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Código Político: A un paso de la aprobación

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A un paso de la aprobación

Por Juan Gómez

La nueva Ley del Issstezac (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas) está a unos cuantos días de ser votada en el pleno de la LXI legislatura, luego de que el viernes pasado fuera leída y aprobada en una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas, Función Pública; Presupuesto y Cuenta Pública.

El arranque de los trabajos estuvo marcado por una nueva forma en la coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, puesto que la celeridad en la búsqueda y hallazgo de los acuerdos entre el Secretario General de Gobierno, Jaime Santoyo Castro y los representantes de los grupos parlamentarios se ha hecho patente.

Previo a la sesión se acordó hacer el vacío para evitar la aprobación del dictamen en cuestión, pero quien declinó el acuerdo entre las fracciones opositoras fue la panista Guadalupe Medina Padilla, quien con su presencia generó la suficiencia de quórum para sesionar  y permitir la aprobación mayoritaria del PRI, pese a la abstención del diputado Verde, Cuauhtémoc Calderón Galván y del voto en contra de la legisladora de Morena, Soledad Luévano Cantú. Cabe mencionar que la diputada de Nueva Alianza, María Elena Nava, también se abstuvo de votar en la sesión mencionada.

A dicha sesión no asistieron el coordinador de la fracción del Partido del Trabajo, Alfredo Femat Bañuelos y la diputada perredista, Eugenia Flores, quienes habían acordado reventar la sesión y dejar un lapso para el análisis de contenido de la iniciativa enviada por el Ejecutivo del Estado, para ahondar en la lectura y estudio del resultado de la auditoría practicada a la administración del Issstezac entregado apenas el martes pasado.

Como puede apreciarse el análisis y ahondamiento en el conocimiento y estudio de la auditoría practicada al Issstezac se pasará por alto, puesto que difícilmente se discutirá, analizará el contenido de las observaciones y se obviará la aplicación de sanciones a quienes llevaron al status en el que se encuentra el estado financiero y administrativo de este instituto, que ha sido presa de “caja chica”, compra de activos improductivos y excesos de quienes lo han administrado en el pasado y en el presente.

 La Ley Issstezac fue firmada por el entonces gobernador del estado  José Guadalupe Cervantes Corona el 26 de agosto de 1986, y aprobada por la LI legislatura del estado y publicada el 27 del mismo mes y año bajo el Decreto 268.

Pero la serie de irregularidades que han caracterizado al instituto en los últimos años que van desde la ausencia de una disciplina en su gasto ordinario, carencia de una funcionalidad en el cobro de las cuotas que aportan los trabajadores a las dependencias públicas, compras sin rendición de cuentas al órgano de gobierno de empresas privadas, falta de planeación administrativa para la contratación de personal; expansión desordenada de farmacias y mueblerías; compras y adquisiciones sin licitación pública; sueldos desproporcionados a directivos; ineficiencia administrativa y un largo etcétera, generaron un instituto débil y un agotamiento del sistema pensionario en el gobierno zacatecano.

La opacidad, la ausencia en la rendición de cuentas y , aunque parezca redundante, la falta de transparencia en las adquisiciones y el manejo administrativo del Instituto, generaron una serie de vicios ante los cuales no se observa la aplicación de una política que contenga, impida y sancione este tipo de prácticas de los servidores públicos que han sido los responsables de la situación de desastre que impera en el organismo responsable de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores en el servicio público del estado.

En la pasada sesión del 10 de febrero del año en curso el diputado Juan Carlos Regis Adame (PRD) propuso una serie de cambios en algunos artículos del Código Penal del Estado de Zacatecas, con la finalidad de aplicar sanciones a los servidores públicos que incurran en violaciones a la Ley y a la normatividad del Issstezac, a propósito de la iniciativa de reforma enviada en días pasados por el Ejecutivo del estado, entre las que se comprenden:

“Incremento gradual de las aportaciones de los derechohabientes del Issstezac; Establecimiento de una edad de 65 años para alcanzar el beneficio de una jubilación; Establece límites para el piso y tope de las pensiones; Disminución de pensiones mediante el establecimiento de un sueldo regulador, etc.”.

