes en donde las oportunidades de trabajo son cada vez más escasas para las nuevas generaciones.

La historia de Claudia “N” no puede, no debe ser parte de la estadística de los acontecimientos que han estremecido a la sociedad como la del “Cobijas” que fue incendiado por juniors y de los que nunca recibieron un castigo porque fueron protegidos para que huyeran de la justicia.

A pesar de las cifras y del comportamiento de los crímenes y asesinatos en Zacatecas, el secretario de Seguridad Pública del gobierno estatal, el general Froylán Carlos Cruz, luego de rendir protesta aseguró que de acuerdo a su apreciación “hay poca inseguridad en Zacatecas”.

También el recién nombrado procurador, Francisco Murillo Ruiseco, en reciente entrevista con la prensa local mencionó, sin proporcionar cifras, que la incidencia delictiva y los secuestros tienen un índice relativamente “controlado” en el estado cuyo comportamiento está por debajo de la media nacional.

Sendas declaraciones de estos funcionarios son para salir al paso de una incidencia criminal que va a la alza, de la cual el gobierno no ha mostrado una estrategia para enfrentarla, pero sobre todo, para darle seguridad y tranquilidad a la sociedad que hoy gobierna.

Si bien es cierto que Zacatecas hoy se encuentra en una situación extraordinaria en materia financiera, porque no hay presupuesto ni liquidez para pagarle a maestros y administrativos del sector educativo oficial, el problema de la inseguridad en el estado va a la alza de manera preocupante.

El gobernador Tello deberá estar consciente que Zacatecas ya no resistirá por mucho tiempo el fracaso de un gobierno más en materia de inseguridad y que tampoco, tolerará más a funcionarios que minimizan una situación con declaraciones huecas y que constituyen un ejemplo de incapacidad para enfrentar un fenómeno que lastima y agrede a los zacatecanos que les “ratificaron” su confianza.

Al tiempo.






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