El legislador observa lo siguiente en la propuesta referida:

“Mucho se dice y se cuestiona sobre la probidad y eficiencia con la que debiera manejarse al Issstezac, pues hay antecedentes concretos de la desviación de sus recursos y del manejo ilícito que de él se ha hecho por directivos anteriores. Recordemos que uno de ellos fue sancionado e inhabilitado para ocupar cargos públicos, otro fue responsable o comparsa del incremento desmedido de la nómina del organismo, otro más de utilizar bienes del Instituto para beneficiar a familiares y amigos”.

Y agrega lo siguiente:

“ Los datos recientes que hace unos días fueron públicos respecto a la nómina de mil cien trabajadores del Instituto cuyo costo es superior a los 200 millones por año, de sus presuntos aviadores, comisionados, operadores políticos, hijos, ahijados y demás familiares de altos funcionarios del gobierno, han destapado a penas una parte de la cloaca en la que han convertido al Issstezac y que la suntuosidad, la simulación en el trabajo y la falta de visión asfixian sus finanzas y amagan con la quiebra financiera y el desplome del sistema de pensiones en Zacatecas”. (http://www.congresozac.gob.mx/coz/images/uploads/20150210105049.pdf ).

Sin embargo lo que se ha impuesto es la efectividad en la operación política para la aprobación de dicha ley a la que muchos trabajadores temen una afectación en sus derechos de jubilación y estadía en el sector público estatal.

La nueva Ley Issstezac está a unas cuantas horas de ser aprobada y el documento contempla en términos generales, el incremento en la edad de jubilación de los burócratas; aumento progresivo en sus cuotas laborales; una posible disminución del personal y el cierre de empresas improductivas.

¿Será suficiente para estimular la transparencia y la eficiencia de un instituto caído en el descrédito de la inoperancia administrativa estatal?

Al tiempo.

 

 

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Código Político: Despidos y confrontación laboral

Redacción

Publicado

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Por Juan Gómez
Director general de Pórtico Online
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La avalancha de despidos en algunos municipios del estado que se encuentran todavía en su etapa de transición y acomodo, puso de manifiesto no solamente los excesos de todos conocidos en la contratación indiscriminada de personal administrativo, sino la falta de control y las desaveniencias entre los órganos de impartición de justicia laboral en el estado.

Las presidencias municipales aún no se recuperan de la ola de cuestionamientos por las acciones de despidos que ejecutaron en días pasados algunas administraciones municipales, lo que abolló la corona de algunos alcaldes triunfadores en el pasado proceso electoral, sobre todo del Movimiento de Regeneración Nacional.

La presidencia municipal que cerró la semana en medio del escándalo y la confrontación fue sin duda Guadalupe, en donde el secretario de Gobierno municipal, Carlos Alberto de Ávila Barrios, no pudo contener la serie de reclamos que le hicieran trabajadores despedidos por la presidencia de Julio César Chávez Padilla.

Y es que mientras el funcionario afirmaba a reporteros que habría menos de cien despidos y que se respetarían los derechos laborales, los empleados que ya habían recibido una notificación de separación de su área laboral, puntualizaban que eran alrededor de 300 los que habían sido informados de causar baja.

En Zacatecas la semana pasada sucedió algo similar, debido a las contradicciones que imperaron en el conflicto laboral que, con motivo del cambio de administración municipal se generó.

En otros municipios como sombrerete, Valparaíso y Ojocaliente la situación es parecida, pues enfrentan una transición en la que la permanencia laboral, no está segura.

Pero este escenario solo ejemplifica una sola parte de lo que sucede prácticamente en los 58 ayuntamientos del estado.

En cada cambio de administración el nuevo alcalde llega con su equipo que le acompañó en la campaña electoral para tomar posesión del cargo, sin importar los derechos adquiridos de quienes ahí laboran y menos aún, si hay experiencia o capacidad administrativa.

Los ayuntamientos atraviesan por una situación de quiebra financiera a causa de las nóminas infladas que, cada año es imposible mantener y que por tanto, tienen que pedir el consecuente adelanto presupuestal para poder pagar aguinaldo y prestaciones en el fin de ejercicio anual.

Lo peor del caso es que los despidos se hacen de manera irresponsable, sin cuidar las formas y derechos laborales de los trabajadores y además, sin dar un seguimiento jurídico a cada caso, lo que obliga no solo a las presidencias municipales sino a los gobiernos estatales, pagar enormes cantidades de dinero en laudos laborales.

Esta serie de irregularidades e irresponsabilidades ponen de manifiesto también una gran desatención al interior del gobierno estatal, en donde se ha descuidado el orden y la disciplina institucional.

El viernes pasado la magistrada del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, Griselda Fabiola Flores Medina, en una entrevista con distintos medios de comunicación, informó que se ha generado una gran crisis laboral y burocrática, al registrarse en la actualidad más de mil
despidos y que a nivel estatal son más de cuatro mil.

La magistrada responsabilizó al secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, recientemente nombrado en el cargo por el gobernador Alejandro Tello Cristerna, a quien pidió saque las manos y no mueva títeres en el Tribunal.

Flores Medina ejemplificó que desde el 25 de septiembre se pidió nombrar a un nuevo magistrado que sustituyera a Alejandro José González Saldaña, quien había estado solicitando y obteniendo permisos, para poder mantenerse como director jurídico de la Secretaría de Administración del gobierno del estado, en donde fungía como juez y parte. Fue una irregularidad que se toleró.

Finalmente la ex secretaria general de Gobierno, Fabiola Gilda Torres Rodríguez ya no le aprobó un nuevo permiso el pasado 11 de septiembre, por lo que Jehú Eduí Salas Dávila hizo efectiva la negativa y Alejandro José González Saldaña tuvo que renunciar a la magistratura, y solo quedarse como director jurídico de la dependencia mencionada.

Pero el pleito va más allá y es que la magistrada Flores Medina argumentó que se le ha presionado para que no se liquide conforme a la ley, a la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Irene Ruedas Sotelo, quien ganó la demanda en contra del gobierno del estado, pero el anterior director del Issstezac, Víctor Rentería (secretario particular del gobernador en funciones) y el actual, Francisco Javier Martínez Muñoz, no han querido otorgarle la indemnización por el orden de un millón y medio de pesos y pensión superior a los 32 mil pesos.

En entrevista con Pórtico Online el secretario de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila se mostró sorprendido por las acusaciones emitidas por la presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Zacatecas. Para el funcionario es importante que esta instancia de justicia laboral obtenga su plena autonomía para que funcione de manera independiente.

Hasta este momento aún no se nombra al relevo de Francisco José González Saldaña en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje.

Algo está pasando en el ámbito de la impartición de justicia laboral en Zacatecas y todavía no termina de aflorar.

Al tiempo.

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Código Político: AMLO y su compromiso con Zacatecas

Redacción

Publicado

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Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

La visita del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a Zacatecas que formó parte del periplo de agradecimiento por el apoyo recibido en el pasado proceso electoral, se dio en un ambiente de respeto y entendimiento político, al anteponerse primero el interés superior por el estado.

El gobernador Alejandro Tello Cristerna entendió la tendencia electoral mayoritaria a favor del Movimiento de Regeneración Nacional, y después de oficializarse el triunfo de López Obrador le llamó para reconocer y aceptar la derrota de su partido en los comicios presidenciales.

El resultado electoral en Zacatecas es históricamente trascendente, porque como nunca había sucedido, el estado tiene un gran número de representantes populares en las dos cámaras del Poder Legislativo nacional, lo que podría capitalizarse para impulsar el desarrollo de la entidad federativa.

De entrada la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública será presidida por el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, quien ya sostuvo una reunión con alcaldes zacatecanos que encontraron las finanzas en quiebra y a los que ha pedido que se organicen para buscar un mejor presupuesto.

Los alcaldes están desesperados por el cúmulo de deudas, laudos laborales millonarios que tienen que pagar, nóminas elevadísimas, escaso presupuesto y una fórmula de asignación presupuestal que tiene que ser revisada para fortalecer las finanzas públicas de los ayuntamientos.

Pero lo que llama la atención es ciertamente los excesos y abusos discrecionales en el manejo de las finanzas municipales, pero los presidentes municipales no piden que se deslinden responsabilidades a sus antecesores y menos aún, presentan un plan integral para el saneamiento de las finanzas de los ayuntamientos.

Pedir únicamente más recursos es una irresponsabilidad por parte de los nuevos alcaldes, lo cual es indicativo de que continuarán las mismas prácticas de opacidad y discrecionalidad en el manejo de las finanzas municipales.

A pesar de todo ello la representación zacatecana en el Poder Legislativo es verdaderamente histórica, y ello puede contribuir a generar mejores condiciones de desarrollo para el estado que, si se cuenta con un plan integral para el crecimiento, se podría colocar a Zacatecas en la vanguardia del desarrollo regional.
El gobernador Alejandro Tello ha hecho a un lado su militancia partidista y ha colocado en el centro, la relación con el presidente de la república electo que rendirá protesta el 1 de diciembre.

Seguramente que en el sector duro del priismo nacional y local el trato diplomático que otorgó el mandatario estatal al presidente electo no cayó nada bien, pero como se observa, se ha privilegiado la estabilidad y el desarrollo del estado.

Sin embargo no todo está dicho ni hay que echar las campanas a vuelo. Aún está muy cerca el apoyo que los zacatecanos dieron a Enrique Peña Nieto en el pasado proceso electoral del 2012 y jamás le redituó en beneficios para el estado.

El único beneficiado fue el ex gobernador Miguel Alonso Reyes, a quien le impuso la capa protectora a pesar de las serias irregularidades en el manejo de la administración estatal que se generaron y que, como ejemplo, están todavía los “elefantes blancos” que se construyeron y que hoy forman parte del símbolo de la opacidad, ineptitud y corrupción.
Prometer no empobrece pero si frustra cuando no se cumple.

López Obrador comprometió la instalación en Zacatecas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segumex), la nueva dependencia que suplirá a Diconsa y Liconsa, y adelantó que se invertirán 7000 millones de pesos en acciones diversas, como la construcción de tres nuevas universidades públicas en Pinos, Pánfilo Natera y Mazapil; la ampliación al 100% de la red de internet en el estado y se impulsarán el desarrollo de las comunidades mineras.

También anunció que cerca de 126 mil 335 adultos mayores recibirán una pensión de $1,274 pesos mensuales; el otorgamiento de becas por 2,400 pesos mensuales a 3 mil 397 jóvenes de nivel superior, mientras que a 65 mil estudiantes de preparatoria se les otorgarán apoyos por 800 pesos mensuales para evitar la deserción escolar.

También 30 mil jóvenes serán contratados como aprendices en la industria local y recibirán estímulos por el orden de 3,600 pesos mensuales para lo cual, se integrará un fondo de 1 mil 294 millones de pesos.

El gobernador Alejandro Tello le entregó un plan específico de trabajo para Zacatecas que consiste en el fortalecimiento de estrategias en materia de seguridad, resolver el déficit de la nómina educativa que cada año oscila entre los mil seiscientos millones de pesos aproximadamente, la ampliación de la carretera a Aguascalientes y la construcción de la presa Milpillas que ya está en proceso.

El morenismo en Zacatecas ya se prepara para el asalto al poder dentro de tres años, lo que se vislumbra claramente con la visita de Andrés Manuel López Obrador, quien tiene un plan de atención social que se traduce en asistencialismo, lo que le permitirá no solamente tener el control de la movilización política sino el arribo a la gubernatura en el 2021.

¿Quién estará en los planes de López Obrador para la transición política del 2021?

Al tiempo.

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Código Político: Guadalupe en la inanición financiera

Redacción

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Por Juan Gómez (@juangomezac)
Director general de Pórtico Online

Este fin de semana se dejaron de recolectar aproximadamente 540 toneladas de basura en el municipio de Guadalupe, si consideramos que se acumulan 180 toneladas diarias y que durante tres días se careció de este servicio público, debido a que los trabajadores de limpia no recibieron el pago de su quincena, lo que mostró la falta de liquidez financiera del ayuntamiento heredada por la pasada administración municipal priista.

De acuerdo a las denuncias que ha hecho el actual alcalde de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez Padilla, la anterior administración municipal dejó deudas por el orden de los 850 millones de pesos, por lo que no tendría condiciones financieras para enfrentar los pagos inmediatos.

Lo anterior se puso en parte de manifiesto este fin de semana ya que la administración municipal que gobierna bajo las siglas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no tuvo suficiencia para pagar la quincena a los trabajadores del departamento de Limpia del ayuntamiento guadalupense, por lo que decidieron no trabajar y dejar sin el servicio a más de 160 mil habitantes.

Hasta el momento el ayuntamiento de Guadalupe carece no solamente del pago de gasolina, un energético básico para la operación del patrullaje y la seguridad vecinal, así como para la movilidad de las unidades recolectoras de basura, sino que se adeudan 42 millones de pesos a empresas gasolineras.

De acuerdo a la estimación del alcalde Chávez Padilla, los 850 millones de pesos de deuda municipal representan el doble del presupuesto anual del municipio en cuestión, lo que se traduce también en una limitación para solicitar un empréstito con la banca privada, independientemente de que el cabildo y el congreso lo aprueben, puesto que sería un financiamiento para gasto corriente y no para infraestructura.

Pero el tema de precariedad financiera no queda ahí solamente, sino que pone en una situación extraordinaria al ayuntamiento, debido a que ni siquiera tiene recursos para pagar la deuda con la Comisión Federal de Electricidad, paraestatal que si decide suspender el servicio eléctrico, cuyo pago mensual es de tres millones de pesos, dejaría paralizado al municipio y a la población en manos de una creciente inseguridad pública.

Este es parte del escenario financiero del municipio de mayor crecimiento en el estado y el segundo más poblado de Zacatecas, conurbado con la capital, en donde los problemas de inseguridad han ido a la alza.

En entrevista con la emisión radiofónica de Pórtico Online el alcalde Julio César Chávez Padilla precisó que demanda una disculpa pública de su antecesor, el priista Enrique Guadalupe Flores Mendoza, y el resarcimiento al erario municipal, pero que de no suceder ello, actuaría por la vía institucional y jurídica para aplicar justicia por el daño hecho a los guadalupenses.

El municipio de Guadalupe tiene una historia electoral muy interesante puesto que hasta antes de 1998, año de la transición política en el estado, fue gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A partir de 1998 gana la elección el Partido de la Revolución Democrática con Laura García Medina (1998-2001) y de ahí en adelante este partido ganaría todos los procesos hasta la llegada de Rafael Flores Mendoza (2010-2013), en cuyo período se pierde la supremacía electoral perredista y las elecciones son ganadas por el priista Roberto Luévano Ruiz.

Como puede observarse el municipio ha transitado con el impulso de la corriente partidaria dominante entre el electorado, en los tres momentos que se han registrado en la historia democrática zacatecana: en 1998, con el PRD; en el 2010, con el regreso del PRI a la gubernatura y en el presente año con el triunfo de la coalición Juntos haremos historia que encabezó el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

A pesar de la tendencia abrumadora de Morena el priismo local estimaba que el PRI retendría la preferencia electoral con la propuesta de reelección de Enrique Guadalupe Flores Mendoza, pero no sucedió así, la derrota priista fue abrumadora en la demarcación municipal.

El actual alcalde guadalupense, Julio César Chávez Padilla, es un joven zacatecano que trabajó en los medios de comunicación locales, sobre todo en las televisoras Tv Azteca y Televisa y que incursionó en la política doméstica de la mano y cobijo del actual diputado federal, Samuel Herrera Chávez, quien lo apoyó para que fuera regidor por el Sol Azteca en el cabildo guadalupense.

Pero en la transición municipal del año 2013 decidió incorporarse a las filas de la coalición PRI-Verde, para arribar a la secretaría del ayuntamiento guadalupense bajo la presidencia de Roberto Luévano Ruiz (PRI).

Hasta antes de ser postulado por la coalición Juntos haremos historia, Chávez Padilla se desempeñaba como sub secretario de la Secretaría General del gobierno del estado, pero el martes 27 de febrero del presente año publicó en su cuenta de Twitter su renuncia al cargo, para después ser postulado a la presidencia municipal de Guadalupe.

Hoy, dicha administración municipal, vive una de sus peores crisis financieras y de servicios públicos, a la que se agregan millonarios laudos laborales pendientes que tiene que pagar el actual ayuntamiento que, por cierto, aún no inicia el proceso de separación del personal de confianza y las liquidaciones correspondientes.

Al tiempo.

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